Bogotá, agosto 6 de 2004

Por distintos medios, la opinión nacional ha conocido la
decisión gubernamental de liquidar al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA- . Se anuncia
que está para la firma del Presidente Uribe un decreto por el
cual se desplazarán las funciones que esta entidad realiza, a la
Superintendencia de Salud, amparando dicha decisión en las
concepciones que "del tamaño y el papel del Estado" tiene
Planeación Nacional y que se rigen por las doctrinas del libre
comercio, la apertura económica y el ajuste fiscal preconizadas
por el FMI.

Las actividades de control y vigilancia de medicamentos,
alimentos, cosméticos, productos desarrollados con biotecnología
e insumos para la salud, entre otros, se verán ostensiblemente
menguadas con lo cual la debida protección de la salud
individual y colectiva de los colombianos se debilitará
enormemente. La decisión del gobierno de Uribe implicará que los
registros sanitarios de los artículos que pertenecen a estas
ramas de la producción no se verán sometidos a los controles que
hoy aplica el INVIMA y los conceptos científicos que emite
dentro de su papel de supervisión no tendrán la profundidad
necesaria. En lugar de fortalecerlo y mejorarlo como
corresponde, se le liquida.

El relajamiento de estos controles, estrechamente relacionados
con la custodia del bienestar de la comunidad corresponden a la
exigencia de celeridad, flexibilidad y agilidad reclamadas por
las multinacionales farmacéuticas, de la industria alimenticia,
de bienes cosméticos y hasta de géneros transgénicos u
organismos genéticamente modificados en el marco de los tratados
de libre comercio. Así podrán ingresar sus mercaderías,
menjurjes, invenciones en experimentación o presentaciones de
calidades inferiores, como ya lo hacen en México al tenor del
TLCAN.

Con esta decisión que conduce a la hacer depender las normas en
asuntos sanitarios y fitosanitarios de los estandares y
controles norteamericanos, Colombia ratifica continuar en una
muy débil posición en las negociaciones del TLC en esas
materias. Eso conduce también a dificultar y deteriorar las
exportaciones nacionales, algo que las perjudica notoriamente,
como en forma unánime lo han manifestado los diferentes gremios
involucrados.

En este caso se repite la doble moral del gobierno de Uribe que
expresa defender los intereses patrios en la mesa de
negociaciones pero que al tiempo, mediante decretos y leyes
promovidas a sus instancias, tramita con diligencia las
peticiones estadounidenses. La ausencia de controles nacionales
y de capacidad propia de certificación de la calidad de los
productos es otra concesión unilateral y gratuita que hace el
gobierno, como se pretende también en las telecomunicaciones.

Algo similar a lo ocurrido con la ley que establece el Estatuto
del Inversionista, plena de privilegios para los inversionistas
foráneos incluidos los tribunales de arbitraje y las exenciones
tributarias, o con el decreto 2085 en el tema de Propiedad
Intelectual. RECALCA deplora estos procedimientos del gobierno
colombiano, su actitud complaciente con Estados Unidos y reitera
que ante estos hechos y los demás que han rodeado las
negociaciones del TLC de Estados Unidos con los países andinos
no sólo se desvanecen cada día más las esperanzas de muchos
sectores en la factibilidad de "una buena negociación" sino que
, en este caso específico, se someten a riesgos inmensos la
salud y la poca calidad de vida que hoy le queda a la mayoría de
la sociedad colombiana.

Página web: www.recalca.org.co