América del Sur, Mayo 2004

' Hacia una agenda social en construcción desde las
sociedades civiles del sur de las Américas, para la
integración y el desarrollo'

1. Presentación:

Los procesos de liberalización económica en América
Latina, y en particular en el Sur de las Américas, buscan
consolidar la hegemonía de las empresas transnacionales a
través de la creación de áreas de libre comercio. El
proyecto más ambicioso al respecto, es la creación del Área
de Libre Comercio de las Américas, ALCA, por la vía
hemisférica o por la vía bilateral, a través de los TLC que
Estados Unidos está suscribiendo con diversos países de la
región.

Estos procesos profundizan el modelo basado en la llegada
masiva de inversiones extranjeras. Al contrario de los
beneficios esperados, éstas han significado la
mercantilización de los servicios públicos a través de
privatizaciones - incluido el conocimiento y la producción
intelectual - así como en el anuncio de nuevas
desregulaciones para los sectores de la salud, la
educación, la seguridad y el trabajo de mujeres y hombres.

Por otro lado, en la región se está viviendo un proceso que
contempla un mayor énfasis en mecanismos de integración, en
los intentos de los actuales gobiernos de Argentina y
Brasil por fortalecer el MERCOSUR y en el rol de ambos
países en la última reunión de la OMC (conformación del
G21) en cuanto a plantearse articulaciones con países del
sur, frente al avance de las regulaciones corporativas en
áreas como inversiones y propiedad intelectual.

2. Prefacio:

Las propuestas que incorpora este documento apuntan hacia
una integración regional que trascienda lo meramente
económico y comercial. Por tanto, la naturaleza de la
propuesta de un Foro Social de Integración debería alentar,
examinar y hacer presente la dimensión integral (social,
cultural, económica, ambiental y de género) de los procesos
de integración.

El presente documento es un primer paso hacia esta agenda
de integración regional. Para avanzar en tal dirección, que
busca la participación de diversos y amplios sectores
sociales, las propuestas presentadas en el texto apuntan
hacia aquellas áreas, ya sea económicas o sociales, que
presentan un mayor grado de vulnerabilidad ante el proceso
de globalización neoliberal.

3. Propuestas para una Agenda Social del Sur de las
Américas

a) En el ámbito de la participación y la integración, no
se ha evidenciado hasta ahora por parte de los Estados de
la región la necesidad de vincular una mirada más amplia y
una mejor comprensión de las relaciones existentes entre el
comercio, el desarrollo y los derechos humanos, así como la
validación en forma decisiva de nuestro derecho a
participar en la gestión y decisiones sobre política
exterior y acuerdos de libre comercio, en tanto miembros de
las respectivas sociedades civiles.

Lejos de ello, las iniciativas de participación, han
contemplado con amplia desigualdad, la participación del
mundo empresarial, por sobre el resto de la sociedad civil.

La existencia del Consejo Consultivo Laboral Andino, la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y el Foro
Consultivo Económico Social, y el acceso directo a los
grupos de negociación directa, en MERCOSUR, son iniciativa
positivas desde la sociedad civil que buscan integrar la
dimensión socio laboral en los procesos de integración
regional y globalización de la economía,. Estos espacios
deben ser respetados y empoderados.

Exhortamos a que la participación sobre los temas de
integración y acuerdos comerciales, debe extenderse a la
totalidad de los procesos de negociaciones: la sociedad
civil reclama su derecho a participar antes, durante y
después de los procesos de negociaciones de los distintos
acuerdos de libre comercio que se han firmado y se
firmarán.

En participación e integración, proponemos a nivel
regional:

(1) Comprometerse en la construcción de un espacio de
articulación regional que promueva la integración y el
desarrollo humano sustentable en forma permanente, capaz de
dar respuesta continua a los desafíos que la ciudadanía
enfrenta.

(2) La elaboración de una agenda para el desarrollo y la
integración, basado en los principios del comercio justo,
la justicia social y la equidad mundial. En la
sustentabilidad y en una ciudadanía participativa, en
contraposición a la agenda corporativa de las Empresas
Transnacionales y las instituciones financieras
internacionales.

(3)Este espacio de articulación regional, debe definir
regionalmente una integración en el contexto de un
proyecto y una estrategia de desarrollo y de marcos
regulatorios que afiancen la soberanía nacional y regional,
la democracia política, la justicia e integración social,
el respeto a los Derechos Humanos, la diversidad étnica y
cultural, y el equilibrio con el medioambiente.

b) Servicios Financieros. El Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y los gobiernos de los países
industrializados han promovido la liberalización financiera
bajo el argumento que es altamente beneficiosa para
nuestras economías, pues el capital fluye de los países
desarrollados ricos en capital a las naciones "emergentes"
ricas en oportunidades, generando de este modo mayor
inversión y mayor crecimiento.

En esencia, estas operaciones financieras internacionales
han dejado a las economías receptoras en una posición
siempre más vulnerable respecto de las características
volátiles y riesgosas de este capital.

En general, estos flujos se han depositado en gran volumen
sobre la provisión de servicios, la mayoría de ellos, de
corte estratégico, por lo que proponemos a nivel regional:

1). La creación de medidas para desincentivar el ingreso
excesivo de capitales de corto plazo, como fue el caso del
encaje en Chile.

2). La generación de políticas públicas para orientar la
inversión extranjera directa y normas de exigibilidad para
las empresas transnacionales.

3). El fortalecimiento de los organismos de supervisión y
regulación a una escala nacional y creación de organismos
de escala regionales

4). La aplicación de normas anticíclicas para protegerse de
los efectos más adversos de las crisis.

5) Coordinar las posiciones de los países de América Latina
y el Caribe en relación a la nueva arquitectura
internacional, de manera que tomen en cuenta las
necesidades de desarrollo humanos sustentable e integración
de la región.

c) Servicios públicos: Los servicios públicos son
indispensables para la erradicación de la pobreza y la
generación de crecimiento y desarrollo humano sustentable
de la comunidad. En tal sentido, los servicios públicos
deben ser considerados por nuestros gobiernos como un
Derecho Humano de prestación universal, quienes tienen por
tanto la obligación moral y la responsabilidad de
proporcionar los recursos adecuados para la prestación de
servicios públicos de calidad, prestados por personal
calificado, en condiciones de trabajo justas y adecuadas,
con salarios justos.

En servicios públicos proponemos a nivel regional:

(1) La defensa y promoción por parte de los estados del Sur
de las Américas de servicios públicos de calidad, pues
ellos son un factor esencial en la promoción de la
igualdad, la salud, y la seguridad pública, componentes
vitales de una política pública de desarrollo humano
sustentable.

(2) Enfrentar y reducir las propuestas de privatizaciones o
externalización de los servicios públicos; detener la
tendencia a degradar los servicios públicos y a su
personal; aumentar las inversiones públicas; mejorar las
condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores del
sector y realizar los mayores esfuerzos por erradicar la
corrupción, el soborno y las faltas a las normas éticas.

(3) Inclusión de una cláusula de excepción, para todos los
fines de negociación comercial con países del primer mundo.

(4) Fortalecer los órganos de regulación de Servicios
Públicos para que actúen desde una perspectiva que
garantice el acceso universal y control de los mismos por
parte de los ciudadanos y ciudadanas,

d) En el ámbito de la Educación, los TLC han ido abarcando
progresivamente nuevos aspectos vinculados al desarrollo de
los pueblos de la región, como es el caso de la educación.
Esto guarda relación con la OMC que propuso liberalizar –
entre tantos sectores – la educación, específicamente la
liberalización de los servicios de educación, pretendiendo
llegar al 2005 con dicho objetivo cumplido.

La educación, desde el enfoque del derecho comercial
internacional contemporáneo, es considerada un commodity
transable en el mercado como si se tratara de cualquier
otro servicio. Ello, además de confrontar la educación como
derecho humano, confronta a la educación en tanto servicio
público dado por el Estado - como regla – y además
confronta el concepto de educación en tanto bien público.

En Educación, proponemos a nivel regional:

(1) Garantizar la participación del Estado en la prestación
de servicios educativos gratuitos, universales y laica.

(2) Garantizar plenamente el derecho a la educación de su
población femenina y masculina, infantil, joven, adulta, de
todo nivel etario, social, cultural, étnico, lingüístico,
sea nacional o emigrante, de origen urbana o rural y de
cualquiera condición física, mental y/o motriz,
independiente de su filiación política, ideológica y
religiosa.

(3) Asimismo, se promoverán políticas educacionales
contemplativas de la dimensión de género y el derecho
internacional de la mujer y los derechos de las niñas
respecto de la educación y se impulsarán políticas
educativas ambientales que promuevan la defensa de los
derechos de las generaciones futuras

(4) Excluir, en tanto materia de objeto de negociación
comercial internacional, a la educación, o, en su caso,
otorgarle un estatus específico regulatorio distinto al
régimen general de servicios, en el cual se contemple la
observancia de la legislación de derecho internacional, de
los derechos humanos respecto al derecho a la educación.

(5) Crear y apoyar instancias de participación de la
sociedad civil e institucional-gubernamental que trabajen
en un monitoreo y seguimiento a la evolución de la cláusula
de educación a nivel nacional, regional e internacional.

e) En el ámbito de la Salud proponemos :

(1) La salud que debe ser provista por los Estados a
través de sistemas públicos organizados en redes
nacionales

(2) Este sistema debe contar con un financiamiento
adecuado a las necesidades de la población basada en su
perfil epidemológico, etáreo y socio económico

(3) El sistema de salud deben tener un financiamiento
solidario que se estructure con aporte de las personas
que tienen ingreso.

f) En el ámbito del Empleo,

La problemática del empleo debe constituirse en el eje de
acción prioritario de nuestros países, orientando la
estrategia de desarrollo económico con dicho objetivo",
desestimando de plano la fórmula según la cual una exitosa
cadena de políticas macroeconómicas y aperturas
indiscriminadas al comercio internacional, generan
reactivación del aparato productivo y por tanto una mayor
demanda incrementada de la mano de obra.

En este sentido, "desestimamos el paradigma ideológico
neoclásico según el cual la competitividad internacional y
los aumentos de la productividad son el único punto de
partida inicial para la generación de empleo decente"

Nuestras sociedades se encuentran hoy frente a un modelo
que sólo ha producido desempleo, fragilidad, precariedad y
discriminación frente al empleo y las relaciones laborales.
Por tanto, proponemos la generación de trabajo decente "que
garantice la dignidad y libertad para los hombres y mujeres
de nuestra región".

En esta nueva mirada a los modelos de crecimiento, debemos
transitar hacia políticas de inversión privada genuinamente
creadoras de empleo decente, que no desestimen la inversión
pública, elemento central de las cadenas de valor
productivo.

En Empleo, proponemos a nivel regional :

(1) El término de las modificaciones legales que han
favorecido los procesos de precarización laboral, y que, en
cambio, adopten las "variables relativas a la legislación
laboral, la igualdad de trato y oportunidades, los sistemas
de seguridad social, los derechos sociales emanados de la
relación laboral, la libertad sindical, las negociaciones
colectivas del trabajo." ( cita CCSCS)

(2) El reconocimiento activo por parte de nuestros
gobiernos y sus legisladores de:

1. Igualdad de Trato Conv. 100 y 111 OIT Art. 1.
Sociolaboral

2. Libertad Sindical Conv. 87 y 98 OIT

3. Negociación Colectiva Conv. 154 OIT

4. Seguridad Social Conv. 148 OIT

5. Salud y Seguridad Laboral Carta Interamericana de
Garantías Sociales (1948),

6. Tutela Laboral específica. Art. 2 Sociolaboral

7. Eliminación de Informalidad, Precariedad y
flexibilidad externa laboral Conv. 122

8. OIT Eliminación del Trabajo Infantil Conv. 138 y 182
OIT Art. 6 y 7 Sociolaboral

9. Eliminación Trabajo Forzoso Conv. 29 y105 OIT / Art. 5
Sociolaboral

10. Tripartismo Conv. 144 OIT

11. Libre Circulación de Personas Con. 143 OIT

12. Educación y Formación Profesional Art. 16
Sociolaboral

13. Intermediación Laboral Conv. 181 OIT

14. Seguro de Desempleo Conv. 24 y 45 OIT

(3) Propiciamos la integración de todos los trabajadores y
trabajadoras del ámbito público y privado a los beneficios
sociales y económicos que la legislación laboral otorga. En
este sentido, es necesario avanzar en el reconocimiento y
legislación justa sobre los sectores informales, y
trabajadores temporales, rechazando además las prácticas de
subcontrataciones.

(4) Propiciar la generación de empleo decente y de calidad
especialmente en los grupos sociales más vulnerables, y
garantizar un ingreso mínimo ciudadano.

(5) Fortalecer y propiciar la creación de sistemas públicos
previsionales y seguridad social, que permita la obtención
de pensiones dignas.

g) En el ámbito de género, la inserción comercial de los
países de América Latina se basa en la abundancia de
recursos naturales y de mano de obra barata, principalmente
femenina. A su vez, los sueldos bajos expulsan la mano de
obra que emigra en búsqueda de un futuro mejor, siendo ésta
principalmente masculina

En ese sentido, los resultados de los procesos
modernizadores vía liberalización comercial, más bien
destacan por una exclusión e inequidad social crecientes,
especialmente en lo concerniente a las mujeres, respecto de
los hombres provocando fuertes procesos de feminización e
infantilización de la pobreza

De esta forma, abordar los efectos del libre comercio desde
una perspectiva de género, implica analizar los impactos
que éste tiene en términos del trabajo reproductivo y las
oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres,
asumiendo que éste puede ser considerado una fuente de
ingreso que les brinde autonomía.

En Género, recomendamos a nivel regional:

(1) El respeto activo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra
las mujeres, adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1979, que define la discriminación como
"cualquier distinción, exclusión o restricción en el campo
político, económico, social, cultural civil o cualquier
otro". Asimismo, se promoverá la facilitación del acceso de
las mujeres y todas las distintas opciones sexuales, a
todos los recursos necesarios para el ejercicio de sus
derechos fundamentales, incluyendo los reproductivos.

(2) Que los gobiernos se comprometan a elaborar programas
que garanticen plenamente y aumenten la participación de la
mujer en todos los ámbitos de la vida social, política,
cultural y económica, tanto en los niveles nacionales,
regionales e internacionales de participación. Asimismo, se
requerirá una evaluación de impacto diferencial de género
para adoptar decisiones en el marco de los acuerdos, así
como la adopción de estrategias que eviten la limitación de
los derechos de las mujeres.

(3) En particular, se tendrá en cuenta la problemática de
la dimensión de género en la elaboración de políticas
macroeconómicas, estrategias y acciones de desarrollo y se
propenderá activamente a la igualdad salarial.
(4) Se contemplará, para ello, la creación de instancias
de participación social e institucional, que monitoreen y
den seguimiento a la evolución de la cláusula de género a
nivel nacional, regional e internacional.

h) En el ámbito energético, han tenido lugar sucesivas
crisis energéticas en los diferentes países de la región,
con un impacto negativo en el desarrollo y la calidad de
vida de las personas. Desde el punto de vista ciudadano el
acceso es limitado, el costo es alto y se padece de
ineficiencia. Las empresas transnacionales que llegaron a
la región no significaron mejoras sustanciales en la
calidad de los servicios, en el empleo ofrecido, en la
performance ambiental ni en el acceso a la información.

Los actuales procesos de integración y acuerdos de libre
comercio consideran a los energéticos tanto como una
mercancía o como servicios; no les reconocen su papel de
bienes estratégicos ni de bienes públicos, y no establecen
regulaciones de tipo productivo, laboral o ambiental. Por
el contrario, el énfasis en la libre inversión y libre
movimiento de mercaderías impide construir políticas
energéticas nacionales o regionales.

En el sector energía, proponemos a nivel regional:

(1) Considerar a los energéticos como bienes estratégicos
que sirven a fines públicos.

(2) Orientar la extracción, distribución y consumo de la
energía en primer lugar a las necesidades de desarrollo
nacional, regional y en particular a la calidad de vida de
la población.

(3) Establecer procedimientos de regulación social sobre el
sector energético, apuntando a mejorar su eficiencia,
enfatizar sus usos sustantivos y productivos antes que los
suntuarios, y asegurando su calidad.

(4) Establecer una armonización regional de los controles y
regulaciones en el sector para evitar prácticas de
competencia desleal, subsidios encubiertos o dumping social
y ambiental.

(5) Generar una "Política Energética Común", lo que
implica: (a) reconocer la urgencia de coordinar las
estrategias nacionales de manera que sean complementarias
entre sí y no competitivas, (b) acordar el establecimiento
de reservas estratégicas regionales de los energéticos que
no son renovables, (c) promover una autonomía energética
nacional, lo que es sólo es posible por medio de una
autonomía energética regional, d) Promover el uso creciente
de energías renovables.

(6) Establecer seguimientos y regulaciones sobre las
empresas privadas que actúan a nivel regional, regular los
oligopolios regionales.

(7) Redefinir el papel de las empresas estatales
energéticas a nivel regional para evitar que repitan las
malas prácticas de las empresas privadas, y alentar la
conformación de conglomerados estatales regionales.

(8) Establecer condiciones de transparencia y acceso a la
información en la determinación de reservas y activos
energéticos en el sector privado.

(9) Establecer mecanismos de consulta y participación con
la sociedad civil en la determinación de las políticas
energéticas regionales.

i) En el ámbito de la Propiedad Intelectual, debemos
propender al fortalecimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de manera que aseguren a nuestros
pueblos