Convocadas con motivo de la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
organizaciones sociales y civiles de ambos continentes dirigimos
desde Guadalajara, Xalisco, el presente pronunciamiento a
nuestros pueblos, a la opinión pública internacional, a los
medios de comunicación y a los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos aquí.

La cumbre gubernamental se da en un contexto de graves
retrocesos y amenazas para la autodeterminación de las naciones,
los derechos humanos integrales y la paz, tanto en Europa como
en América, y en el mundo entero.

Después de dos décadas de padecer las políticas neoliberales,
América Latina sigue siendo la región del mundo con el mayor
nivel de desigualdad. La extrema concentración de la riqueza y
de la tierra se ve agravada por el costo de la deuda externa,
los recursos dedicados al militarismo, la corrupción y la
impunidad. Por si esto fuera poco, América Latina y el Caribe se
ven sembrados hoy de tratados de "libre comercio" con Estados
Unidos que no consiguen sino imponer un proceso de integración
subordinada a la hegemonía norteamericana que pretende ser
culminada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Simultáneamente, los acuerdos bilaterales empujan tanto en
Europa como en América Latina los mismos modelos que exacerban
el desempleo y la precariedad laboral, transformando en
mercancías la salud, la educación, los servicios públicos, la
cultura y la seguridad social, entre otros, además de provocar
la desaparición de la agricultura familiar a través de la
Política Agrícola Común (PAC). La Constitución que la UE se
prepara a aprobar rescata este enfoque. Eso sucede sin que los
pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es el modelo de
"cohesión social" que la UE pretende promover en América Latina
y el Caribe.

Desde que se diera la última cumbre de la Unión Europea-América
Latina y el Caribe en Mayo del 2002 en Madrid, los problemas
económicos y sociales que supuestamente se buscaba enfrentar con
el incremento de las relaciones entre ambas regiones siguen sin
visos de solución; por el contrario, se han agravado las
difíciles condiciones de vida y de trabajo de millones de
personas.

La imagen de que América Latina y el Caribe pueden encontrar
relaciones más benéficas con la Unión Europea que con Estados
Unidos a partir de la liberalización de los mercados, se
contradice con la realidad. Esto es así porque detrás de sus
"buenas intenciones", lo que busca la Unión Europea es la
ampliación de mercados para sus grandes corporaciones en
servicios y compras gubernamentales, y garantías para sus
grandes inversionistas. Acuerdos como los que viene firmando o
negociando con países o regiones de AL, que en lo económico y
comercial no se diferencian de los que se tienen con Estados
Unidos, consolidarían para las décadas futuras las prerrogativas
que las trasnacionales europeas ya gozan, o nuevas, en
detrimento de los intereses de los países en desarrollo. Las
actuales propuestas neoliberales de la UE hacia América Latina
no representan una alternativa al ALCA. Más bien se apegan
estrechamente a las medidas económicas recetadas por el FMI, el
BM, el BID y la OMC. La Unión Europea utiliza las políticas de
cooperación como instrumento para la penetración de sus
empresas. Por otro lado, los acuerdos de cooperación en materia
de seguridad contribuyen a la militarización del continente.

Nos resulta alarmante, pero no nos toma por sorpresa, que otro
requisito exigido por la UE a los países latinoamericanos sea
resolver de manera satisfactoria lo referido a las negociaciones
caducas de la Agenda de Doha de la OMC. Se trata de la vieja
estrategia de lograr más de lo mismo mediante una negociación
interregional, pasando por encima de los desacuerdos e impasse
planteados en el marco multilateral. Hemos alertado tanto en el
caso del ALCA como de la OMC, y lo hacemos ahora en relación a
los acuerdos con la UE, que la inclusión de temas tales como
inversiones, compras gubernamentales, políticas de competencia y
privatización de recursos naturales y servicios, limitan la
soberanía y condicionan el desarrollo económico y social de los
países de América Latina y el Caribe. Por lo cual deben ser
definitivamente abandonados en las negociaciones. Además, el
acceso a los mercados agrícolas europeos se nota beneficioso
principalmente para los grandes productores, y no necesariamente
para los pequeños campesinos que producen para el mercado
interno y que carecen de protección.

Por esto, en lugar de acuerdos que sigan priorizando al "libre
comercio" por sobre el dialogo político y la cooperación, los
pueblos de Europa y de América Latina y el Caribe deseamos una
relación justa y equitativa, sustentada en el pleno respeto de
los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
ambientales

Las organizaciones sociales y civiles de Europa, América Latina
y el Caribe presentes en Guadalajara nos pronunciamos y
demandamos:

- un pronunciamiento claro y enérgico de los gobiernos
participantes de esta Cumbre contra las acciones bélicas y
políticas unilaterales en Oriente Medio por parte de las
potencias centrales, en un proceso que atenta contra la
totalidad de las convenciones y derechos internacionales
alcanzados hasta el presente por la colectividad internacional y
que han permitido una guerra ilegal e inmoral. Exigimos la firme
condena a la tortura criminal perpetrada por Estados Unidos y
sus aliados a los prisioneros de guerra en Irak, el fin del
secuestro y tortura de los presos en Guantánamo, el empeño para
la resolución de todos los conflictos bélicos y la promoción
efectiva de la paz en el mundo. Exigimos el retiro de las tropas
extranjeras de Iraq.

- impedir el proceso creciente de ocupación militar en América
Latina y el Caribe donde constatamos cómo la frustración a
cualquier vía de desarrollo y la sistemática violación de los
derechos humanos se suma a la injerencia política y militar
externa contra las aspiraciones de los castigados pueblos de
Haití, Colombia y Bolivia, en especial.

- Que se realice un esfuerzo efectivo por parte de los gobiernos
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para que los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y
culturales de los pueblos y de sus organizaciones, tengan
primacía sobre la liberalización comercial.

- se ponga fin al Plan Colombia y al Plan Puebla Panamá.

-Exigimos a la UE y a los gobiernos de América Latina y el
Caribe la promoción de un modelo de cooperación solidario en un
marco de respeto a los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, afrodescendientes, de género y de pleno cumplimiento
de los derechos humanos.

- Los países desarrollados deben cumplir el compromiso adquirido
de destinar al menos el 0.7 % del PIB a la cooperación para el
desarrollo y buscar nuevas formas de redistribución de los
ingresos en el ámbito nacional e internacional orientadas
efectivamente a la lucha contra la pobreza, en apoyo al
desarrollo sustentable y la justicia social, tales como fondos
de compensación social, impuestos sobre transferencias de
capitales especulativos. La UE debe impulsar medidas para
detener las transferencias de capitales y recursos de los países
en desarrollo hacia los países industrializados.

- en particular, siendo la Unión Europea la primera acreedora
externa de América Latina debe cancelar la deuda "odiosa" y
renegociar la deuda externa pública bajo criterios de verdadero
desarrollo sustentable de los países subdesarrollados..

- Toda acción de cooperación al desarrollo financiado por la UE
debe definirse bajo la obligada consulta y participación plena
de las poblaciones afectadas tal y como dice el Convenio 169 de
la OIT y los DESC, librándolas de la creciente condicionalidad
externa que subordina la cooperación al desarrollo a una agenda
comercial basada en programas de ajuste estructural que
históricamente han mostrado su fracaso. La consulta a los
pueblos de Europa (Constitución Europea) como a los de América
Latina y el Caribe debe ser un requisito indispensable de la
cooperación entre las naciones.

-Exigimos el reconocimiento legal y económico de la agricultura
familiar campesina e indígena basado en el derecho, como sector
productivo que no solamente garantiza la soberanía alimentaria
sino también la preservación ambiental, la cohesión social,
política y cultural de naciones y regiones. Utilizar libremente
las semillas nativas y no permitir la coexistencia con
organismos genéticamente modificados. Exigimos la exclusión del
proceso de liberalización comercial de los productos
estratégicos para la alimentación de los países en desarrollo y
para garantizar su soberanía alimentaria. Exigimos la
eliminación de prácticas desleales de comercio a través de
subsidios que respaldan precios de importación por debajo de los
costos de producción.

- el respeto a los derechos de las y los trabajadores
ratificando y cumpliendo los convenios de la OIT, sobre libertad
sindical, derecho de negociación colectiva, estabilidad en el
empleo, prohibición de trabajo forzoso, prohibición de trabajo
infantil y de no discriminación, en particular los contenidos en
la Declaración de principios y Derechos Fundamentales de 1998, y
que especialmente se controle su fiel cumplimiento por las
corporaciones trasnacionales. Exigimos se detenga la tendencia a
extender la jornada laboral y la precariedad en el empleo.

- Rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad
hacia las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos
como el feminicidio en América Latina y Europa. Exigimos
compromiso real a la Unión Europea y América Latina para
alcanzar la equidad de género.

- revertir los procesos de exclusión ancestral de los pueblos
originarios y afro- descendientes promoviendo el respeto a su
autonomía, cultura y organización tradicional en el marco del
Convenio 169 de la OIT y con el cumplimiento de los Acuerdos de
San Andrés.

- Rechazamos las patentes, y los derechos de propiedad
intelectual sobre los conocimientos ancestrales, los
medicamentos y la diversidad biológica ya que son los pueblos y
las comunidades quienes conservan y promueven la biodiversidad,
dentro del marco del derecho a su territorio.

- el compromiso de respetar, irrestrictamente, los recursos
naturales y la biodiversidad de América Latina y el Caribe e
impedir cualquier tipo de mecanismo que permita el saqueo de
agua, la explotación de la tierra, la contaminación de los
mantos acuíferos, la extracción de minerales y la expropiación
de áreas verdes, con los graves riesgos ambientales inherentes

- promover un nuevo sistema de seguridad social público,
universal, integral y solidario, y en particular que se detengan
los ataques a las jubilaciones y pensiones.

- revertir la nueva onda de privatizaciones, orientadas a
mercantilizar derechos y servicios básicos, tales como
educación, energía, agua y salud, afectando a los más pobres.
Los bienes y servicios públicos (agua, tierra, biodiversidad,
educación, salud, cultura, etc.) no son negociables.

- que se tomen las medidas necesarias para acabar la
discriminación, el racismo y la xenofobia hacia los inmigrantes
y otras minorías, y a favor del reconocimiento de sus derechos
humanos y civiles; que los países receptores de inmigrantes
reconozcan a plenitud sus derechos individuales y colectivos, se
respete su dignidad y aportación cultural.

- Denunciamos la actitud de la Unión Europea de no admitir la
condena a la ley Helms-Burton. Por el contrario, la cumbre debe
demandar a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que
mantiene contra Cuba, que daña gravemente su autodeterminación,
su economía y las condiciones de vida de sus habitantes;
reanimar los acuerdos de cooperación entre los países de AL y la
UE con Cuba, y en particular rechazar los nuevos planes de
agresión contra Cuba anunciados por Bush, que representan el
mayor y más grave riesgo para la estabilidad y la paz en el
continente americano.

Los participantes de este encuentro social reconocemos el
derecho del ser humano a la libre expresión de sus ideas y el
derecho de expresarlas públicamente. En el marco de las
manifestaciones pacificas que estamos realizando, reprobamos
actos de acoso, intimidación y provocación a que nos vemos
sometidos por parte de instituciones públicas o privadas de
seguridad en el marco de esta III Cumbre Unión Europea - América
Latina y el Caribe.

Finalmente, desde la sociedad civil de América Latina, el Caribe
y Europa estamos alertas y movilizados, a la par que empeñados y
empeñadas en la construcción de espacios reales de concertación
social, desde donde queremos democratizar los procesos bi-
regionales. Frente a la demagogia, las omisiones y amenazas
vertidas en cumbres gubernamentales como la que ha tenido lugar
aquí decimos: es en la lucha de nuestros pueblos en que
confiamos para la construcción de sociedades justas, y de otro
mundo mejor y posible.

¡LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO!

Guadalajara, México, 28 de mayo 2004