Alto a la política represiva del gobierno de Berger

2004-04-23 00:00:00

La Plataforma Agraria denuncia ante la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH) la política represiva que el gobierno de Oscar
Berger dirige contra líderes del movimiento campesino y
organizaciones que defienden los derechos humanos. Las
persecuciones se han intensificado luego que dos integrantes de
Plataforma Agraria fueran capturados el 19 de abril, tras concluir
una negociación.

Las intimidaciones a los trabajadores de la finca María Lourdes se
derivan de la exigencia para que la empleadora, Olga Elena Widmann
Luna de Hernández, les cancele salarios y prestaciones por más de
tres millones de quetzales. Tras el desalojo de la finca, en enero
pasado, ésta fue militarizada con apoyo de las fuerzas del
Servicio de Investigaciones Criminológicas (SIC).

Al cumplirse 100 días del nuevo gobierno, seis fincas han sido
desalojadas, a pesar de la promesa pública de Berger de detener
los desalojos, y 400 familias han quedado en la calle. Han sido
capturados líderes campesinos, entre ellos: Juan José Mota e
Isdaro Humberto López, integrantes de la Plataforma Agraria, y no
se vislumbra voluntad política para buscar soluciones a los
problemas que derivan estos conflictos en el campo.

Se ha comprobado que en estos conflictos hay una clara voluntad de
las instituciones administradoras de justicia por favorecer a los
finqueros, ya que ejecutan las órdenes de captura en contra de
campesinos, en tiempo récord, pero no acatan órdenes judiciales
que mandan cumplir las leyes laborales como el pago de salarios o
la reinstalación de trabajadores.

Ante tales circunstancias, Plataforma Agraria exige a la PDH
medidas de protección para los líderes campesinos de todo el país,
que intervenga para la liberación de Juan José Mota e Isdaro
Humberto López, para detener las órdenes de captura y de desalojo
de la finca Los Limones, Ocós, San Marcos, programada para el
viernes 23 de abril, y presione al Estado para que respete
nuestros Derechos Económicos, Sociales y Culturales que está
obligado a garantizar.

Guatemala, 21 de abril de 2004