1-. Vigencia de la Reforma Agraria: un debate para la paz.

El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus
resultados por todos los sectores. Desde el gobierno y los terratenientes con
argumentos que van desde el alto costo de la intervención del Estado y los bajos
resultados, hasta lecturas que parten de que este programa introduce indeseables
elementos de inestabilidad a los derechos de propiedad que deberían estar por fuera de
toda discusión para crear condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera.

Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria -que ya no sería necesaria-
programas de neoparcería bajo el nombre de "alianzas estratégicas, sociales y
productivas para la paz".

Por otro lado van las evaluaciones de los sectores campesinos, indígenas,
afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas y, en general, las organizaciones
sociales que coinciden con las guerrillas en el sentido de que en Colombia no se ha
hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la
frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los campesinos
desplazados por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado
del conservadurismo agrario con políticas estatales de desarrollo por la vía del
latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.

Nuestra lectura atribuye con base en investigaciones de varias épocas (la más reciente
de la Misión Rural hace dos años) que la acaparación especulativa y rentística de las
tierras (capitalismo burocrático) ha sido la base y el motor del gamonalismo, la
exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente a la que el campesinado -y
los indígenas- respondieron con la creación de movimientos guerrilleros.

Consideramos que la falta de una reforma agraria estructural ha sido el caldo de
cultivo para la generación de una cultura de la renta y el dinero fácil que hermana a
terratenientes, multinacionales, banqueros y mafiosos.

Atribuimos a la falta de la reforma agraria, los cultivos ilegales y el narcotráfico,
la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año, el mal uso de los suelos
y la potrerización de las mejores tierras del país donde pastan algunas vacas, pues son
tierras dedicadas a captar rentas y valorización por proyectos que no son de producción
agropecuarios.

Con la excepción de los terratenientes, los empresarios y los neoliberales en el
gobierno, hay una suerte de consenso nacional en la vigencia de una reforma agraria
integral, democrática y masiva, que no avanza debido a la composición del Congreso, los
compromisos del Ejecutivo con los latifundistas y últimamente con las multinacionales
que coinciden en señalar que el sector agropecuario ya no es importante, ni la
propiedad de las tierras.

Este planteo esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada
desde hace 50 años para "sacar gente ineficiente del campo" con lo que la consolidación
del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por
violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de "gente
sobrante" para que las multinacionales y el imperialismo norteamericano desarrollen sus
megaproyectos de inversión y control
geoestratégico.

La reforma agraria marginal se mantiene así como un simple programa de colonizaciones y
mercado subsidiado de tierras -también fracasado- para la estabilización de áreas de
alto conflicto agrario, por lo que no cuenta con el soporte de una política de
desarrollo rural y protección de la economía campesina, con lo que también el país
perdió su seguridad alimentaria (abundante oferta de alimentos nacionales, producidos
sin químicos, a precios asequibles para la población)

En los debates y foros realizados en los últimos dos años en escenarios regionales,
nacionales y en algunos escenarios internacionales se lograron amplios consensos en la
vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural
de la propiedad, que significa redistribuir activos productivos, establecer áreas para
el desarrollo y consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más
eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca de 80 grupos
indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales,
reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y
las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una
cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que
impulse el desarrollo nacional y social.

2-. Desde 1962 y a 31 de dic/99 las ejecutorias del INCORA son:

Adjudicación de 1´696.800 hás a 101.800 familias campesinas (de 1,5 millones que no la
tienen), titulación de 13´739.056 hás de tierras baldías (de la nación, a razón de 8,1
hás de baldíos tituladas por 1 ha adjudicada, lo que prueba la marginalidad del
proceso), extinción del dominio de 4´713.706 has. (tierra que el INCORA quitó e ingresó
sin costo para el Estado), constitución y ampliación de resguardos para comunidades
indígenas sobre 30´378.314 hás; titulación a comunidades negras sobre 1´389.359 hás, y
un trabajo de promoción de la organización campesina que fue desmontado hace pocos
años.

Siendo Colombia un país con 114,7 millones de hás de extensión territorial, el
instituto ha actuado sobre 51´917.235 hás sin incluir la ejecución del año 2000. Como
puede observarse, el INCORA fue desviado desde el Pacto de Chicoral (en 1973 el
bipartidismo latifundista decide parar el proceso y no afectar sus tierras ociosas)
para afectar sólo las tierras de la nación, por lo que no puede ser evaluado como
instituto de reforma agraria (a pesar de su nombre y en sus etapas iniciales haber
hecho reforma integral y construido 17 distritos de riego sobre cerca de 200 mil hás de
tierra y construido obras de infraestructura en muchos sitios del país), sino como
instituto de colonizaciones (de hecho sus ejecutorias se refieren sobre todo a
titulación de tierras baldías a campesinos, indígenas y negros).

Dentro de las limitaciones mayores del proceso están: la reiterada falta de voluntad
política de los gobernantes y legisladores, la utilización de la reforma agraria como
política para la gobernabilidad y estrategia de contención social y contra insurgencia,
pero no como estrategia de desarrollo; las permanentes estrecheces presupuestales del
instituto agravadas por la práctica legal del mercado de tierras de adquirir tierras
bajo autoavalúo del propietario, la profusa y pro terrateniente legislación agraria, la
falta de integralidad de los programas y la carencia de política de desarrollo rural,
las tasas de usura a los créditos incluidos los destinados a la producción de
alimentos, la apertura económica que quebró miles de parceleros exitosos hasta 1990, la
persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la participación
marginal (sin poder de decisión) de las comunidades en el proceso, la pérdida de
capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal de 4007
cargos en 1990 a 1459 cargos actualmente (con amenazas de Minhacienda dejar sólo 400
este año) para golpear al instituto y su Sindicato bajo la excusa de reducir gasto
público pero atendiendo exigencias de la organización de terratenientes de extrema
derecha SAC que considera al INCORA y sus programas como innecesarios desde su misma
creación, actualmente llaman al INCORA "un edificio con Sindicato"-; los casos de
corrupción en algunas compras de tierras en el mercado...

El programa de reforma agraria marginal hasta hace cuatro años fue usado también como
señuelo electoral para llevar al campesinado a votar por el bipartidismo pero sin
asignar a la entidad recursos presupuestales.

Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional que
será para el año entrante de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda
externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total
de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor
que el presupuesto total de inversión de la nación. Y de los $57 billones de pesos,
para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año entrante la irrisoria suma de $17
mil millones en inversión y $37 mil millones en funcionamiento (para una planta de
personal de sólo 400 trabajadores en INCORA de los 1459 actuales), es decir que en
reforma agraria el gobierno invertirá el próximo año la miserable, irrisoria suma que
no llega al 0,00000009% del presupuesto nacional (? nueve centi millonésimas del
presupuesto nacional, aunque suene increíble?) y así insisten en que "la reforma
agraria resulta muy costosa".

Cálculos del Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia
se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de
dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados -o arrebatados- por la mafia para
lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores
suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta,
etc)

En materia de gastos de personal, el sector defensa concentra el 25% del presupuesto
nacional , la fiscalía el 10%, la rama judicial el 11%, la policía nacional el 25%. En
resumen, cuatro sectores (defensa, policía nacional, rama judicial y fiscalía)
concentran el 71% del presupuesto de gastos de la nación, pero el recorte anunciado
para este año por Minhacienda es de reducir 9 mil empleos y ninguno en los sectores de
mayor gasto, en cambio se alista con la supresión del INAT (adecuación de tierras) y el
DRI y el fuerte ajuste al INCORA la supresión total en sector agricultura de más de
2.400 cargos con lo cual se desmantela totalmente la institucionalidad pública de
servicio al campo y las funciones del INCORA serían descentralizadas a los entes
territoriales, para entregarlas a los gamonales y terratenientes locales mediante una
descentralización administrativa perversa, es decir no democrática y donde el Estado
central se desprende se sus obligaciones constitucionales endosándolas a las regiones
que financieramente están quebradas, políticamente controladas por el bipartidismo
terrateniente y militarmente bajo el terror desplegado por los paramilitares.

La "reforma del Estado" que simplemente consiste en despedir trabajadores, está
pendiente sólo de malabarismos legales por parte de Presidencia ante los fallos anti
despidos por vía de decreto presidencial proferidos por la Corte Constitucional
fustigada a su vez por los neoliberales.

La contrarreforma agraria va desde la violencia para despojar las familias parceladas,
hasta el desmonte de la entidad encargada del programa.

3-. Genocidio social y contrarreforma agraria

Si la situación en materia de presupuesto para la reforma agraria es crítica, lo es más
la situación de graves violaciones de los derechos humanos al campesinado en general y
en particular la pérdida de las parcelaciones entregadas a familias campesinas por el
INCORA.

Los paramilitares están despojando de las tierras conquistadas y entregadas por INCORA
a las comunidades campesinas, especialmente en los distritos de riego de Maríalabaja
(Bolívar), El Zulia (Norte de Santander, frontera con Venezuela), La Doctrina (Córdoba,
donde acabaron la organización campesina autónoma), la zona del Ariari (Meta), Valle,
Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Putumayo, Casanare y el Huila donde arreciaron las
amenazas contra dirigentes campesinos de todas las organizaciones, incluida ANUC UR.

Sólo en el departamento de Bolívar 500 familias parceladas por el INCORA han sido
despojadas violentamente de sus tierras en los últimos tres años sin que se haya
iniciado gestión alguna para recuperar estas tierras entregadas por la nación a sus
legítimos dueños, los campesinos desplazados por el terror paramilitar, tanto que ya no
se habla entre los campesinos y especialistas de que en Colombia haya reforma agraria
sino una violenta contrarreforma agraria y un gigantesco genocidio social y político
contra el campesinado, los indios y los negros.

Las masacres de campesinos en los Montes de María (Sucre y Bolívar) se suceden en el
área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Quince campesinos
fueron asesinados a garrote y machete entre el 16 y 17 de octubre, estando en el área
el batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina. Están afectadas parcelaciones
del INCORA en San Jacinto, Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, Ovejas,
Corozal, y pequeños propietarios de los corregimientos de Macayepo, El Limón, Floral,
La Palma, La Pita en Bolívar, y Verruga, Bajo Don Juan, Palmira, El Pavo, Buenos Aires,
Caña Fría y Palo Alto (Sucre).

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción
comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de
Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el INCORA ha adjudicado algunas
fincas y baldíos, denuncian en los dos últimos años operativos combinados de paras y
militares contra los caseríos, saqueos por la fuerza pública, asesinatos selectivos que
llegan a 400 personas en Barranca y 500 campesinos más en la zona, quema de las
instalaciones de la Cooperativa campesina, 30 mil desplazados y afirman en un
comunicado del 12 de octubre: "exigimos todo el tiempo lo nuestro, es por eso que
estamos exigiendo ser sembradores de caña y arroz, hacedores de panela, arrieros de
búfalos, constructores de vivienda, cooperativistas, agroforestales, planificadores y
ordenadores ambientales del territorio que nos queda; todos estos proyectos los estamos
forjando en el marco de una zona de reserva campesina que nos permita sustituir los
cultivos de coca existente y dignificar la vida de nuestra gente...".

El programa de zonas de reserva campesina está asignado al INCORA por Ley 160/94 y es
impulsado por el Consejo Nacional Campesino, CNC y SINTRADIN, para prevenir el
desplazamiento mediante compraventa de parcelas y pequeñas fincas en las áreas
reservadas, pero no tiene recursos para adelantarlo.

Afirmamos que la zona de reserva campesina que necesitan con urgencia las comunidades
del Valle del Río Cimitarra no se aprueba por el gobierno porque para esa zona existe
un megaproyecto de siembra en monocultivo de 30 mil hectáreas de palma africana a un
costo de US. 10 millones (según Planeación Nacional) en contravía del plan campesino de
desarrollo regional que rechaza el monocultivo, más cuando saben que el precio
internacional del aceite de palma ha bajado drásticamente en los últimos 18 meses (ver
informe de FEDEPALMA) como resultado de las cosechas de aceite de girasol en Brasil,
EUA y otros países.

La Junta Directiva de la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra en oficio del
28 de septiembre/00 dirigido al Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba afirma "han
sido muy pocas las entidades del Estado que nos han prestado sus servicios y dentro de
ellas merece especial atención el INCORA la cual en las épocas en que no habíamos sido
desplazados de nuestras parcelas nos benefició con importantes programas de desarrollo
pecuario en los que nos brindaba ganado, insumos y asistencia técnica,... y en los
últimos dos años el INCORA ha hecho presencia en nuestra región con el importante
programa de zonas de reserva campesina y nos ha traído una nueva esperanza de
desarrollo..., por estas razones le estamos solicitando a nombre de los campesinos del
Valle del Río Cimitarra, defender la continuidad del INCORA y fortalecer sus
importantes programas de reforma agraria y reservas campesinas que son la única
esperanza de desarrollo de la economía campesina en zonas olvidadas como la nuestra".

En otras palabras, desde el establecimiento se acaba con los campesinos y al tiempo con
el INCORA.

En el Sumapaz, municipios de Pasca, Cabrera, Choachí, Viotá y la localidad de Usme
perteneciente a Bogotá, 6.000 soldados de la Quinta División, la 13 Brigada y las
Fuerzas de Despliegue Rápido, mantienen desde el 30 de agosto el operativo "aniquilador
II", ametrallan escuelas (la Defensoría del Pueblo tiene videos con pruebas), retención
de víveres a los campesinos (violatorio del Protocolo II de Ginebra), piden que para su
región se apruebe de inmediato una zona de reserva campesina pues comenzaron los
deplazamientos masivos al acusar el Ejército a las comunidades de ser simpatizantes de
la guerrilla desde la época del dirigente campesino Juan de la Cruz Varela.

La violencia que comienza en esa zona tiene detrás el megaproyecto de controlar en el
páramo del Sumapaz la reserva de agua más importante de la capital colombiana y es una
estrella hidrográfica donde nacen importantes ríos que van a las cuencas del Magdalena
y el Orinoco.

En la Amazonía bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se adelanta el
objetivo estratégico contrainsurgente y el control por los EUA de la cuenca del río
Amazonas, que incluye parte de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Guyana y Surinam. El megaproyecto aquí consiste en controlar el ecosistema más rico en
diversidad genética de la tierra, el territorio donde está según los expertos el futuro
de la humanidad con cerca de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, enormes reservas
de agua, maderas, fauna, flora, hidrocarburos y minerales. Es la zona de mayor
extensión de bosques tropicales por lo que se llama como "el pulmón del planeta tierra"
habitado por 370 pueblos de diferentes etnias.

Colombia tiene el 36% de su territorio en la cuenca del Amazonas y sobre esa zona se
descargan centenas de toneladas diarias de defoliantes químicos, atentando contra una
región altamente vulnerable por su biodiversidad al tiempo con la destrucción de la
selva por el empuje de miles de campesinos colonos expulsados por los terratenientes
desde la frontera agrícola.

Además es una zona geoestratégica y con reservas mineras, como La Guajira, Urabá y el
Chocó de donde también se desplaza violentamente a las comunidades indígenas Embera
Katio despojándolas de tierra y territorios, para "limpiar" áreas de megaproyectos de
generación hidroeléctrica y el canal interoceánico alterno al de Panamá.

En la zona del Catatumbo, La Gabarra y Tibú donde el INCORA tituló baldíos a colonos e
indígenas desde hace 35 años y en las zonas del distrito de riego del Zulia donde están
asentados centenas de familias de reforma agraria, los campesinos movilizados
presentaron en 1998 un Plan de desarrollo integral y Paz que el gobierno firmó. La
respuesta ha sido una violenta arremetida con más de 500 campesinos muertos,
desaparecidos, torturados, descuartizados, más de 20 mil desplazados. Los paramilitares
montaron su propia Ong. para captar recursos del plan propuesto por los campesinos
masacrados.

En Nariño, las comunidades campesinas e indígenas organizadas y movilizadas en varias
ocasiones, han propuesto planes de reforma agraria y etnodesarrollo así como un
proyecto de Ordenamiento Territorial que fue presentado al Congreso. No hay avance
alguno pero comenzaron los asesinatos y las fumigaciones en Nariño y el Macizo en
desarrollo del Plan Colombia.

En el Putumayo arrancó el Plan Colombia y ya arroja sus primeros "frutos". Puerto Asís,
La Dorada y el Bajo Putumayo están sitiados p