Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas anti laborales en América Latina. Es éste el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente y es nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío.

Hace poco más de un año que en Brasil, una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias, dieron un golpe de estado – por vía parlamentaria – que resultó en la substitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador.

La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada en denunciar supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso, en el Congreso se le acusó de violar reglas de la administración pública, por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que le sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores (2002, 2006, 2010 y 2014) pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de fuerzas reaccionarias, con monopólico respaldo del conglomerado mediático, y con mayoría en el Congreso estaba dispuesto a imponer.

Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debilitamiento de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales.

En seguida, aprobaron un cambio en la Constitución para que los gastos sociales del Estado sean congelados por 20 años. Es decir, adiós a cualquier mejora en los servicios públicos. Cualquier gobierno que llegue de aquí en adelante tendrá amarradas las manos para desarrollar políticas públicas en favor de la población. Una generación de brasileños/as sufrirá los efectos de la reducción del papel del estado. Este congelamiento de la inversión social será el camino abierto a más privatizaciones en áreas como la salud y la educación, entre otras.

Después lanzaron dos propuestas de reformas, la de las jubilaciones y la laboral sindical. La primera depende de cambios constitucionales, lo que significa que necesita de mayoría calificada. Esta reforma va a hacer más difícil la jubilación, aumentando la edad para la misma y la cantidad de años de contribución para tener el derecho, rebajando a la vez los montos de las pensiones. La contrarreforma de las jubilaciones afectará especialmente a las mujeres y a las/os trabajadoras/es del campo, que tienen menos expectativas de vida, ganan bajos salarios y tendrán menos tiempo de contribución.

La reforma laboral dependía apenas de cambiar la CLT (el código laboral conocido como Consolidación de Leyes del Trabajo) que fue aprobada em 1943. Necesitaban solo mayoría simple de votos. Hicieron un centenar de modificaciones propuestas por escritorios de abogados y entidades empresariales. Su aprobación fue fulminante en ambas cámaras. El presidente ilegítimo ya la promulgó y entra en vigor en 4 meses. Según los análisis de sindicatos y especialistas, la contrarreforma laboral afecta negativamente más de 120 aspectos individuales y colectivos que protegían las condiciones de trabajo. Entre ellos destacan los siguientes: Permite la negociación individual entre el patrono y el trabajador. Elimina la idea de jornada de trabajo, crea el trabajo intermitente. Permitirá el despido por común acuerdo entre empleador y trabajador. Inutiliza el salario mínimo nacional y los pisos salariales por gremio. Bloquea caminos que hasta ahora el trabajador tenía para reivindicar sus derechos ante la justicia laboral. Permite que la negociación colectiva con el patrón reduzca derechos que aún quedan en la ley. Se permite el trabajo de mujeres embarazadas en ambientes considerados insalubres. La reforma inviabiliza la ley que reglamentó la convención sobre el trabajo doméstico y que garantizó derechos históricos a las trabajadoras del hogar. Se podrá pagar al trabajador/a por periodo trabajado, recibiendo por horas o a diario. Elimina el financiamiento a los sindicatos, que era obligatorio desde los años 40.

Destaque especial merece el impacto que tendrá la reforma laboral para la acción colectiva y la propia existencia del sindicato. Al imponer la “negociación” entre el trabajador y el patrono, sin presencia del sindicato, se facilitará la imposición de condiciones por debajo del acuerdo colectivo, cuando éste exista. Difícilmente un/a trabajador/a con riesgo de perder su empleo o sufrir otras discriminaciones pueda enfrentar el poder del patrono y de la empresa. Al facilitar la contratación a destajo, por horas o por producción, el trabajador/a está expuesto a una situación de permanente inestabilidad en el empleo y el sindicato verá minada su estructura de afiliación. La tercerización extendida profundizará la condición de trabajadores/as de primera (fijos y con contrato colectivo) y de segunda (tercerizados), donde los primeros serán cada vez menos y la mayoría no será amparada por la negociación colectiva.

Gran número de grandes empresas ya iniciaron procesos de despidos masivos. Es la fase previa para aprovechar las nuevas (más baratas y precarias) formas legales de contratación. En la recesión actual, o aun cuando se recupere la economía, no habrá salarios ni empleos dignos. El nuevo mundo laboral brasileño se parecerá al que había cien años atrás.

Ahora van por la reforma de la jubilación. Acusado con pruebas de corrupción, Temer y su gabinete corren contra el tiempo para mostrar a las grandes federaciones patronales, a los medios de comunicación oligopólicos y al capital internacional, que su agenda de reformas antipopulares continúa y que él y su equipo son imprescindibles para aprobarlas. La muy probable salida de Temer de la presidencia por corrupción no significará para nada un cambio en la orientación antipopular y anti obrera del gobierno que lo sustituya y que será designado por el mismo congreso igualmente corrupto, pero sobre todo comprometido con la agenda de choque ultra liberal en curso. Al final, el golpe de estado fue para aplicar las reformas antipopulares, no para moralizar la política.

En Brasil comenzó, pero ése es el proyecto de las fuerzas de derecha de las Américas y del mundo: impulsar una contrarrevolución neoliberal, hacer retroceder las condiciones laborales a lo que eran hace 100 años. Lo que pasa en Brasil está siendo seguido muy de cerca por las “fuerzas del mercado” que ahora dominan varios países de la región y del planeta. Si avanza en Brasil no sólo se desmontará la constitución social del 88, aprobada con la redemocratización, sino todo lo acumulado en casi 80 años de luchas sociales.

Pero más grave aún, los cambios legales en el mundo del trabajo en Brasil serán una señal para atacar las Normas Fundamentales del Trabajo, acumuladas en casi 100 años de disputas entre trabajadores, empleadores y gobiernos, y que son el patrimonio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente impactarán otros tratados internacionales que protegen los DDHH, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU y su Protocolo Facultativo.

Desde la CSA estamos totalmente comprometidos junto con la clase trabajadora brasileña en la lucha contra las reformas reaccionarias, como estuvimos y continuamos estando contra el golpe de estado. Al mismo tiempo hacemos un llamado a todo el movimiento sindical de las Américas para acompañar la campaña de solidaridad con la clase obrera del Brasil, contra las Reformas antipopulares, por la salida de los gobiernos golpistas y por elecciones directas que permitan la recuperación del Estado democrático de derecho y justicia. Porque Brasil lidera la “corrida al fondo” con el saqueo a los derechos, esta política será imitada en todos nuestros países. Las patronales dirán que no pueden hacer frente a la baja de costos laborales que vive el Brasil y van a imponer esas y otras reformas reaccionarias en cada una de las naciones.

Antes eran los productos chinos, ahora serán los bajos costos brasileños que serán usados para presionar contra las condiciones laborales, los derechos sindicales y las conquistas sociales de todos y cada uno de nuestros países. Tenemos que darle una respuesta continental a esta acción de las fuerzas reaccionarias. La CSA convoca a todas las centrales afiliadas a definir acciones articuladas para pasar a la ofensiva frente a la agenda agresiva del capital transnacional y sus expresiones locales en los países.

Es necesario construir una gran articulación internacional que nos permita reagrupar las fuerzas y en conjunto con todos los demás movimientos y sectores sociales que enfrentan la misma embestida definir una agenda común para la movilización y la lucha. Por todo esto es fundamental hacer del Encuentro de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendremos del 16 al 18 de noviembre en Montevideo, un gran momento de lucha sindical y popular para enfrentar la contrarrevolución neoliberal en nuestra región.

São Paulo, 20 de julio de 17

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA)