El día 15 de noviembre de 2016, en el marco del II Foro Social del Norte,  un grupo de 16 representantes de organizaciones, redes e instituciones de Argentina, Suecia, Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Brasil y Paraguay,[1] desarrollamos una Misión de Observación Internacional con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as campesinos/as de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en el marco de la implementación de la Ley Nº 5036/13 De Defensa Nacional y Seguridad Interna.

 

Las organizaciones, redes e instituciones participantes en la Misión, nos identificamos con la Noviolencia y manifestamos nuestro profundo rechazo al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, con especial énfasis en la violencia armada.

 

Este pronunciamiento presenta algunas consideraciones recogidas durante el dialogo desarrollado dentro del eje temático “Derechos Humanos: Testimonios de violaciones de DDHH en el contexto de la criminalización de las luchas sociales y la militarización” realizado en el marco del II Foro Social del Norte.

 

Los y las representantes, instamos al Estado paraguayo, a través de sus diferentes organismos, a garantizar la protección de las personas que han dado relatos y testimonios a las y los integrantes de la Misión, así como a abstenerse de someterles a represalias por ello.

 

Para el desarrollo de la Misión, los y las representantes escuchamos testimonios de personas individuales, así como de referentes de organizaciones sociales y campesinas que han sufrido violaciones a sus DDHH en el marco de la aplicación de la LEY N° 5.036/13 “QUE MODIFICA LA LEY 1.337/99 DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD INTERNA”, en los territorios de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Varios de los cuales se encuentran judicializados.

 

A través de los testimonios se ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Estado paraguayo ha profundizado y deteriorado el cumplimiento de sus obligaciones en DDHH, al asignar funciones de seguridad interna a los cuerpos militares, los cuales aparecen en los testimonios ofrecidos a esta Misión como los principales responsables del aumento de la violencia física y simbólica. Observamos que la militarización de los territorios, lejos de llevar la seguridad a los departamentos, lo que produce es temor, desarticulación de las comunidades y de las propias organizaciones sociales, a través de la estigmatización y el amedrentamiento constante.

 

A la vista de los testimonios recogidos, las Fuerzas de Tarea Conjunta(FTC) se encuentran seriamente cuestionadas por casos de violaciones de derechos humanos que incluyen serias presunciones de homicidios por ajusticiamientos y/o errores y casos de torturas. A continuación pasamos a   relatar los testimonios de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos ante la Misión de Observación:

 

Caso de los hermanos Gregorio y Víctor Mortales: dirigentes campesinos del Asentamiento Agüerito, también conocido como Yaguareté Forrest (Departamento de San Pedro).

Nunila Fernández de Morales: Esposa de Víctor Morales, dirigente campesino con una trayectoria de más de 25 años de lucha: “Mi esposo nunca fue un dirigente vendido, siempre tuvo una idea del bien común para nuestra comunidad; la persecución de los dirigentes campesinos comenzó durante el gobierno de Wasmosy (1995). y todos los sucesivos gobiernos siguieron esta misma práctica de persecución a los dirigentes campesinos y sociales.

Pero durante el actual gobierno de Horacio Cartes, mi marido y su hermano fueron detenidos y remitidos a la cárcel acusados de ser supuestamente miembros del brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP.). El caso se inició el 28 de enero de este año, a las 3 y media de la madrugada, cuando los militares de la FTC ingresaron violentamente a mi casa; paralelamente y en forma simultánea allanaron también la casa de Gregorio, y en ese lugar los uniformados actuaron en forma más violenta. A Gregorio le taparon la cara con unos trapos, luego le apuntaron con armas de fuego de grueso calibre.

Los militares buscaban, según nos enteramos posteriormente, los dólares del EPP que supuestamente teníamos nosotros. Sin embargo, solo encontraron e incautaron 5 aparatos celulares, así como CDs de videos sobre la historia de lucha campesino. Ellos escribieron en sus informes que nuestros familiares tenían frondosos antecedente que nunca pudieron comprobar, nosotros teníamos muchos víveres en nuestra casa, que era para el personal que trabajaba con Víctor, que también incautaron y pusieron como supuestas pruebas, de que esos productos eran para los del EPP.

Por su parte el Ministro del Interior decía y aseguraba que Gregorio y Víctor Morales eran miembros de la logística el EPP y que eran personas peligrosas. La prensa se hizo eco de esas falsas noticias y mantuvieron esas versiones para procesarlos. Por todo esto hasta ahora están detenidos y encarcelados.

Nosotros en la comunidad Agüerito somos gente organizada, todas las conquistas que logramos fue gracias a nuestra lucha, a la organización, por eso nos duele mucho toda esta injusticia que estamos sufriendo. Además, después de la incursión violenta de los militares nuestros hijos quedaron asustados, están traumados porque fuimos víctimas de robos, se llevaron nuestras cosas, nuestro dinero; ellos rompieron nuestros roperos buscando los supuestos dólares. Los allanamientos se realizaron sin orden judicial, nuestros familiares ni siquiera sabían por qué fueron detenidos o por qué fueron torturados; desde hace 10 meses, hasta ahora, están detenidos en la Penitenciaria Regional de Concepción”.

Leonida Villalba, de la Colonia Fortuna: Caso Julián Ojeda, asesinado el 18 de diciembre de 2015, cerca de un arroyo, cuando salió de su vivienda para  cazar armadillos, “ni siquiera me entere en el día que sucedió el hecho, me entere al día siguiente, cuando me avisaron los vecinos, La FCT acuso a mi marido de ser parte del EPP y que supuestamente murió durante un enfrentamiento con los militares, que supuestamente él estaba vestido con ropa parapara’i,(Uniforme camuflado) eso es falso. Julián dejo huérfano a 10 hijos”. Ningún funcionario estatal dio explicaciones a los familiares sobre la muerte de Julian Ojeda

Sindulfo Agüero: Dirigente campesino, miembro fundador de la Organización Campesina del Norte (OCN) “estuve preso en 8 ocasiones durante la dictadura por ser parte de las ligas agrarias; ahora cuando me acuerdo de todo esto me duele y tengo ganas de llorar. Ahora en esta supuesta democracia seguimos siendo perseguidos, en una democracia nadie debería necesitar; sin embargo, seguimos estando en la dictadura de la pobreza y ahora en nuestro país, y en esta parte del mundo, reina la dictadura de la riqueza, que derroca gobiernos progresistas.

Soy uno de los fundadores de la OCN, y mi caso se inició en el 2011 nuevamente fui víctima de una dictadura, esta vez por la FTC cuyos integrantes violentaron mi casa, asustaron a mi familia pues me detuvieron, me llevaron preso y esposado como supuesto apoyo logístico del EPP caso por el cual posteriormente también una de mis hijas fue detenida.

Durante mi detención arbitraria realice 72 días de huelga de hambre en la cárcel, donde fui torturado. Me hicieron mucho daño a pesar de tener, en ese momento, 69 años. Por eso hasta ahora denuncio la injusticia que sufrimos los campesinos y no tengo miedo de morir si es necesario. Pero durante el caso que les relato los detenidos tuvimos el apoyo de las organizaciones de DDHH, en mi caso mis abogados, que hoy están presentes en este Foro, Roque Orrego y Juan Martens, realmente me defendieron y gracias a ellos y a  nuestra organización que siempre nos acompañó, por eso no fuimos condenados”.

Adelfa Gómez: de Alfonso Cue, miembro de la Cooperativa Coocanor. “Soy víctima de injusticias desde mi niñez, durante la dictadura mis padres fueron perseguidos porque formaban parte de los grupos eclesiales de bases cristianas. Mi padre fue detenido y torturado en varias ocasiones, durante mucho tiempo vivimos en zozobra fuimos torturados, hasta que cayó la dictadura. Desde ahí tuvimos esperanza de mejorar nuestra situación y ahora nos damos cuenta que esa situación nunca cambio y que ahora estamos viviendo en condiciones peores.

Antes teníamos tierra donde cultivar, ahora nos despojan de la tierra y nos siguen matando y torturando, nos acusan de ser miembros de la logística del EPP. En mi caso, actualmente estoy acusada de ser parte de ese grupo y esas acusaciones comenzaron luego del allanamiento de la casa de Sindulfo Agüero, que es mi vecino y como tal lo asistimos en el momento en que su vivienda fue allanada. Les ayudamos como personas y como vecinos, les dimos apoyo y acompañamiento y desde esa vez soy perseguida. 

Tengo los teléfonos intervenidos, también están acusando a mi familia como miembros del EPP. En el 2010 allanaron mi casa. Los militares rodearon mi casa, no estaba mi marido, solo yo, mis hijos menores y mis nietos estábamos en la casa. Ellos buscaron supuestas evidencias, encontraron una computadora descompuesta y dijeron que encontraron lo que buscaban. Además, llevaron unas carpetas de la facultad de mi hija y un arma de mi padre que usaba para cazar taguato, esas fueron las únicas cosas que llevaron y hasta ahora no pude recuperar.

El fiscal de mi caso fue Guillermo Ortega, que actuó mal, realizo mal procedimiento en todo momento. Por eso quiero pedir a las autoridades que controlen la actuaciones de los fiscales antisecuestros, pues estos ordenan acciones contra los campesinos y actúan en mala forma sin respetar nada, también pido que los militares y policías que acompañan estas actuaciones sean controlados, pues no pueden actuar de esta manera como forma de justificar los gastos que tienen la FTC”.

Alberto Pimentel: del Asentamiento Arroyito, relata que “desde el año 2008, cuando se creó la comisión sin tierra dentro de la comunidad, que aglomera a más de 350 personas, comenzaron las persecuciones. En esa época se ocupó la Estancia Santa Edelia, sabíamos que ese inmueble estaba en una situación irregular; ocupamos el terreno durante 15 días, luego volvimos a salir pero nos ubicamos en frente al inmueble.

 Para el desalojo llegaron varios contingente de policías y el desalojo fue violento, A causa de esto mucha gente se fue detenida pero a los tres días la mayoría fueron liberados solo quedaron detenidos los dirigentes comunitarios, porque según la denuncia estaban acusado de abigeato. Benjamín “Toto” Lezcano, uno de los dirigentes, estuvo preso durante 3 meses. Al ser liberado, sin embargo ya quedo marcado y sabíamos que podían matarlo. Unos meses después dos sicarios asesinaron a nuestro dirigente “Toto” Lezcano, de 36 balazos, un tiempo después otros dos sicario asesinaron a otro de los dirigentes de nuestro asentamiento de 5 balazos.

El otro caso que me afecta personalmente se produjo en abril de este año, cuando allanaron mi casa. En el momento del procedimiento yo y mi esposa Cecilia Acosta no estábamos presentes, pero al enterarnos nos fuimos inmediatamente. Los de la FTC y la fiscalía ya habían entrado a mi vivienda, por la fuerza abrieron una de las puertas y cuando llegamos nos pidieron la cedula de identidad. El fiscal interviniente nos comunicó que mi esposa estaba con orden de captura desde hacía dos años, no estábamos enterados de esa supuesta orden de captura. Más tarde nos enteramos que la supuesta causa por la que Cecilia fue procesada ocurrió cuando ella se encontraba fuera del país.

Lo que nos llama la atención es que cerca de mi casa funciona un puesto de control policial, los efectivos de ese sitio nos conocen pero nunca intentaron detener a mi esposa.

El 19 de octubre pasado se cumplieron 6 meses de detención de Cecilia, hasta el momento a nuestro abogado nunca se le permitió acceder a la carpeta judicial. En pocos días más se va a realizar la audiencia preliminar en este caso y vamos a pedir la nulidad de todo el procedimiento.

Cecilia Acosta está acusada de los hechos de coacción y coacción grave, asociación ilícita, terrorismo y otras cosas más.

A consecuencia de esta situación, la gente del asentamiento Arroyito, siempre identificada con la lucha por sus derechos, por ahora ya casi no participan de las reuniones comunitarias”.

Damián Valiente: del Asentamiento Arroyito, padre de Pablo Valiente Chaparro de 23 años, estudiante del segundo año de la carrera de derecho; actualmente condenado a 17 años de cárcel por supuestamente ser parte de la logística del EPP.

Relata cuanto sigue “Nuestras leyes y nuestros derechos son violados por la FTC; mi hijo fue detenido en su lugar de trabajo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde también residía; allí también estudiaba en la universidad.

Cuando los militares detuvieron a Pablo dijeron que lo hicieron en la vía pública, eso quedó demostrado que fue mentira pues mi hijo fue detenido en su lugar de trabajo. Su detención fue primero un secuestro porque nadie sabía en donde estaba mi hijo; inclusive sus hermanos realizaron la denuncia en la comisaria y fue allí donde nos dijeron que paso con Pablo. Al enterarnos lo primero que hicimos fue intentar verlo pero los policías nos aseguraron que solo con un abogado íbamos a poder hablar con el detenido.

Durante el proceso contratamos varios abogados pero ninguno pudo hacer nada más que sacarnos dinero, mi familia gasto más de 100 millones de guaraníes en ese tiempo, tuvimos que vender nuestra casa, animales y otros bienes.

Finalmente fue un defensor público que hasta ahora lleva el caso, luego del juicio oral los de la FTC anunciaron que gracias al trabajo de inteligencia mi hijo fue detenido. Nosotros presentamos los testigos durante el juicio, principalmente compañeros de trabajo y amigos de mi hijo; sin embargo, el tribunal no acepto a nuestros testigos y posteriormente condeno a mi hijo a 17 años de cárcel sin tener ninguna prueba en su contra.

Este tribunal solo dio lugar a las supuestas pruebas presentadas por la fiscalía y no fueron tenidos en cuenta las pruebas de la defensa. Mi hijo fue condenado injustamente y se le condeno porque un ex compañero de mi hijo era parte de estos delincuentes.

Ahora pedimos la libertad de mi hijo, eso es lo que pido”.

Igualmente los/as integrantes de la Misión de Observación Internacional estamos preocupados por los casos de las victimas abajo detallados ya que estas personas presentaron  Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en el mes de mayo y hasta ahora no encuentran respuestas a este pedido.

Ramón Denis Cardozo, poblador del departamento de San Pedro, docente y director de la Escuela 3707 de la Colonia Oñondivepa desde hace más de 20 años, denunció que en la noche del jueves 5 de setiembre de 2013, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se identificaron como militares, derribaron todas las puertas de su domicilio, destruyeron su computadora, lo echaron de la cama, le pisaron en la nuca, golpearon a uno de los hijos en la cabeza, les apuntaron con armas, acusando a Ramón de ser Elvio Ramón Cardozo, buscado por supuesto triple homicidio y por ser miembro del EPP.

 

Ignacio Sosa Ortega, poblador de la Colonia Oñondivepa, departamento de San Pedro, denunció vulneraciones en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta la madrugada del 6 de setiembre del 2013: Fue demorado en forma ilegal Le atropellaron 5 sujetos con pasamontañas y “parapara´i”,(ropa camuflada) quienes lo tiraron al suelo boca abajo, así como a su esposa e hijos. Posteriormente fue llevado al fondo de su casa para cavar una fosa donde fue amenazado de que sería asesinado, estos fueron algunos de los atropellos sufridos y denunciados a la fiscala Marta Sandoval, de la unidad especializada en derechos humanos.

 

Epifanio Cabañas, poblador de San Pablo de Kokueré departamento de San Pedro, fue víctima de agresiones en el mismo operativo de la FTC, en la madrugada del 6 de setiembre del 2013. En su denuncia ante la Fiscalía, señaló que las FTC actuaron con agresividad, amenazándolo a él y a sus 3 hijos, apuntándoles con armas de fuego.

 

Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, del departamento de Concepción,en octubre de 2014 fue víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en presencia y coautoría de una persona que le fuera presentada como el fiscal Joel Cazal.

Como resultado de ello, familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida.

Los testimonios recabados, evidencian una Justicia que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos.

 

Con base en los testimonios escuchados, los y las representantes de la Misión instamos

 

al Poder Ejecutivo:

• que el Presidente de la República y otras autoridades cumplan sus responsabilidades en sus deberes de protección y garantías de los DDHH, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo;
• que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa implementen mecanismos eficientes para que los integrantes de las fuerzas de seguridad actúen basados en el cumplimiento de los estándares legales nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra ellos y ellas;

 

al Poder Legislativo:

• derogar la Ley 5036/2013 que consolida la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización de una espiral de violencia en dichos departamentos. Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su Art. 173 establece y limita la misión de las Fuerzas Armadas a solamente: 1) Custodiar la integridad territorial y 2)  defender a las autoridades legítimamente constituidas.
• remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de Jueces y Fiscales que apliquen procedimientos que violan garantías del debido proceso.

 

a la Corte Suprema de Justicia:

• instar a Jueces de Garantías que velen por el accionar adecuado de los Agentes Fiscales  de manera a que actúen con la debida diligencia;
• instar a los jueces a aplicar los estándares de derechos humanos y control de convencionalidad en sus sentencias y resoluciones;
• ejercer el control jurisdiccional sobre la regularidad de las imputaciones fiscales presentadas en el contexto de la militarización.
• dictar Resolución en la Acción de Inconstitucionalidad, presentada contra la Ley 5036/13.

 

a todo el Estado paraguayo:

• asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

 

Asimismo, instamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales del Paraguay a documentar las violaciones de derechos humanos, a monitorear y mantenerse vigilantes en su cumplimiento efectivo e irrestricto.

 

Las y los integrantes de la Misión agradecemos la disposición y la confianza para compartir los testimonios y destacamos el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos de Paraguay, que en situaciones adversas persisten en la construcción de un país más justo desde la opción de la Noviolencia Activa.

                                                                                 

                                                                                  Horqueta, 15 de noviembre de 2016.