El contexto por el que atraviesa el país, evidencia la profundización de un conflicto político, social, económico y armado de carácter histórico y estructural. El gobierno de Juan Manuel Santos avanza en la implementación de una estrategia para salvaguardar política y jurídicamente el sistema de dominación y acumulación capitalista, por medio de la imposición de una paz neoliberal y un blindaje legislativo funcional a los intereses del capital trasnacional: ZIDRES, reforma tributaria, decreto 3080 del 2016.

Las políticas minero energética y agroindustrial apuntalan un modelo extractivista que es nocivo para el medio ambiente y liquida los planes de vida de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas y las comunidades populares urbanas. Este contexto le plantea un desafío al campesinado y al pueblo colombiano para posicionarse como un actor social y político protagónico, que reclame y cope escenarios y mecanismos de participación vinculante y decisoria con enfoque territorial, como los cabildos abiertos populares, las asambleas campesinas, las constituyentes populares, la Mesa Social para la Paz, y el Gran Diálogo Nacional, como parte de un proceso constituyente popular y democrático, en los que presentaremos nuestras propuestas, pliegos y planes de vida como parte de una Agenda Social para la Paz, en la búsqueda de la reforma agraria integral para el Buen Vivir, las transformaciones para la democratización del país y una paz con justicia social y vida digna. Así como para continuar acumulando fuerzas para conquistar los cambios estructurales para una nueva sociedad.

En esta perspectiva, la CUMBRE CAMPESINA DE PAZ ratifica la movilización como la principal forma de construir la unidad y de acción política y exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos en las negociaciones entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria en los temas de: Minería, energía y ruralidad; territorios, territorialidad y reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos; economía propia, cultivos de coca, marihuana y amapola; y garantías y derechos humanos.

Desde nuestra autonomía y el ejercicio del poder popular seguiremos forjando los territorios campesinos, desde las diferentes figuras territoriales, e implementaremos los planes de vida y el ordenamiento territorial popular, como estrategias para confrontar el modelo extractivista y agroindustrial.

Validamos y continuaremos desarrollando los carnavales de la vida y el agua, las consultas populares, los bancos de semillas nativas, los campamentos por la defensa de los territorios y la expulsión de las multinacionales para frenar la explotación minero energética y agroindustrial. Impulsaremos la coordinación sectorial e intercultural en los territorios, para participar de manera vinculante en escenarios institucionales como los Planes de manejo de las cuencas, los Consejos Municipales de Desarrollo y los Consejos de Planeación Territorial.

Exigimos la participación vinculante en la implementación de los acuerdos de la Habana y al gobierno nacional que se disponga a iniciar la fase publica de los diálogos con el ELN y la fase exploratoria con el EPL.

Llamamos al pueblo colombiano para que desde las veredas, los barrios, las universidades, los resguardos, los territorios colectivos y los territorios campesinos, avancemos en la movilización y la unidad a través de la conformación de un bloque popular y una agenda social en defensa de los territorios, contra el modelo dominante, la búsqueda de una paz con justicia social y vida digna, y la construcción de poder popular.

Convocamos al campesinado colombiano a reafirmar nuestra cultura e identidad como pueblo y sujeto político en defensa de la tierra, el territorio y la economía campesina; a implementar la guardia campesina y el gobierno propio; y a defender y realizar los derechos de la mujer, la infancia, la adolescencia y las víctimas.

VIVA LA CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR