COMISION
DE DERECHOS HUMANOS
60°
período de sesiones
Tema
7 del programa provisional
E/CN.4/2004/NGO/122

ESPAÑOL
Original:
FRANCÉS
EL
DERECHO AL DESAROLLO

Exposición
escrita conjunta presentada por el Centro Europa-Tercer Mundo
(organización no gubernamental con carácter consultivo
general) y la Asociación Americana de Juristas, (organización
no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial)
El
Secretario General ha recibido la siguiente exposición por
escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31
del Consejo Económico y Social.

[30 de Enero 2004]
Los
peligros del ALCA y la necesidad urgente de una alternativa para el
desarrollo[1]
1. Hace
un poco más de un siglo, durante la conferencia interamericana
de Washington (1889), se le propuso, ya entonces, a América
Latina integrar sus economías a la de los Estados Unidos. Ese
proyecto, el cual comprendía una unión aduanera y, en
su versión más audaz, una moneda común,
finalmente fracasó. Después de meses de negociaciones,
los países latinoamericanos encontraron los motivos y los
recursos para rechazarlo. Los observadores lucidos de la época
no dejaron de denunciar las intenciones geopolíticas
estadounidenses. “Solo una respuesta unánime y firme
puede liberar a los pueblos de América [latina] de las
perturbaciones que llevarían, con la complicidad de repúblicas
venales, la política de dominación de su potente
vecino, el cual no se volvió hacia ellos sino para impedir su
expansión, acaparar sus territorios, romper sus tratados con
el resto del mundo y obligarlos a comprar lo que no puede vender o a
federarse para ser mejor dominados”[2].
Estas palabras de José Martí conservan hoy una
actualidad sorprendente en la perspectiva de la Área
de Libre Comercio de las Américas
(ALCA/FTAA/ZLEA)[3],
anunciada para 2005. El presente informe pretende aclarar los
peligros que comporta este tratado para el desarrollo y la soberanía
de los pueblos de América latina y el Caribe.

El ALCA: mito y
realidad
2. El
ALCA quiere establecer entre todos los países de América
–con la notable excepción de Cuba– una zona de
libre comercio, cuyos objetivos son “liberalizar el
comercio, aumentar las inversiones por la liberalización de
los mercados, aumentar la competencia, eliminar las restricciones al
libre comercio (incluyendo las subvenciones a las industrias locales,
ayudas al comercio...)[y] al movimiento de capitales y
de ejecutivos”[4].
El espíritu de esta integración consiste en una
“convicción de las partes”: la prosperidad
económica, así como también el refuerzo de las
instituciones democráticas y hasta los “lazos de
amistad” serían condicionados por la libertad de los
mercados. Hace más de dos siglos que los ideólogos
liberales dan vueltas a este mito, que los hechos no han cesado de
desmentir. Instaurado entre socios desiguales, el libre comercio no
puede sino tornarse en ventaja del más fuerte. No garantiza el
desarrollo ni es tampoco sinónimo de democracia o de paz. La
libre circulación de las mercancías y de capitales es
pregonada por las potentes firmas de los países más
potentes porque ha reforzado, y siempre reforzará, sus
posiciones en los mercados. Los avances productivos y comerciales de
países del Sur, por lo demás escasos, en los mercados
internacionales con estructuras de oligopolios dominadas en todos los
sectores clave por las transnacionales del Norte, fueron obtenidos, a
costa de considerables esfuerzos, por Estados que imponen límites
a la apertura y por su voluntad de controlar las relaciones
exteriores. Afectando a todos los continentes, las crisis financieras
de los últimos años han recordado la fragilidad y la
dependencia persistentes del Sur. La integración de América
latina y del Caribe (19% del PIB continental, contra 81% para los
Estados Unidos y Canadá) en el seno de un acuerdo de libre
comercio que somete los más débiles a una lógica
neo-liberal que no funciona sino en beneficio de los más
fuertes, no sabría constituir, evidentemente, una solución
a su crisis estructural.
3. El
ALCA no es una iniciativa latinoamericana: fue concebida, desde 1990,
por la administración de los Estados Unidos (de G. Bush) y
relanzada (por G. W. Bush) en la Cumbre de las Américas de
2001. Pretende oficialmente “promover el desarrollo social
en un marco de equidad”, el objetivo del tratado fue, sin
embargo, presentado más prosaicamente al Congreso de los
Estados Unidos como debiendo “garantizar a nuestras empresas
el control de un territorio que se extiende desde el Polo Norte hasta
la Antártica y asegurar un acceso libre sobre todo el
continente, a nuestros productos y servicios, a nuestra tecnología
y nuestros capitales, sin obstáculos ni dificultades”[5].
El ALCA constituye la pieza maestra –y el aspecto económico
más determinante– de una estrategia global de
reorganización de la hegemonía de los Estados Unidos
sobre el sistema mundial, en la cual el control del hemisferio
occidental aparece primordial. Se trata para los Estados Unidos de
conservar el liderazgo sobre la tríada (Unión Europea y
Japón), e incluso sobre potenciales rivales (especialmente
China), pero también impedir el surgimiento de relaciones de
cooperación entre países del Sur más respetuosos
de sus intereses, en la línea de proyectos antiguamente
patrocinados por la CNUCED o la CEPAL, y más recientemente por
el G21[6].
4. El
ALCA ambiciona extender a la escala del continente el TLCAN (Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, entre los Estados
Unidos, Canadá y México). La puesta en marcha de este
último hace diez años había sido recibida “a
su manera”, en Chiapas, por el EZLN. Su dinámica se
inscribe en la lógica neo-liberal de los planes de ajuste
estructural las de reglas y medidas de disciplina de la OMC. Para
acelerar este proceso de integración a marchas forzadas, hacer
presión sobre los negociadores e intentar neutralizar las
oposiciones cada vez más vivas que plantea este proyecto, los
Estados Unidos ya han firmado una serie de tratados bilaterales o
regionales –a veces todavía más apremiantes.
Otros acuerdos específicos y decisivos (Planes Colombia y
Puebla Panamá) completan este dispositivo, previendo incluso
el recurso a las fuerzas armadas. Es muy significativo que el ALCA
sea propuesto en un momento de debilitación de América
latina (post crisis, endeudamiento, penetración del capital
extranjero...) y de implantación de nuevas bases
estadounidenses en el continente.

Un ataque contra la
democracia, la soberanía y el desarrollo
5. El
ALCA debe ser considerado, y combatido, por lo que es: un ataque
contra los derechos fundamentales de los pueblos de América
latina y del Caribe a la democracia, a la soberanía y al
desarrollo. Las negociaciones de los ante proyectos de acuerdo,
durante las cuales el presidente G. W. Bush accionó un
procedimiento de emergencia (Fast Track, en agosto de 2002),
se destacaron por su falta de transparencia y, sobre todo, por sus
violaciones a los principios democráticos más
elementales: ningún pueblo americano –ni si quiera sus
representantes en el Parlamento– fue debidamente informado,
invitado a las discusiones, consultado o llamado a pronunciarse sobre
la firma del tratado más determinante para el futuro del
continente. Esta es la manera como los partidarios del ALCA conciben
la participación, la libertad de expresión, el debate
contradictorio y la búsqueda de un consenso en las “34
democracias americanas”. El objetivo de este tratado no es
poner en marcha un proyecto de sociedad el cual responda a las
necesidades urgentes de la inmensa mayoría de la población;
sino simular un proceso legitimo de elaboración de un
marco legal que permita el saqueo del hemisferio por parte de
una ínfima minoría de poseedores.
6. El
ejercicio de la soberanía nacional, ya muy debilitada por el
neo-liberalismo, se ve directamente amenazada por el ALCA y limitado
por la supremacía de los tratados[7].
Éste es el caso del capítulo relativo a las inversiones
–réplica exacta del Acuerdo Multilateral sobre las
Inversiones (AMI), desviado sin embargo, hace poco, por la
movilización popular–: no se contenta solamente en dar
privilegios exorbitantes a los propietarios del capital (tratamiento
nacional), proteger a sus propietarios intelectuales (patentes) y
abrirles las puertas de todos los sectores clave, incluido los
servicios públicos (educación, salud ...) y los
recursos naturales (agua, biodiversidad ...); niega al Estado
receptor del capital extranjero el derecho a poner el más
mínimo límite a los inversionistas (o especuladores),
ya sea en materia de exportaciones, de acceso a la tecnología,
de contenido en empleos o del respeto del medio ambiente.
7. Los
derechos sociales de los trabajadores y de los pueblos siguen siendo
los grandes ausentes del ante proyecto de acuerdo. Su composición
caricatural da una idea del lugar que ocupan en las preocupaciones de
sus promotores: un corto preámbulo enunciando las pretendidas
virtudes del libre comercio y varios deseos piadosos preceden la
enumeración, con muchos detalles, de los múltiples
derechos sin deberes garantizados al gran capital. A imagen del
TLCAN, pero a diferencia de la Unión Europea o del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), el ALCA escoge reproducir en su seno
la dicotomía fundamental del sistema mundial capitalista, la
de los mercados integrados en todas las dimensiones, exceptuada la
del trabajo: la libertad de circulación en el continente no
concernirá las personas –excepto los “hombres
de negocios”. Teniendo en cuenta las fuertes diferencias de
productividad entre países, los efectos esperados de una
liberalización de los movimientos de mercancías y de
capitales, simultáneamente prohibida a los trabajadores
por el cierre de la frontera del Río Grande, serán
ciertamente las mismas observadas en México con el TLCAN.
Aparte de un aumento espectacular de las exportaciones en diez
años[8],
la economía mexicana se caracteriza sobre todo por:
intercambios exteriores que dependen cada vez más del mercado
de los Estados Unidos; las maquiladoras con condiciones de
trabajo absolutamente inadmisibles; las producciones agrícolas
aplastadas por la competencia de una agricultura estadounidense
moderna, subvencionada y protegida; las pérdidas de empleos y
de poder adquisitivo de los bajos salarios; las capas siempre más
numerosas de la población sumidas en la pobreza; la explosión
de las tentativas de emigración clandestina; y verdaderos
escándalos ecológicos. Ejemplo: en 2000, el Estado
mexicano fue condenado por “expropiación” por
el tribunal del Centro internacional de la Resolución de
conflictos ligados a la inversión, a pagar más de 16
millones de dólares a Metalclad, firma estadounidense, porque
había exigido de ésta que pusiera fin a una descarga de
productos considerados como peligrosos para la salud y para el medio
ambiente[9].

El imperativo de las
resistencias, la urgencia de las alternativas
8. La
inminencia y la gravedad de los peligros del ALCA han provocado el
crecimiento de las oposiciones a su entrada en vigor. Las
resistencias convergen de todos los sectores progresistas de las
sociedades civiles latinoamericanas y caribeñas: partidos
políticos, sindicatos de trabajadores obreros o campesinos,
movimientos sociales, indígenas, feministas... El auge de los
comités de lucha y el éxito de las manifestaciones,
marchas y consultaciones populares han contribuido a informar,
movilizar y organizar los pueblos de todo el continente. En
septiembre de 2002, más de 10 millones de brasileros dijeron
no al ALCA. Apoyados por este formidable impulso popular, ciertos
Estados (Cuba, Venezuela) supieron resistir y formular críticas
radicales contra el proyecto destructor, mientras que otros (bajo el
impulso de Brasil) pudieron renegociar el calendario y retrasar el
plazo, recordando que otra integración era y seguía
siendo posible.
9. La
nueva dinamización de MERCOSUR (que une a Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay), como también la del Pacto Andino o los
mercados comunes de América central y del Caribe, constituye
seguramente la vía de la integración en bloques
regionales susceptibles de hacer contra peso a la hegemonía
estadounidense. Pero para liberarse de esta última y para
reforzarse, estas regionalizaciones tendrán que obedecer a una
lógica diferente, puesta al servicio de los pueblos. Deben en
particular adaptarse a las exigencias propias de desarrollo de sus
economías; construirse sobre bases sociales sólidas;
ser concebidas de manera autónoma, democrática,
respetuosa de los derechos de los individuos y de los pueblos, pero
también del medio ambiente; responder a las necesidades de los
pueblos con programas públicos voluntaristas de
autosuficiencia alimenticia, de salud, de educación, de
infraestructura...; crear los mecanismos adecuados de perecuación
de los recursos asegurando una reducción tan rápida
como sea posible de las inigualdades intra- e internacionales;
encontrar las formas apropiadas de cooperación y de
harmonización de las decisiones...
10. El
ALCA es la negación pura y simple de los derechos humanos, y
especialmente el de la autodeterminación de los pueblos, pilar
de la Carta Internacional de los Derechos Humanos[10].
La Declaración