Panamá: El supuesto acuerdo de Barro Blanco
La historia es cíclica, máxime cuando las enseñanzas caen en tierra infértil, y la humanidad retorna a vivir el fenómeno social. El escenario del lunes 22 de agosto en Llano Tugrí, capital de la comarca indígena Ngäbé Büglé, es un episodio vivido con el régimen del ex presidente Ricardo Martinelli, cuando subestimó el potencial que tiene la gente del área rural (campesinado / indígena) por comprender qué verdaderamente beneficia a la colectividad, y no a los intereses empresariales.
El hecho muestra el cinismo y jerga del gobierno de Juan Carlos Varela y Roberto Meana de la Autoridad de los Servicios Públicos ASEP, que juegan a imponer argumentos que quienes rechazan la firma de un acuerdo que pone fin al conflicto energético de Barro Blanco, son un reducto grupo de familia que no representa la voz de la mayoría y el futuro del país. Sin embargo, la conducta ejercida y visibilizada en algunos medios de información, expone la casta y actitud lacayo para defender los intereses económicos que están vinculados a un grupo de poder nacional y que históricamente han saqueado los bienes del estado.
En nombre del desarrollo se arropan para madrugar a los pueblos con un discurso ambiguo y de caridad, en donde las promesas persisten por encima del respeto y moral. Y donde sus miradas y pensamiento hacia el prójimo indígena lo sustentan como gente pasajera y accesoria de un estado de derecho secuestrado y una democracia sostenida por poder político criollo, corrupto, desgastado y carente de capacidad para administrar el pecunio y la justicia.
Es suficiente ver cómo en las tribunas televisivas y serviles al sector empresarial, el gobierno panameño se empeña en confundir a la opinión pública que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, un 15 % de las ganancias beneficiará a los indígenas Ngäbés, sin tener un estudio de las condiciones e instrumentos para gestionar y ejecutar dichas ganancias. Qué descaro, que ni con la ley 11 del 2012 que puso fin a los enfrentamientos de San Félix, y que prohíbe concesiones mineras e hidroeléctricas, no han podido rendir cuenta de los avances de los supuestos beneficios. Y qué ironía firmar un supuesto acuerdo en la comunidad que dio vida a Jerónimo Rodríguez Tugrí, quién fue asesinado por las balas de la cobardía por el hecho de defender el ambiente y su gente. Lamentamos que aun las venas de nuestra América están desangrándose por seudo autoridades indígenas que entregaron su dignidad al capital transnacional.
Nos preguntamos también cómo piensan sustentar el nombramiento de la mano de obra, si la hidroeléctrica para que opere requiere de personal calificado y versado en materia científica y técnica. Vaya que golpe a la estima de los nobles indígenas, que pese a la falta de condiciones para tener una mejor vida digna, han podido rechazar la imposición y contaminación de las migajas y prebendas, para no vender su voluntad al negociado de las tierras.
Y en este mismo orden, nos preguntamos en qué sistema de valores hablan de seguridad jurídica, cuando han violado normativas y procedimientos que determinan la viabilidad o no de un proyecto industrial. Dónde queda la seguridad del soberano, que por mayoría desacredita la gestión de los últimos gobiernos que han utilizado los bienes del estado para enriquecerse ilícitamente.
Una hidroeléctrica, termoeléctrica, minería o extractivismo de bienes ecológicos, no es solución para la crisis ambiental global que se agudiza, pintada de economía verde. Un acuerdo que no es público, y en donde la empresa GENISA gestora de la represa sobre río Tabasará, desconoce, y rechaza, evidencia la imprudente actuación del gobierno de turno en asaltar por doquier las ganancias. Pero empresa como gobierno en favor de dicho proyecto como maniobren a diestra y siniestra, no gozan de crédito nacional y mérito ciudadano.
Creemos en el desarrollo bajo el concepto de lo humano y justo, dentro de la sustentabilidad con los bienes ecológicos, y en donde la transparencia sea la brújula para que la administración del estado beneficie en igualdad de oportunidades a los panameños. Y no en el posicionamiento como lo manifiestan los consejos empresariales e industriales nacionales, que buscan justificar lo injustificable, creando un ambiente de zozobra para la inversión extranjera, cuando son quiénes comen de soberanía producida del sudor de hombres y mujeres dignos de ser panameños.
Olmedo Carrasquilla Aguila
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Panamá