Durante estos días se está debatiendo en el Parlamento el acuerdo que impulsa el gobierno argentino con los llamados fondos buitre, empujados por los fallos judiciales de Estados Unidos. La mayoría de los bloques parlamentarios aceptan de modo general que la deuda externa en su totalidad es una obligación que no debe eludirse. Desde la última dictadura cívico-militar investigaciones y fallos judiciales locales establecen grados de ilegalidad e ilegitimidad del endeudamiento público. Ningún gobierno de esa fecha en adelante se tomó la iniciativa de darles curso, quedando olvidados en los cajones de los archivos del Congreso y el Poder Judicial argentino. La lógica que nos imponen es pagar y no investigar los orígenes de la deuda.

 

El argumento que utiliza el gobierno para conseguir apoyo a las negociaciones es que si no se accede a más créditos para pagar deuda, la opción sería aplicar un ajuste. Los despidos a trabajadores estatales y privados deja en claro que el ajuste ya se está llevando adelante. El escenario se complementa con una economía en recesión, una política monetaria restrictiva, la limitación en los “techos” salariales para disciplinar al movimiento obrero, la disminución y eliminación de retenciones y el aumento de precios que vino de la mano del alza del precio del dólar. Todo esto lleva a una película repetida: mayor empobrecimiento de los trabajadores, la mayoría del pueblo y más ganancias de los empresarios.

 

Las investigaciones y fallos locales establecieron que esa deuda es ilegal, ilegitima y odiosa. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) consideramos que antes de pagar la deuda es necesario realizar una profunda auditoria para dejar en claro si la misma es real o “dibujada”. Esa auditoría no debe quedar en manos de supuestos expertos, sino que tiene que tener participación popular a través de sus organizaciones. Una vez conocidos sus resultados y difundidos masivamente se podría plantear la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

 

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa del gobierno y el partido de la deuda, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa. Desde la CTA A rechazamos la nueva ronda de endeudamiento que hipoteca al pueblo argentino.

 

Buenos Aires, Miércoles 16 de marzo de 2016

 

José Rigane

Secretario General Adjunto

 

Ricardo Peldro

Secretario General Adjunto

 

Pablo Micheli

Secretario General

 

Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma