Las organizaciones sociales, comunitarias, populares y progresistas integrantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) planteamos la necesidad urgente de que la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Gobierno Central y Gobiernos Locales realicen acciones urgentes para asegurar la gobernabilidad y hacer justicia.  Los ámbitos de más urgente acción son los siguientes:

1. Seguridad pública. Es necesario implementar políticas de seguridad integrales que combinen eficazmente los componentes de prevención, represión, reinserción y atención a víctimas de la violencia; y que la estrategia de control y persecución penal golpee también al gran crimen organizado que utiliza a las pandillas, a quienes les proveen armas y a los políticos que posiblemente estén detrás de la perversa estrategia de generar terror con la violencia pandilleril. Toda la institucionalidad del Estado debe estar en función de este esfuerzo por la seguridad y los diferentes sectores sociales, gremiales, políticos, religiosos y académicos debemos respaldarlo.

2. Financiamiento estatal. El gobierno central y las municipalidades necesitan recursos para atender las necesidades de la población, especialmente para financiar los planes y programas de seguridad pública, aumentar la inversión social y reactivar la productividad del país. Para esto es necesario que el Ejecutivo combata más eficientemente la evasión y elusión tributaria de los empresarios oligarcas, la Asamblea Legislativa apruebe una Reforma Fiscal Progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y que la Sala de Lo Constitucional ya no boicotee los ingresos del gobierno descongelando la emisión de los 900 millones de dólares en bonos, liberando los fondos para la inversión en seguridad.

3. Lucha contra la corrupción. La Fiscalía debe procesar a todos los ex funcionarios/as corruptos/as y el Sistema Judicial no debe generar impunidad, especialmente en el emblemático caso del ex presidente arenero Francisco Flores Pérez y los “destinatarios” de los millonarios donativos de Taiwán que eran para beneficiar a los afectados por los terremotos de enero y febrero de 2001. El nuevo Fiscal General debe demostrar que realmente será “el fiscal del pueblo” procesando a todos los ex funcionarios que robaron dineros del pueblo y la Corte Suprema de Justicia debe depurar a los jueces que los dejan libres.

4. Salario mínimo. El salario mínimo debe incrementarse, aprobando la propuesta de 300 dólares en la zona urbana y 250 para la zona rural que hacen las organizaciones laborales y el Ejecutivo. El aumento de los salarios y la reforma fiscal progresiva deben ser apuestas permanentes para una distribución más justa de los ingresos. El país debe repudiar la actitud mezquina, insolidaria y miserable de la ANEP y demás gremiales empresariales que se oponen a la dignificación salarial.

5. Crisis ambiental. El país urge revertir el grave deterioro ecológico, sobre todo de los recursos hídricos. Por tanto, es especialmente urgente aprobar la Ley General de Agua, bloqueada por los intereses privatizadores que defienden los partidos de derecha en la Asamblea. El país debe también prohibir definitivamente la minería metálica y el uso de agro tóxicos para la producción agrícola, implementar una política integral de gestión de riesgos y un plan de adaptación al cambio climático que evidencia sus estragos en los efectos de las sequías de los últimos años.

6. Democratización de las comunicaciones. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones que estudia una comisión ad hoc en la Asamblea debe orientarse a la democratización del espectro radioeléctrico y la generación de una mayor diversidad mediática. ASGOJU apoya las propuestas de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) y reivindica la comunicación como un derecho humano.

7. Reformar el Sistema de Pensiones, privatizado por la derecha oligárquica en el año 1998. Es urgente discutir públicamente las razones de la crisis del sistema de pensiones para encontrar una solución que no afecte a los cotizantes; crisis que no se resuelve con mandatos de incrementar el interés que el Gobierno Central paga sobre los préstamos que legalmente toma de los fondos de las y los trabajadores según la Ley del Fideicomiso del Fondo de Pensiones aprobada por los diputados de ARENA y PCN en el año 2006.  Exigimos que se brinde a la población cotizante la opción real de escoger el tipo de sistema en el que desea colocar sus aportaciones para su futura pensión y que se ponga un alto al cobro excesivo de comisión por administración que está enriqueciendo a las AFP en detrimento de los fondos para jubilación de la población cotizante.

Durante este año 2016 impulsaremos como ASGOJU una serie de acciones de incidencia para avanzar en las propuestas y demandas aquí planteadas, necesarias todas para asegurar la gobernabilidad y hacer justicia: campañas, iniciativas legales, movilizaciones, etc.

San Salvador, 26 de enero de 2016.