Por primera vez en Chile, profesionales de la salud que asistieron al seminario internacional “Plaguicidas Altamente Peligrosos y Transgénicos: Impactos en Chile y Argentina”,  conocieron por colegas y especialistas trasandinos, las consecuencias del uso masivo de plaguicidas altamente  peligrosos (PAP). El seminario, realizado el  29 de agosto de 2015 en Santiago de Chile, fue organizado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Allí  se apreció el dilema de la salud,  planteada como un derecho humano vulnerado por la indiferencia  cómplice de autoridades marcadas por conflictos de interés. Los gobiernos de Argentina y Chile protegen los agronegocios y no la salud de las personas,  haciendo oídos sordos a las denuncias y a la demanda de prohibición del glifosato (nombre comercial Roundup),  un herbicida utilizado ampliamente en América Latina y el mundo.

 

Estas demandas surgieron tras conocerse en marzo de este año, la decisión de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud, de clasificar al glifosato como probable carcinógeno en humanos (grupo 2A).  

 

Entre los casi 40 participantes del seminario –la mayoría mujeres-  hubo médicos del Hospital de niños Roberto del Río (Sistema Salud Metropolitano Norte), un representante del Colegio Médico, así como profesionales de salud del CESFAM de Paine, comuna  donde funciona una planta de granos de Monsanto; médicos y directivos de un SAPU y un  CESFAM de Viña del Mar;  médicos independientes, enfermeras, psicólogos, bioquímicos y nutricionistas. También participaron especialistas en enfoque de género y/o en salud pública; así como practicantes de terapias complementarias y estudiantes de materias relacionadas con el tema.

 

Los panelistas

 

En el seminario, expusieron sobre la situación en Argentina, el Dr. Medardo Avila, pediatra, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien se desempeña en el Hospital de Clínicas de Córdoba y fue ex subsecretario de salud de esa provincia;  y el ingeniero agrónomo Javier Souza,  profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,  presidente de Pesticide Action Network PAN, y Coordinador regional de RAP-AL. La agrónoma cubana Nilda Pérez, experta en control biológico de plagas (Universidad Agraria de La Habana) compartió una ponencia, en tanto que la realidad chilena fue abordada por el Dr. Andrei Tchernitchin (Universidad de Chile) y la investigadora Liliana Zúñiga (Universidad Católica del Norte).  Por RAP-Chile, intervinieron su coordinadora nacional, María Elena Rozas,  y Lucía Sepúlveda, que también es vocera de la campaña “Yo No Quiero Transgénicos en Chile”.  La jornada se realizó en Santiago de Chile, en el Hotel Cap Ducal, entre las 9 y las 19 horas. 

 

Cáncer y transgénicos

 

El Dr. Medardo Ávila relató que en Argentina hay 24,5 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (20 de soja y 4,5 de maíz), con 12 millones de personas afectados por el aumento sin precedentes de cánceres, abortos espontáneos, malformaciones congénitas o daños neurológicos. “Los dueños  de los cultivos van a Buenos Aires a atenderse, se pueden defender”,  dijo el pediatra, “pero los pobres del campo, sus niños y sus mujeres,  los pequeños campesinos y  los miembros de pueblos originarios, simplemente mueren”. El trabajo clínico  con la población afectada en los hospitales de Córdoba, Rosario y Santa Fe es una fuente importante de datos. Información relevante ha sido recogida en trabajo en terreno en localidades como el pueblo de Monte Maíz (Córdoba), donde médicos y estudiantes encuestaron en forma inédita a la población pesquisando los casos de cáncer y malformaciones, y procesando los resultados en la Universidad de la Plata.

Agregó el Dr. Avila que cincuenta estudios de nueve países muestran un aumento de la tasa general de cualquier malformación cuando los padres han estado expuestos a plaguicidas.  El médico también dio cuenta que la población afectada ha reaccionado, impidiendo  que Monsanto concretara  la construcción de una planta de procesamiento de granos  en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Precisamente en esta localidad comenzó la resistencia hace más de diez años,  cuando las Madres del Barrio Ituizangó se organizaron ante las muertes de niños por cáncer,  llegando incluso a tribunales en 2013.

 

Promesas no cumplidas

 

El ingeniero agrónomo Javier Souza, por su parte, señaló que las siembras de semillas transgénicas en Argentina  proliferaron décadas atrás con la promesa de reducir  los costos de producción, la cantidad de agrotóxicos utilizados y las emisiones de dióxido de carbono.  Pero -denunció-  lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Argentina es hoy un ejemplo claro de la baja sustentabilidad, falta de equidad,  degradación ecológica y  cultural asociadas a estos cultivos. Debido al uso reiterado de los mismos plaguicidas, se crearon condiciones de resistencia genética, lo que incrementó la utilización de herbicidas e insecticidas con el consiguiente impacto negativo en el ambiente y en la salud de trabajadores y trabajadoras  y población expuesta.

 

En Argentina, el crecimiento de cultivos transgénicos ha significado la expansión de los monocultivos, la utilización de plaguicidas altamente peligrosos y el  reemplazo de actividades agrarias tradicionales como la ganadería,  la producción de maíz,  hortalizas y frutas. También generó expansión de la frontera agrícola y  deforestación. J. Souza citó  datos oficiales sobre deforestación 2007 - 2013,  que asciende a 1.893.128 hectáreas, lo que equivale a remplazar una hectárea de bosques cada dos minutos, por cultivos de soja. El mercado de agroquímicos creció de 120 millones de kilos en 1997 a 300 millones en el período 2009/2010.

 

Indicadores de daño en Chile
 

La investigadora Liliana Zúñiga, del laboratorio de Neurotoxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte compartió la metodología, objetivos y resultados de  estudios realizados en la región de Coquimbo, sobre Biomarcadores de la exposición de temporeros a plaguicidas organofosforados, en especial clorpirifos.  Explicó la importancia de contar con un indicador (un biomarcador) para medir, por ejemplo, el daño en el ADN (con el Ensayo del Cometa) o bien alteraciones fisiológicas de comportamiento tales como fallas de memoria, las que se pueden asociar a un daño o enfermedad.  A partir del hecho de que la proteína de la sangre PON1 es capaz de eliminar los plaguicidas del cuerpo,  la investigación evidenció que las personas que portaban el alelo Q de esa proteína, presentan una  menor eficiencia para metabolizar el clorpirifos en comparación con quienes portan  otra condición genética (el alelo R). Justamente quienes tienen la condición Q representan la mayoría de la población afectada. La investigación concluye proponiendo que se considere además los niveles de enzima (status PON1) como indicadores de susceptibilidad a la toxicidad de los insecticidas organofosforados. Se trata del único estudio de este tipo con trabajadores y trabajadoras agrícolas, que incluyó un  centenar de personas entre afectados y  grupo de control, en la comuna rural de Paihuano.

 

Un daño diferido: el “imprinting”

 

Sobre el “imprinting”, impacto generado durante la exposición prenatal o infantil temprana a agrotóxicos,  metales pesados y otros agentes como las dioxinas, expuso el Dr. Andrei Tchernitchin, toxicólogo e investigador  quien participó en representación del Colegio Médico de Chile y es presidente de su Comisión de Medio Ambiente.

 

El imprinting por exposición hormonal (ejemplo, el DDT que presenta actividad estrogénica) genera entre otros problemas,  cambios en la programación celular y en la acción de las hormonas, así como patologías que se presentan en forma diferida, años después del nacimiento. El investigador concluyó que numerosas enfermedades de los adultos pueden tener su origen en la exposición perinatal a los agentes inductores del imprinting, muchos de ellos plaguicidas.

 

Por tanto medidas de prevención durante el período de vulnerabilidad  pueden determinar “una mejoría sustantiva en las condiciones de salud para las futuras generaciones”. 

 

El omitido daño crónico

 

María Elena Rozas, de RAP-Chile señaló que hasta hoy los organismos encargados del registro y regulación de los plaguicidas los clasifican con un antiguo criterio, es decir, únicamente por su efecto agudo, omitiendo el efecto crónico, que puede ir desde un cáncer hasta alteraciones de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductivo, entre otros. Agregó que en Chile, Argentina y otros países de la región, los plaguicidas  se venden con etiquetas sin  frases de riesgo crónico lo que impide la prevención  de graves enfermedades que se expresan en el mediano y largo plazo. Asimismo, destacó,  que el criterio para fijar el Límite Máximo de Residuos en alimentos, LMR,  viene del  siglo XV  y desconoce que hoy la población y los trabajadores están expuestos  a múltiples plaguicidas, por lo que las dosis de los venenos no pueden calcularse  aisladamente. Los daños a la salud y al ambiente se han incrementado por estos factores, a los que se suma  el auge del sector agroexportador y otros problemas asociados.

 

Esta situación, que se repite en la mayoría de los países,  llevó al reconocimiento de una nueva categoría emergente,  los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) que son aquellos que representan riesgos agudos o crónicos particularmente elevados para la salud o el medio ambiente. También es clara  la necesidad de establecer nuevos  criterios e impulsar acuerdos internacionales para avanzar en la prohibición gradual de estos plaguicidas  y apoyar alternativas.  Agregó que representa un gran avance el  reciente llamado  a formar una “Alianza mundial para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos” realizado  por gobiernos  de la región africana más algunos países de América Latina, Asia, Europa del Este, junto a ONGs como PAN Internacional,  RAP-AL,  IPEN y la Confederación Internacional de Sindicatos de Trabajadores. Destacó que el objetivo es aumentar la conciencia de las autoridades gubernamentales y los organismos reguladores, los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, la industria privada, los consumidores, los trabajadores, los sindicatos, especialistas  y servicios de salud acerca de los efectos nocivos de los plaguicidas altamente peligrosos y la disponibilidad de alternativas seguras a los plaguicidas, para proteger la salud y el ambiente.

 

Prohibición del glifosato

 

Lucía Sepúlveda, de RAP-Chile y YNQT,  expuso acerca de Glifosato y los Transgénicos, cultivos que siempre utilizan plaguicidas peligrosos. Informó que además del Roundup de Monsanto,  SAG autoriza en Chile 38 marcas con este principio activo,  y de ellas 14 son productos  fabricados por China. SAG y Aduanas se han negado a revelar la cantidad de glifosato que ingresa anualmente a Chile. Sólo se sabe de su uso en las 117.418 hectáreas existentes de cultivos de maíz (convencional y semilleros transgénicos), pero no hay cifras oficiales de su extendido uso en hortalizas y especies exóticas como pino y eucaliptus.  Tampoco se publica la mortalidad por cáncer y malformaciones desagregada por comunas, lo que impide visualizar claramente las áreas más impactadas.

 

Para RAP-Chile la demanda de prohibición del glifosato y de los plaguicidas que matan a las abejas, implica una apuesta por una forma de producción diferente de nuestros alimentos, a partir del uso de semillas libres de plaguicidas, patentes y transgénicos. La propuesta no es sustituir un plaguicida por otro, sino optar por formas de producción agroecológica, respetuosas de la naturaleza y de la vida de todos los seres.  Para ello llamó a apoyar las experiencias locales y sectoriales que se levantan en ese sentido y a  construir una alianza socio-ambiental que incluya a profesionales de la salud, a consumidores, a campesinos y huerteros, ambientalista, estudiantes y chef que hagan realidad este nuevo paradigma.

 

Las tendencias en Cuba

 

La ingeniera agrónoma, Nilda Pérez, expuso sobre “Tendencias en el uso de plaguicidas y agentes de control biológico en Solanum tuberosum L., en Cuba”. Destacó que desde la década de 2000 hay una reducción de más del 75% del uso de plaguicidas en Cuba, pero en el caso de la papa se usan plaguicidas altamente peligrosos.  En una evaluación realizada  en la  Universidad Agraria de La Habana sobre la tendencia del uso de plaguicidas y agentes de control biológico en el cultivo de la papa en el trienio 2011-2013, se identificó las regiones donde se cultiva la papa y  los posibles ecosistemas estratégicos afectados  en relación con el uso de plaguicidas químicos. De los 52 ingredientes activos aplicados, 16 tienen al menos un efecto negativo comprobado sobre la salud y/o ambiente; y entre los 15 que  tienen posible efecto carcinógeno,  destaca el mancozeb. Respecto a la cantidad de plaguicidas aplicados por tonelada de papa (kg ia/t), en el trienio en Artemisa creció 329 %, lo que significa que es 2.3 veces más alta que media nacional. Esa provincia se identificó como ecosistema vulnerable  en relación con el uso de plaguicidas y prioritario para la aplicación de estrategias orientadas a la reducción de estos contaminantes y políticas preventivas en salud.

 

Los asistentes al seminario, que promovió un amplio e inédito debate sobre estos temas, mostraron su ánimo de continuar vinculados y quedaron convocados  al tercer congreso de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, a realizarse en octubre próximo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

 

Santiago, septiembre de 2015

 

Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile