CONTENIDO

Pág.

1. PRESENTACIÓN

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2. INTRODUCCIÓN

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3. RECUENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERIODO Mayo 2012 – Mayo 2014

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EL PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA

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TIERRA, TERRITORIOS Y RECURSOS

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DISCRIMINACIÓN: UNA POLÍTICA OCULTA DEL ESTADO COSTARRICENSE

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EL MODO INTEGRACIONISTA DE OFICIALIZAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA DISCRIMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

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VULNERACIÓN DEL DERECHO DE CONSULTA, COMO EXPRESIÓN DE LA IMPOSICIÓN DISCRIMINATORIA DE LA SOCIEDAD HEGEMÓNICA.

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GOBERNABILIDAD INDÍGENA. Estructuras Formales para Perpetuar la Discriminación: La Entidad Estatal Indigenista y las Asociaciones De Desarrollo Integral Indígenas (ADI’s).

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4. TIERRAS/ TERRITORIOS

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5. RECURSOS

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6. CONSULTA INDÍGENA

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7. GOBERNABILIDAD INDIGENA

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8. Comparación de las conclusiones y/o recomendaciones más relevantes incumplidas por el Estado, referidas a Pueblos Indígenas, hechas por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos en su 19º período de sesiones del 28 de abril a 9 de mayo de 2014, al Estado de Costa Rica.

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9. RECOMENDACIONES.

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Con Relación al Proyecto De Ley De Desarrollo Autónomo De Los Pueblos Indígenas.

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Respecto al Despojo y Usurpación de Tierras / Defensa Y Recuperación De Tierras.

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Referente a los Derechos de los Pueblos Indígenas Sobre los Recursos Naturales Existentes en sus Territorios

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Concerniente a los Recursos Hídricos

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Vinculado a la Consulta Indígena

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Referente a la Gobernabilidad Indígena

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Anexos

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El Despojo de las Tierras Indígenas por Parte de Intereses No Indígenas es Solo Causa de la Falta De Voluntad Política de Hacer Cumplir las Leyes y Convenios Internacionales.

La pérdidas de tierras indígenas en Costa Rica, es el producto casi exclusivo de una falta de voluntad política del Estado de apoyar procesos de reivindicación, y de una real dificultad de las comunidades indígenas de acceder a la justicia. No debería en el sistema jurídico costarricense haber perdida de tierras indígenas. Se declaró la inalienabilidad de los territorios indígenas desde la emisión de la Ley General de Terrenos Baldíos del año 1939. Esas características especiales de las tierras, fueron ratificadas con la aprobación que en el sistema costarricense se dio del Convenio 107 de la OIT en el año 1959, el cual conforme al artículo 7 de la Constitución Política tiene un rango superior a la ley.

Luego la Ley Indígena (N°6172 de 20 de Noviembre de 1977) dispuso en sus numeral 3 la inalienabilidad, imprescriptibilidad, intransferibilidad y exclusividad indígena de las reservas indígenas. Esa misma Ley Indígena, en su artículo 5 prohibió las transacciones de tierra entre indígenas y no indígenas, e inclusive entre no indígenas entre sí.

Para el año 1992, por medio de la Ley No. 7316 de de 3 de noviembre de 1992, se incorpora en el sistema jurídico costarricense el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, denominado Convenio No. 169 de la OIT. El mismo en sus artículos 13 y 14 dispone el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras. En el sistema costarricense desde 1989 se reformó el numeral 48 Constitucional y se definió la tutela constitucional de los instrumentos de derechos humanos, en tal sentido, siendo el Convenio 169 de la OIT un cuerpo normativo internacional que tutela los derechos humanos, quedó integrado dentro de los alcances de ese precepto constitucional. Por ello se ha dicho que los derechos consagrados en ese Convenio –que no aparecen referidos en la Carta Magna- tienen rango constitucional. En consecuencia, el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras es un derecho que alcanza un rango constitucional.

Legislación como el Decreto Ejecutivo N^o 34312 (Declaración de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad) del seis de febrero de dos mil ocho, contrario a los derechos indígenas, fortalece los intereses de los no indígenas y de empresa incluso transnacionales de apoderarse de la tierra, territorio y recursos indígenas, situación ante la que los indígenas  expresan su férrea defensa, tal como sucede en el Territorio de Térraba y territorios circunvecinos.

1. Los Problemas de Acceso a la Justicia que Enfrentan los Pueblos Indígenas Cuando Desarrollan Estrategias para la Recuperación de Tierras.

Los pueblos indígenas han encontrado serios obstáculos por parte de las instituciones públicas a la hora de establecer procesos de defensa y recuperación de sus tierras.

El sistema costarricense no reconoce a las organizaciones tradicionales como entidades válidas para la defensa y recuperación de sus tierras y delega esa potestad en las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas, siendo que éstas forman parte de la estatal CONAI, en realidad no se ha impuesto ninguna estrategia de recuperación de tierras o de apoyo a los procesos de reclamo de tierras.

Esta problemática está relacionada con la manera en que el Estado niega el derecho al autogobierno indígena así como desconoce las normas culturales de cada pueblo, generando un estado de indefensión tal que favorece a los usurpadores y comerciantes de tierras. Asimismo desestructura la sociedad indígena, desarticula los mecanismos de organización local y por ende, la defensa de sus derechos.

Las organizaciones indígenas han venido implementando procesos internos de recuperación de tierras, ajustados al derecho de los derechos humanos. Dichos procesos no son del todo reconocidos por las instancias agrarias, se hace necesario una segunda fase que resulta en un proceso lento, oneroso, que no respeta las particularidades culturales como el idioma, costumbres y otros, pero que además pone en duda el derecho a la jurisdicción indígena.

Por otra parte, el Estado impide los procesos de recuperación de tierras al no asignar presupuesto suficiente para ese fin, como es su deber.  En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, no incluye la  recuperación de tierras, tampoco existe ni ha existido una estrategia de recuperación de tierras. Tampoco asigna recursos propiamente a las ADI’s para financiar procesos de recuperación de tierras en vía administrativa o judicial.

Pese a la antigüedad del problema y del reclamo de los pueblos, el problema de tenencia de tierras como producto del despojo y usurpación se mantiene y en algunos casos de manera muy grave la mayoría de veces propiciado por el Estado costarricense. En los territorios indígenas ha existido siempre una presión por la tierra y sus recursos lo cual ha incidido en que los indígenas apenas posean en muchos casos menos de la mitad de las tierras que legalmente les corresponde.

2. Acciones gubernamentales que niegan la propiedad y tenencia de la tierra de los pueblos indígenas

La Estrategia gubernamental para la Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (REDD+), por un lado potencia lo eminentemente forestal y económico; y por otro lado limita el acceso a las mismas, así como al uso de los sistemas culturales de producción indígena.

El gubernamental Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el 19 de abril del 2011 (día nacional del indígena costarricense) presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Indígena (Ley N^o 6172). Con este acto se deja en evidencia una acción sistemática orientada a eliminar o socavar los fundamentos jurídicos del derecho de propiedad y de autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Finalmente la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso[8].

Los Recursos Naturales Existentes en los  Territorios Indígenas. Amenazas y Despojos: Recursos Hídricos, y Recursos de la Biodiversidad Existentes En Los Territorios Indígenas.

La ocupación que personas e intereses no indígenas, han hecho de las tierras de los pueblos ancestrales, incide en un deterioro evidente de los recursos naturales, especialmente en suelos, agua, flora y fauna, elementos culturales y en general la pérdida de la biodiversidad asociada a los modos de vida indígena, ya que los pueblos indígenas han mantenido tradicionalmente estas áreas.

La relación espiritual y material de los indígenas con la tierra se ha visto continuamente deteriorada y se pone en riesgo la continuidad de estos pueblos, sin que el Estado actúe con determinación para resolver el problema, siendo evidente la ausencia de voluntad política del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

El problema de la amenaza y despojo sobre los recursos naturales en los territorios indígenas presenta varias aristas y no puede estar disociada a otros tres grandes temas: la tenencia de las tierras  y los  territorios indígenas,  y el derecho al mantenimiento y ejercicio de la propia cultura y por supuesto al derecho a la libre determinación.

El problema principal radica en que a pesar de que desde el punto de vista normativo ya se han incorporado a la legislación interna del país importantes avances en este tema, la realidad es otra y al día de hoy los pueblos indígenas de Costa Rica encuentras serias limitaciones al ejercicio permanente de su derecho a la propiedad, control, gestión y uso de los recursos naturales.

Desde mediados de la décadas del setenta el Estado creo las “Reservas Indígenas”. Esta constitución de territorios fue más retórica que real en su aplicación, en primer lugar estas “reservas” se crearon sin la participación real de las comunidades indígenas hecho que derivó que muchos sitios de importancia espiritual y de subsistencia (sitios de pesca, cacería y de materia prima para las artesanías) quedaron fuera de estas delimitaciones.

Se supuso asimismo que todas los recursos naturales a lo interno de éstas “reservas” pasaban a manos indígenas, sin embargo amen de la desidia política de todos los gobierno, hasta la fecha actual, nunca se llevo a cabo un proceso de indemnización y menos aun de desalojo y expulsión a aquellas personas que de una u otra forma se habían apropiado de tierras indígenas, tanto que al día, en muchos territorios indígenas de Costa Rica las tierras y sus recursos naturales están en manos de personas no indígenas.

Las reservas de agua que están en manos de personas no indígenas, son un ejemplo de ese control externo de los recursos naturales.

Un problema subyacente es que en años recientes ha proliferado una serie de disposiciones jurídicas que de cierto modo limitan el acceso de los indígenas a estos recursos, es así que en muchos territorios indígenas se prohíbe la caza y la pesca y de esa manera se desconoce el derecho ancestral a la práctica de estas costumbres. Sin embargo estas disposiciones nunca fueron consultadas a los pueblos indígenas.

En años recientes el estado Costarricense asimismo ha limitado el acceso a estos recursos mediante la creación de políticas públicas destinadas a la conservación de los Recursos Naturales las cuales tampoco fueron consultadas con los pueblos indígenas ni estos tuvieron ocasión de participar en su formulación.

Serias  amenazas para los recursos bosques, hídricos, la biodiversidad, culturales y espirituales, existentes en los territorios indígenas, resultan ser, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), que ha realizado una serie de estudios, cuyos resultados está empeñado en ocultar a los pueblos indígenas, pese a las múltiples peticiones de la dirigencia indígena del Territorio de Térraba, incluso acudiendo a la Corte de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, y a las agencias especializadas de las Naciones Unidas, sin éxito alguno. De igual manera el proyecto eléctrico “Reventazón” que se encuentra en construcción, sin participación y consulta indígena.

Esta situación se agrava, al carecer los indígenas de recursos económicos dotados por el Estado o propios para realizar sus propios estudios técnicos que reflejen los impactos reales de proyectos como el PH El Diquís y el PH Reventazón.

Serias amenazas son también, el Programa de Pago de Servicios Ambientales diseñados a la usanza convencional, por lo mismo los recursos que genera no necesariamente están contribuyendo a un cambio económico y social en los pueblos indígenas; los decretos para el aprovechamiento forestal en territorios indígenas; la Política de Manejo Compartido de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica;  y la Estrategia gubernamental para la Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (REDD+).

Problema importante es el referido al interés cada vez más creciente  por la explotación de los recursos de la biodiversidad en territorios indígenas, mediante la apropiación del conocimiento indígena por medio del patentamiento de especies o conocimientos indígenas, hecho que se deriva del Libre Comercio con Estados Unidos DR-CAFTA, aprobado por Costa Rica hace cinco años.

Otro problema serio es la explotación del estado y de la iniciativa privada, y la restricción a los indígenas de los recursos con que cuentan las tierras de uso cultural a la que el estado les ha sobrepuesto: Refugios de Vida Silvestre; Parques nacionales e internacionales; Reservas Biológicas; Zonas Protectoras de Ríos; Zonas Protectoras Terrestres; Humedales; y Reservas Forestales; con lo que se limitan los derechos indígenas a su cuido y uso cultural.

La sentencia de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaku contra Surinam, de fecha 28 de noviembre de 2007, estableció un nuevo estándar sobre derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, así como sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, respecto de los planes de inversión y desarrollo en sus territorios, y el respecto que deben tener los procesos de concesión para actividades de exploración o explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

La Vulneración del Derecho de Consulta, Como Expresión de la Imposición Discriminatoria de la Sociedad Hegemónica.

El Estado costarricense sistemáticamente en la práctica ha venido desconociendo el derecho a consulta y participación de los pueblos indígenas en la formulación de estrategias políticas institucionales que les afecta, pero sobre todo no reconoce las características culturales de estos pueblos.

El sistema político no ha diseñado, luego de más de veintitrés años de haberse aprobado el Convenio 169 de la OIT, un procedimiento de consulta que asegure a los pueblos indígenas su participación y consulta en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, y en consecuencia todos estos programas son elaborados desde una visión estatal; es más se les niega la información, donde no han habidos formas administrativas, políticas ni judiciales para que a los indígenas se les entregue copia de los estudios correspondientes. Así las políticas puestas en marcha desconocen el carácter cultural  de los pueblos indígenas, y les discrimina en el tanto obstaculiza el ejercicio pleno de sus identidades.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), resulta nuevamente ser el caso emblemático de violación al derecho a la consulta indígena, ilegalmente ingreso, construyó carreteras, casa de máquinas y viviendas para sus trabajadores, al Territorio Indígena de Térraba. El PH El Diquís, niega información a los indígenas, fomenta el divisionismo y la ingobernabilidad con la finalidad de incumplir con los procedimientos mínimos para la celebración de la consulta. Situación que ha llevado a los indígenas a organizar la promoción y defensa de su tierra y territorio, así como a exigir la consulta en base a la experiencia generada en el Proyecto de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, lo determinado por el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Al no funcionar las gestiones directas ante el PH El Diquís, la dirigencia indígena de Térraba acudió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quién  denegó la petición indígena, posteriormente la misma dirigencia haciendo uso de la normativa internacional acudió a agencias de la ONU, y en el abril del dos mil once, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU (gestionada por organizaciones indígenas del Territorio de Térraba, y con las formalidades protocolarias del gobierno costarricense) visitó oficialmente el país, presentando el  treinta de mayo del mismo año, sus recomendación, entre ellas:

1. La necesidad de un proceso de consulta adecuado

1. El objetivo de la consulta: el consentimiento libre, previo e informado
2. Medidas para establecer un ambiente de confianza
3. La participación y representación en el proceso de consulta
4. La definición del proceso de: la “consulta sobre la consulta”
5. La mitigación de la asimetría en las condiciones de poder
6. Una propuesta: un equipo de expertos independientes para facilitar el proceso

Recomendaciones que por un lado, fueron aceptadas por el gobierno, pero al momento de elaborar este informe no han tenido ninguna implementación por parte del mismo estado, y por otro lado, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, primero se debe de consensuar la metodología utilizarse, definir el tipo y calidad de información previa que se debe facilitar, hacer evaluaciones propias de las organizaciones indígenas a través de estudios técnicos, para ello el estado debe proveer los recursos necesarios en forma directa a las organizaciones.

Después de la visita del Relator, precisamente en el mes de setiembre del dos mil once, la Sala Constitucional, ante una acción presentada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI), del territorio de Térraba, emite un voto en el cual ordena al ICE la celebración de la consulta indígena y le concede un plazo de seis meses para la realización de la misma. Voto que paradójicamente contraviene las recomendaciones del señor Relator. El plazo otorgado por la Sala Constitucional al ICE ya ha vencido y el ICE ha incumplido, acto que es constitutivo de delito penal.

En resumen las instituciones gubernamentales tienen como práctica reducir la consulta y participación indígena, a la simple presencia en talleres, llevados a cabo bajo procedimientos metodológico convencionales, desconociendo a propio la legislación en esa materia y sobre todo las particularidades culturales de los pueblos indígenas.

Por su parte los indígenas avanzan con paso firme en un proceso para la elaboración de una “Guía para la construcción de un acuerdo de los representantes indígenas sobre una propuesta de Estándares Mínimos establecidos en materiade Derecho a la Consulta, para ser consultado con las comunidades de losterritorios indígenas en Costa Rica”.

Formas ancestrales de gobierno indígenas mediatizadas por la Entidad Estatal Indigenista y las Asociaciones De Desarrollo Integral Indígenas (ADI’s)

El Estado al reglamentar la Ley Nº 6172 (Ley indígena) de 1977, imposibilitó que los Territorios Indígenas se rijan por sus estructuras comunitarias tradicionales y les impuso las ADI’s, que son un mecanismo de organización y representación alejada de la realidad cultural de estos pueblos, y que como expresión del sistema hegemónico desconoció las formas tradicionales de organización y de autoridades  ancestrales. ADI’s que en muchos casos cuentan entre sus asociados a personas no indígenas, al extremo que en el caso del Territorio Indígena de Térraba, los no indígenas son aproximadamente el 60% de los asociados.

El problema fundamental es que son entes estatales como la Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario “DINADECO”, y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas “CONAI) que se localizan en la capital, los que deciden cualquier situación relacionada con la vida interna de las entidades comunales indígenas. Con la agravante que la CONAI tiene una larga historia de obstruccionismo y oposición al desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

Los problemas de gobernabilidad existentes en los territorios indígenas de Costa Rica, han sido motivados en principio por la anulación de las formas propias de gobierno indígena y la imposición de una figura externa como entidad administradora de los territorios indígenas, y en segundo lugar por las desafortunadas acciones del estado nación a través de sus instituciones como DINADECO Y CONAI, haciendo caso omiso de las denuncias que sobre la mayoría de las asociaciones de desarrollo indígena (ADIS) les presentan los Pueblos Indígenas, así como orientando y validando procedimientos contrarios a la legislación nacional e internacional en materia de derechos indígenas.

El actual sistema administrativo de DINADECO no posibilita un trato diferenciado de las ADI’s indígenas, siendo que esta manera especial de concebirlas, no es concordante con el derecho de los pueblos indígenas a tener un gobierno propio. Otro importante hecho que contribuye a la ingobernabilidad se encuentra en la interpretación antojadiza y distorsionada del derecho a la consulta indígena, reduciendo este derecho en el mejor de los casos a una participación bajo metodologías convencionales, desconociendo así las formas propias y autónomas de participación indígena.

En las iniciativas de planes, estrategias, políticas y megaproyectos que los Ministerios de Estado o sus instituciones, llevan a cabo o que han aprobado, no reconocen ni aplican los procedimientos y mecanismos que utilizan para la participación de los pueblos. 

Informe de Gobierno

Informe indígena

C. Pueblos Indígenas y afrodescendientes

72. Uno de los compromisos voluntarios asumidos por Costa Rica durante la Conferencia de Dúrban, y de las recomendaciones de su primer Examen Periódico Universal, fue fortalecer el marco jurídico e institucional de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Por eso la CIIDDHH trabajó durante sus dos primeros años, en la elaboración de una Política y Plan de Acción para una Sociedad Libre del Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia. Este proceso involucró el trabajo con las instituciones que la conforman. A través del EPCSC, se prepararon reuniones y talleres con organizaciones de las diferentes poblaciones (pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes y refugiados). Los dos grandes desafíos fueron la visibilización de las condiciones y necesidades de cada grupo de población y la participación efectiva de ellos en su elaboración. Fue presentada públicamente el 17 de diciembre del 2013.

• El gobierno de Costa Rica, en Decreto Ejecutivo No 36776-RE, del 20 de setiembre de 2011, se creó la CIIDDHH, y aprobó una Política y Plan de Acción para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia; los mecanismos de participación y consulta, esos mecanismos no son procedimientos adecuados conforme a la concepción de los pueblos indígenas, y así se hizo saber al gobierno en cuanta reunión convocó sobre el tema, pero el mecanismo no fue modificado.

• El Decreto también creó un Comité Asesor y un Ente Permanente de Consulta, y en este último, al día de hoy no vemos avances en la participación de los Pueblos Indígenas.

• Al menos en la parte de pueblos indígenas no observamos el abordaje o aplicación de acciones para superar las condiciones y necesidades existentes.

73. Su construcción, generó un proceso de concienciación y sensibilización en las instituciones públicas hacia una comprensión mayor sobre la necesidad de acciones, con enfoques particularizados, hacia las poblaciones sujeto; si bien las instituciones no cuentan con políticas institucionales amplias con enfoques diferenciados, sí hay esfuerzos específicos y programas concretos dirigidos principalmente hacia comunidades indígenas y migrantes.

• Los indígenas continúan enfrentando en las instituciones públicas la falta de conocimientos sobre su cultura, cosmovisión, o bien la falta de voluntad de sus jerarcas y personal para la atención diferenciada e inclusión de la visión indígena en sus planes de trabajo. Sin embargo, existen algunos esfuerzos específicos materia de salud y biodiversidad, mismos que no necesariamente responden al proceso de concientización y sensibilización que se mencionan, pues vienen de tiempos anteriores, y donde los propios indígenas han incidido.

75. Por ello, además de las recomendaciones sobre las que versa este Informe, las instituciones están trabajando en acciones adicionales. Con la Política Nacional contra el racismo, se procura superar las deficiencias históricas y avanzar en un mejor abordaje y visibilización de las tres poblaciones, con esfuerzos integrados, construidos con las personas beneficiarias, que trasciendan los gobiernos y las acciones aisladas y sean una Política de Estado.

• Ante la inacción del gobierno para atender la situación de los pueblos indígenas, en mayo del 2012 la dirigencia indígena de los territorios ubicados en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón (sur del país), con el acompañamiento de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y la Asociación Regional Aborigen del Dikes (ARADIKES), consensuaron una agenda indígena, con temas de fondo muy concretos, y la presentaron como su demanda al Estado de Costa Rica (no al gobierno de turno).

76. Con respecto a los Pueblos Indígenas, en abril de 2011, ante las consultas del Relator de Naciones Unidas sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y su impacto en los territorios indígenas de la región, el país le invitó para que constatara in situ la situación de los pueblos indígenas del área frente al PHED. Las recomendaciones del Relator fueron aceptadas por el Estado, entre ellas se encontraba la relativa al proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

• Si bien es cierto, las observaciones y recomendaciones del Relator Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, producto de su visita a Costa Rica en abril de 2011, fueron aceptadas por el gobierno, también lo es que, no hay avances en la implementación de sus dos recomendaciones, A) La necesidad de un proceso de consulta adecuado; y B) Cuestiones de fondo más allá del proyecto hidroeléctrico: 1) La recuperación de tierras; y 2) Reformas en la legislación en materia indígena y representatividad (El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas)

• El proyecto de Ley citado Expediente 14.352, tiene dos años y medio sin movimiento en la Asamblea Legislativa; por un lado está ubicado en un lugar de la agenda que no tiene ninguna posibilidad de continuar con su discusión en periodo de sesiones ordinarias, y por el otro, en los periodos de sesiones extraordinarias cuando el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar los proyectos de ley que el Legislativo puede discutir, no ha convocado este proyecto.

77. Además, expresamos ante el Consejo de Derechos Humanos en setiembre 2011, la voluntad de buscar caminos de diálogo con las poblaciones indígenas. Una de las recomendaciones del Relator se dio en materia de recuperación de tierras. El Gobierno coincidió con el Relator, en que existe una oportunidad para tratar la cuestión de recuperación de tierras y externó su disposición de entrar en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas para implementar esa recuperación.

• Históricamente los pueblos indígenas han propuesto y demandado del gobierno un diálogo bilateral. En el caso de la recomendación sobre tierras hecha por el relator y aceptada por el gobierno, no se evidencia su iniciativa para cumplirla, el proceso (tímido) que existe ha sido forjado por los propios indígenas, a través de procedimientos propios en el marco del derecho indígena; juicios administrativos, agrarios y contenciosos administrativos.                                                                                             

78. En octubre de 2012, se acordó la apertura del diálogo para que cesaran los actos de violencia en el territorio indígena de Salitre, relacionados con la seguridad territorial. Se instauró una Mesa de Diálogo entre representantes de los pueblos indígenas del sur y el Gobierno, liderados por la Presidencia de la República bajo la coordinación del Ministro de Bienestar Social y acompañada, por el Sistema de Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes. Adicionalmente, se constituyó un equipo gubernamental para analizar el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas y que procura canalizar las preocupaciones en relación con sus derechos, principalmente en lo que respecta a sus propias formas de Gobierno, representatividad indígena y caminos para solucionar las problemáticas que surgen de la falta de una legislación respetuosa de las formas de gobierno indígena.

• Existe una Mesa de Diálogo Permanente Gobierno – Indígenas de los territorios de Buenos Aires y Pérez Zeledón, misma que fue motivada por dos hechos significativos: 1) La Agenda Indígena elaborada por los Territorios de Buenos Aires y Pérez Zeledón, en mayo de 2012, presentada al Estado de Costa Rica (no al gobierno de turno) y acompañada de un emplazamiento para su atención; y 2) Los hechos de violencia ejercida por no indígenas ocupantes de tierras en el territorios de Salitre contra indígenas del lugar.

• La Mesa de Diálogo fue constituida legalmente mediante Decreto Ejecutivo Nº 38437-MP-MBSF, de 9 de abril de 2014.

• En el marco de la Mesa de Diálogo, un equipo jurídico gubernamental analizó el proyecto de ley, pero no abordó el contenido ni fondo del mismo. Por su parte la asesoría jurídica de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) hizo un análisis comparativo proyecto de ley – análisis gubernamental, donde se muestra las fortalezas del proyecto. Finalmente, los indígenas en un encuentro nacional decidieron discutieron ambos análisis y decidieron dar por recibido no por avalado el informe gubernamental.

79. El diálogo abierto busca establecer caminos para normar el derecho a la consulta previa, que aún no está reglamentado en Costa Rica.

• La apertura del diálogo se ha dado ante las permanentes demandas, propuestas e incidencia indígena. Por un lado existen algunos avances, al menos en el marco de la Mesa de Diálogo se formó un grupo de trabajo sobre la consulta, entendida está para todas las medidas administrativas y legislativas que afecten los derechos indígenas, y “no dirigida a una medida en particular”.

• A excepción del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, la Asamblea Legislativa permanente aprueba mociones para consultar a las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIs) y unas organizaciones indígenas como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR),iniciativas de ley que tienen en trámite, fundamentándose en el Artículo 157del reglamento legislativo, que se refiere a consultas institucionales que deben ser evacuadas en un periodo de ocho días.

• La Asamblea Legislativa confunde la consulta del artículo 157 de su reglamento, con la consulta que consagra el Convenio 169 de la OIT, y la primera en ningún caso sustituye a la segunda.

• Existen casos de distorsión, simulación, utilización de mecanismos inadecuados o simplemente no aplicación del proceso de consulta, y, entre otros casos la aprobación de:

1. Decreto N° 37801-MEP – Reforma del Subsistema de Educación Indígena;
2. Política Nacional de Cultura.
3. Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012- 2040
4. Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con un Horizonte al año 2020.
5. Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y su plan de acción.
6. Proyecto REDD+, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)-
7. Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del MINAE.
8. Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), del ICE, a pesar de las recomendaciones del Relator aceptadas por el gobierno costarricense.

• A las autoridades correspondientes, constantemente se les hace saber de lo inadecuado e inconstitucionalidad de sus procedimientos.

V. Derechos económicos, sociales y culturales y combate a la pobreza

B. Políticas dirigidas al cumplimiento de los derechos

116. Durante los últimos cuatro años el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), ha orientado y coordinado el tema de vivienda, asentamientos humanos y ordenamiento territorial, con el propósito de encauzar el trabajo hacia la construcción de política de Estado en estos campos. A partir del trabajo interinstitucional se publicó oficialmente en mayo 2013, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012- 2040 y en diciembre, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con un Horizonte al año 2020. Asimismo, está en proceso de publicación oficial la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y su plan de acción con un horizonte de trabajo al año 2030.

• En la Política Nacional de Ordenamiento; Plan Nacional de Ordenamiento Territorial; y Política Nacional de Vivienda y Asentamientos, no fue aplicado el derecho indígena a la participación y consulta.