El presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez realizo una
gira por Europa, mientras en Colombia proyecta y realiza
un conjunto de medidas tendientes a institucionalizar el
resultado de años de violencia y terror contra los
pobladores del campo. Dentro de ellas destacan las
reformas constitucionales, con las que se pretende por
ejemplo eliminar la acción de tutela para proteger
derechos colectivos económicos, sociales y ambientales;
el recorte de las facultades de control de la Corte
Constitucional; las facultades judiciales a las fuerzas
militares y de policía y las detenciones sin orden
judicial. Pero además se destacan las medidas tendientes
a legalizar el despojo de tierras e institucionalizarlo.

El gobierno de Uribe ha liquidado el Instituto de Reforma
Agraria INCORA, ha logrado que se derogue en forma
callada y sin debate la ley 200 de 1936 que era la
principal conquista del movimiento campesino durante el
siglo XX y que permitía exigir el cumplimiento de la
función social de la propiedad de la tierra. La nueva
ley permite en cambio que se extingan los bienes de
campesinos por oponerse al actual orden económico y
social y ha eliminado la orden de la ley que estaba
vigente para que las tierras en que se extinga el domino
de los narcotraficantes fueran entregadas para reforma
agraria, permitiendo las propuestas que se hacen ahora
para que se entreguen a los paramilitares, que como lo
han demostrado las investigaciones de la fiscalía
italiana y otras, también son parte del narcotráfico.
Otra ley nueva facilita la prescripción adquisitiva de
dominio a los paramilitares y latifundistas que se han
apoderado de las tierras de los desplazados.

Esto ocurre en momento en que las organizaciones agrarias
de Colombia afrontamos una ola represiva y criminal que
afecta gravemente a nuestros líderes y a nuestras bases.
El señor presidente viaja por Europa tratando de ocultar
la responsabilidad que les compete al estado y a los
paramilitares en esta situación y sin comprometerse a
garantizaros el derecho a la vida, a la organización y a
la disidencia. El gobierno colombiano insiste en decir
que solamente grupos ilegales son responsables de la
violencia en Colombia y oculta la responsabilidad que
tienen tanto el estado como grupos con poder económico,
tanto por acción como por omisión.

Durante el gobierno de Uribe ha sido reprimida la lucha
de las organizaciones agrarias con todos los métodos
hasta los asesinatos múltiples. Es el caso de lo
ocurrido a los campesinos ocupantes de la hacienda La
Manigua, en Cajamarca (Tolima), propiedad de un
diplomático colombiano. El 2 de noviembre pasado 23 de
estos campesinos fueron masivamente detenidos por tropas
que se identificaron como integrantes del Ejército; 18 de
estos campesinos siguen desaparecidos y 5, entre ellos
Ricardo Espejo, fiscal del Sindicato de Trabajadores
Agrícolas del Tolima, fueron encontrados el 6 de
noviembre torturados y asesinados brutalmente.

Son demasiados los ejemplos de compañeros asesinados o
desaparecidos durante este gobierno, como represalia
contra su justa lucha. Hacemos mención de los hermanos
Cesar Augusto, José Rafael y Ramón Fonseca del Sindicato
de Trabajadores Agrícolas del Atlántico, retenidos y
luego descuartizados con motosierras en el municipio de
Ponedera el 3 de diciembre pasado. Un año antes, también
en el Atlántico, cinco dirigentes de los desplazados de
la organización Anuc-ur, fueron asesinados como
represalia a su participación en la movilización del 16
de septiembre y fue desaparecido el 22 de octubre de 2002
el dirigente de Fensuagro Víctor Manuel Jiménez Fruto.

De especial gravedad fue la masacre cometida contra los
indígenas de Betoyes (Arauca) en mayo del 2003, la cual
sigue en la total impunidad. También las masacres de que
han sido víctimas los indígenas de Riosucio (Caldas), en
una de las cuales, el 8 de junio pasado, fue muerto su
destacado dirigente, Gabriel Cartagena. El 23 de febrero
en tadó (Chocó) los indígenas embera Evelio Sanapi y
Fernando Antibia fueron asesnados por una patrulla del
batallón "Alfonso Manosalva". El 11 de agosto fue
asesinado el dirigente histórico de los de Mesetas
(Meta); Moisés Corpus. El 26 de noviembre fueron
retenidos, torturados y asesinados los indígenas arhuaco,
Dwiarunsingumu Arroyo y Julián Crespo. El 31 de
diciembre fue asesinado el indígena Nasa Olmedo Ul Secué
por tropas del batallón Pichincha. Meses de
hostigamientos, desplazamientos forzados y asesinatos han
sufridolos pueblo Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada.

Las comunidades negras de la Costa Pacífica y la cuenca
del Atrato también han sufrido muchas violaciones de los
derechos humanos durante el actual gobierno, como la
masacre del 14 de junio pasado en Sabaletas, municipio de
Buenaventura (Valle), en la cual murieron 7 personas y
fueron heridas 11.

La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas negras e
Indígenas ha sufrido una descomunal persecución. Su
dirigentes Nora Cecilia Velásquez fue secuestrada y
torturada el 21 de julio de 2003; luego el 1 de agosto de
2003 estuvo también secuestrada Blanca Nubia Díaz y el 2
de septiembre su hijo Rubén Antonio. Durante los
secuestro fueron amenazadas las dirigentes de Anmucic,
especialmente Leonora Castaño.

El sindicato de los trabajadores del INCORA, Sintradin,
ha sido cruelmente perseguido por oponerse a esta media.
Fueron asesinados tres de sus dirigentes: Severo Bastos,
Mario Sierra, Rodrigo gamboa y Jairo Vera. Otro
dirigente Fannor Banguero fue herido de varios balazos.
Están presos Luis Jesús Rodríguez, Diógenes Contreras
quien se destacó por su labor en los programas de
reconocimiento de la propiedad de tierras indígenas y
Alonso Campiño, vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, seccional Arauca, quien sufre una grave
lesión en la cadera. Otros líderes minusválidos están en
la cárcel, como Hernado Tavera de la ANUC-UR Santander y
Luis Angel Perdomo, coordinador de derechos humanos de la
Organización Regional Indígena del valle del Cauca.

Las detenciones masivas se han convertido en la forma de
eliminar a los sobrevivientes de la guerra sucia y de
desplazar a quienes han logrado permanecer en sus
regiones. En el norte del Tolima primero y luego en
Arauca, Sucre, Chairá, Cauca, Valle, Putumayo,
Suroccidente del Tolima y otros lugares del país,
centenares de campesinos y también indígenas han sido
detenidos, mostrados en la televisión como "terroristas"
o "auxiliares de la guerrilla". Los fiscales o jueces
que se atreven frecuentemente a dejarlos libres por falta
de pruebas o hasta de acusaciones formales, corren el
riesgo de ser despedidos, como ocurrió al fiscal que
ordenó la libertad de dirigentes campesinos de Sucre.

Todo el liderazgo campesino y social del norte del
Tolima, la dirección sindical de Arauca, el liderazgo
campesino de Sucre o el indígena de valle y Putumayo ha
sido víctima de esta nueva política que pretende
criminalizar a los movimientos sociales mientras a la vez
se convierte en héroes a los paramilitares y sus
financiadores y beneficiarios, cuyos crímenes se proyecta
dejar en la impunidad mediante la llamada "ley de
alternatividad penal".

Existe el serio peligro de que la violencia y el despojo
sean institucionalizados en Colombia. Esto ya está
teniendo graves consecuencias en América latina, en la
medida en que los poderes económicos sienten que una
nueva vía para la impunidad se abre. El rechazo mundial
a los crímenes de las dictaduras militares chilena y
argentina y de la dictadura civil uruguaya, puede ser
evadido con un modelo como el de los paramilitares
colombianos, creados por el estado pero que como ilegales
firmarían un acuerdo de falsa "paz", que garantiza que
quedarán impunes los crímenes que han permitido desplazar
y quitar sus tierras a miles de campesinos, exterminar a
dirigentes populares sindicales, indígenas, afros y
campesinos e imponer nuevas leyes laborales y agrarias.

Ya vemos como en los países vecinos se tiende a extender
el modelo colombiano de liquidación de los líderes
populares. Ochenta líderes campesinos que apoyaban la
ley de reforma agraria en Venezuela fueron asesinados, al
igual que ahora dos dirgentes sindicales bolivarianos y
un cooperativista. Las bandas armadas de los
latifundistas de Brasil han asesinado a 43 líderes de los
trabajadores rurales sin tierra. En Ecuador hace 5 años
los paramilitares colombianos asesinaron al principal
líder de izquierda y a un dirigente sindical. Ahora se
pone en marcha un plan de asesinatos de líderes populares
ecuatorianos y ha sido realizado un atentado contra el
presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador Leonidas Iza en el cual fue
gravemente herido su hijo. En Panamá, el 10 de enero del
2003 los paramilitares colombianos mataron a cuatro
líderes de la comunidad indígena Kuna de Paya.

Si se consolida el proyecto del presidente colombiano de
impunidad para el modelo de extermino de líderes
populares, desplazamiento de la población rural y despojo
de las tierras de las comunidades, se habrá dado una
señal para aplicarlo en los países vecinos y en toda
América latina para detener la lucha contra el
neoliberalismo, los tratados de libere comercio y por el
derecho a la tierra.

En contraste, las organizaciones campesinas, indígenas y
afrocolombianas, tanto las que pertenecemos a esta
Convergencia, como las demás, aprobamos el 7 y 8 de abril
de 2003 un programa común alterno para Colombia que
denominamos el Mandato Agrario en el cual reclamamos el
derecho a la vida digna, a la tierra y a la soberanía
alimentaria, exigimos la protección de la producción
agropecuaria nacional y rechazamos el ALCA y el tratado
de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Llamamos
a los pueblos y gobiernos de Europa así como a las
organizaciones sindicales y populares, a las mujeres, a
los jóvenes a las iglesias, a los intelectuales, a
movilizarse para apoyar este Mandato como alternativa de
paz a la propuesta de las transnacionales, el latifundio
especulativo y el gobierno colombiano.

Les llamamos a exigir al gobierno y al congreso
colombiano debatir y aprobar el proyecto de ley agraria
107 de 2002 redactado por las organizaciones campesinas,
presentado por dos congresistas indígenas, Gerardo Jumí y
Lorenzo Almendra; dos congresistas dirigentes del
movimiento sindical, Alexander López y Wilson Borja; u
congresista del movimiento comunal, Venus Silva; y el
representante Gustavo Petro. Les llamamos también a
exigir que el gobierno y el congreso colombiano tengan en
cuenta los análisis y las recomendaciones del documento
de Julio de 2003, de la LXXV Asamblea Plenaria del
Episcopado Colombiano, "Tierra de todos, tierra de paz".

Llamamos a la Comunidad Europea, a los gobiernos, a los
parlamentarios y especialmente a los movimientos sociales
de Europa, a rechazar la institucionalización del modelo
de extermino y despojo aplicado en Colombia por los
poderes económicos y a rechazar en consecuencia el
proyecto de ley de "alternatividad penal". En este
sentido apreciamos con cariño el boicot que
parlamentarios europeos hicieron al discursos del
presidente Uribe.

Les llamamos a exigir al gobierno colombiano que el
estado colombiano deje de violar los derechos humanos por
acción o por omisión y aplique las recomendaciones de
Naciones Unidas para la vigencia de los derechos humanos
en Colombia. Les llamamos a exigir a ambas partes una
solución negociada al conflicto armado colombiano y a
exigir tanto a la guerrilla como al gobierno que respeten
el derecho internacional humanitario y suscriban un
compromiso para respetar a la población civil y sus
organizaciones.

Les llamamos a demandar que la cooperación internacional
para Colombia no sea para la guerra y en cambio
privilegie programas directamente gestionados por las
comunidades rurales y urbanas y sus organizaciones que
les permitan adelantar sus planes de vida digna y
autónoma. Les llamamos a no cooperar con proyectos que
condicionen los subsidios a la subordinación de los
campesinos, indígenas o negros a los grandes propietarios
o empresarios dentro de asociaciones o alianzas
necesariamente inequitativas. Les llamamos a apoyar los
proyectos de los resguardos indígenas, comunidades
negras, reservas campesinas, cooperativas autónomas y no
súbditas de empresarios, asociaciones de mujeres y de
jóvenes.

Llamamos finalmente a los movimientos sociales europeos a
apoyar activamente la movilización nacional agraria que
llevaremos acabo en una jornada del segundo semestre de
este año, en apoyo del Mandato Agrario.

CONVERGENCIA CAMPESINA NEGRA E INDÍGENA

12 de febrero de 2004