En campaña electoral, la presidenta de Chile Michelle Bachelet se comprometió en su programa oficial, a revisar el decreto de consulta general indígena # 66, junto al N° 40 sobre evaluación ambiental, con el propósito de que cumpliesen el estándar internacional de derechos de los Pueblos indígenas. Sin embargo, hasta el momento, continúan las complicidades en transgredir derechos humanos de los Pueblos indígenas en Chile y se hacen anuncios sin que se establezcan las obligaciones estatales para cumplir cabalmente con el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas.

Cabe consignar que en el programa del 2013 en aquel momento como candidata, la mandataria y su coalición política “nueva mayoría”, estableció el siguiente compromiso: “Adecuaremos los marcos regulatorios actualmente vigentes a las normas del Convenio 169, de manera de velar por su adecuada implementación y respeto. Esto incluye la revisión y eventual modificación -con consulta- del reglamento general de consulta en proceso de aprobación como también respecto del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recientemente en vigencia, a objeto de que ambos instrumentos cumplan efectivamente con los estándares del Convenio 169. Además, se evaluará un mecanismo de financiamiento a estos procesos de consulta”.

En otro punto establece: “Estudiaremos e implementaremos, en consulta con los pueblos indígenas, procedimientos e iniciativas para proteger efectivamente los recursos naturales y económicos de los Pueblos Indígenas”.

Cabe consignar que el actual gobierno viene impulsando un denominado proceso de consulta relativo a la creación de institucionalidad pública indigenista, principalmente relativa a un ministerio, un consejo y por otro lado, sobre un ministerio de cultura, esto, mientras se mantiene en vigencia el Decreto 66, existiendo un amplio movimiento en todo Chile que exige su derogación, como acto de buena fe y de cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, situación que ha deslegitimado los actuales procedimientos.

El ex gobierno que encabezó Sebastián Piñera, dejó impuesto como últimas gestiones en la materia, dos reglamentos de consulta que recogen dos Decretos Supremos, uno es el N° 66 (15 de Noviembre del 2013) relativo a la consulta en general; el otro es el relativo a proyectos de inversión y de impacto ambiental o Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental N° 40 (30 de Octubre del 2013)… Ambos reglamentos se han cuestionado por amplias representaciones indígenas señalando que se impusieron sin considerar el consentimiento de Los Pueblos indígenas, con el agravamiento de que no cumplen con los estándares mínimos del derecho internacional ni con la finalidad de la consulta, cual es salvaguardar derechos de los pueblos indígenas; por el contrario, se han sindicado como instrumentos que vulneran abiertamente esos derechos”, indicaron.

Para las organizaciones, los aspectos del procedimiento previo a su dictación evidencian graves vicios, falencias e ilegitimidad, extendiendo una serie de antecedentes que lo han evidenciado. Asimismo, uno de los principales puntos de preocupación de las representaciones indígenas que velan por sus derechos como pueblos, es que la consulta con respecto a los proyectos de inversión está sujeta a una doble regulación, toda vez que se establece que deben ajustarse a los plazos del Reglamento del Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), pero cumpliendo con las etapas dispuestas en este nuevo reglamento, sobreponiéndose al Convenio 169 de la OIT a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y a las normas sobre autonomía, desarrollo y participación de las Comunidades.

Se ha argumentado que tanto el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, establecen un estándar específico sobre la obligación de los Estados derivadas del deber estatal de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos y que deben ser atendidas e implementadas en toda iniciativa administrativa y legislativa que se quiera aplicar en el País, recordando que la Presidenta Bachelet se comprometió en su programa de gobierno a revisar el reglamento decreto 66 y reglamento decreto 40 (SEIA) y estos siguen vigentes.