Comunicado público
México: nueva y agresiva campaña de intereses privatizadores de los estratégicos bienes naturales comunes
Se desata una nueva y agresiva campaña de intereses privatizadores de los estratégicos bienes naturales comunes de la selva Lacandona y de la reserva de biosfera Montes Azules, disfrazados de “ambientalistas”, violando derechos indígenas y criminalizando la protesta social
1. La Selva Lacandona, es una bio‐región estratégica, poseedora de valiosos y estratégicos bienes naturales comunes, como son el agua con sus caudalosos cauces; la biodiversidad con sus reservorios genéticos, plantas medicinales y bellezas escénicas; así como la extensa cobertura vegetal y lo que ella implica en captura de carbono y regulación climática, todo lo cual ha hecho de esta región, un botín, cuya apropiación y control sea ambicionado por gigantescas corporaciones multinacionales, agroalimentarias, farmacéuticas, petroleras, embotelladoras de agua, automotrices y generadoras de energía eléctrica, quienes hoy día, al amparo de políticas mundiales emitidas por organismos multilaterales, se disfrazan de “verdes ambientalistas”, siendo apoyadas por gobiernos nacionales y locales, con el impulso de acciones y programas como son el establecimiento y la imposición de Áreas Naturales Protegidas bajo control gubernamental; el pago por servicios ambientales; los proyectos de “eco”‐turismo; Redd+, entre otros.
2. Para una eficiente instrumentación de estas políticas, estas multinacionales del “capitalismo verde”, requieren de Ongs conservacionistas –de nivel internacional y local‐ y de Centros de Investigación, que actúen como “contrapartes” y operadores de campo, como en la Lacandona, ha sido el caso de la estadounidense, Conservación Internacional (CI), y de “Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC”; “Natura Ecosistemas Mexicanos, AC” y el “Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente” (CeIBA), éstas tres últimas, auspiciadas y operadas –directa o indirectamente‐ por Julia Carabias y Javier de la Maza. 3. Para su implantación y expansión, el capitalismo verde requiere –y exige‐ de territorios sin pueblos indígenas ni comunidades, máxime si éstos presentan una activa resistencia social y una reivindicación de sus derechos colectivos.