Bogotá D.C., 20 de marzo de 2014

Con la decisión tomada por el Presidente Juan Manuel Santos, en voz de la Canciller, en el sentido de no acatar la Medida Cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, Colombia cayó en el más grave escenario de injusticia e impunidad, a través de un mensaje claro en contra de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos.

La CIDH ha sido históricamente garante de los derechos individuales y colectivos de los sectores sociales en un país como Colombia, en el que las élites políticas y económicas y los actores armados legales e ilegales han socavado de manera profunda la vida y libertades de toda una nación luchadora; los Pueblos Indígenas hemos sido beneficiados por décadas de las decisiones promovidas por dicha corporación, y hemos agradecido la existencia de disposiciones que han propendido por la protección de nuestra integridad y pervivencia.

Esa garantía se destruyó, convirtiendo de súbito a Colombia en un país de dictaduras, opresión y vulneraciones de Derechos. No se entiende cómo los formalismos sobrepasan las realidades; cómo una norma con tan flagrantes niveles de ilegalidad sigue existiendo, a pesar de soslayar la decisión del Pueblo, plegándola a la determinación de un funcionario como el procurador, cuyos móviles se encuentran atravesados por ambiciones políticas e intereses cooptados; cómo la Constitución puede ser pisoteada y destruida, ignorándose constructos pensados desde 1991 para garantizar la cabal implementación de instrumentos internacionales ratificados por el Estado Colombiano, los cuales, a todas luces, son de obligatorio cumplimiento; cómo a pesar del control de convencionalidad y el mandato que de éste se desprende para las tres ramas del pode r público, simplemente se adecúan las determinaciones presidenciales a la coyuntura electoral y a sus personalísimos intereses.

Lo que observamos como un ardid del candidato-presidente, tendiente a la generación de alianzas político-electorales y al apalancamiento de sus propuestas en torno a la ciudad capital, ha convertido a Colombia en un gran juego de ajedrez en el que poco importan la gente, sus decisiones y derechos. Para nosotros, los Pueblos Indígenas, los intereses individuales del presidente han puesto en riesgo escenarios tan importantes como los diálogos de paz en La Habana, y el sueño de una democracia real en el que todos y todas abracemos las posibilidades de justicia y equidad.

Este boicot a la democracia, que culmina con el desacato a una decisión de carácter internacional, rompe una tradición de respeto por las decisiones de la CIDH, siendo equiparable a los escenarios de vulneración de derechos en el que actores estatales, amangualados con actores armados, han bañado de sangre el territorio nacional. Se demuestra que en Colombia la oposición y las formas de gobierno lejanas a la corruptela son perseguidas y aniquiladas por las balas y la institucionalidad, concebidas ambas para la perpetuación del poder en manos de los mismos sectores, constructores de la violencia estructural y del empobrecimiento de Colombia, y de los colombianos.

Los Pueblos Indígenas entendemos la determinación tomada por el Presidente de la República como una muestra de miedo al pueblo y a sus decisiones autónomas, a la Plaza de Bolívar abarrotada en clara muestra de apoyo al Alcalde Distrital. Por ello, aplaudimos la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ratificamos nuestro apoyo en todo el territorio nacional al alcalde Gustavo Petro Urrego, haciendo un llamado a la indignación, a la movilización y al uso del legítimo derecho a la protesta social, como mecanismo para reivindicar la legalidad real y sustantiva y los derechos de todo el pueblo colombiano.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC

Consejería Sistema de Investigación, Información y Comunicaciones
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
www.onic.org.co
comunicaciones@onic.org.co