En su exposición ante la Comisión Especializada de Biodiversidad Humberto Cholango, presidente de CONAIE y Franco Viteri, presidente del gobierno amazónico, manifestaron la necesidad de que el Estado Ecuatoriano transparente toda la información sobre la posibilidad de  explotación del Bloque ITT, que permita un análisis exhaustivo y una decisión adecuada para el país.

Franco Viteri planteó que se detenga el proceso durante un año, hasta recoger toda la información de la realidad del Parque Nacional Yasuní y de los pueblos no contactados, para con esa información debatir con responsabilidad las y los ecuatorianos.

Sostuvieron que la explotación o no del ITT está siendo discutida sin conocimiento de toda la información relevante para comprender la situación del Yasuní (situación actual de la zona intangible y su afectación por el bloque ITT, superposición con territorios indígenas, información veraz sobre las zonas de existencia de los pueblos en situación de aislamiento, etc.).

La protección de los derechos de los pueblos en situación de aislamiento fue una demanda central, respecto de la cual solicitaron el cumplimiento de la disposición última del Art.57 “Los territorios de los pueblos en aislamiento son de posesión ancestral, irreductible e intangible y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva”. Teniendo en cuenta el principio de precaución contemplado en la Constitución y en el Plan de Medidas Cautelares, el Estado debería comprobar exhaustivamente que no hay presencia de los Tagaeri y Taromenani en la zona que se pretende sea declarada de interés nacional. Actualmente el Ministerio de Justicia está afirmando que no existen sin ninguna prueba científica, violando el principio de precaución.

Además manifestaron que existe información de que los pueblos en situación de aislamiento están bajo una presión tan fuerte en sus zonas de movilidad habitual, que están llegando hasta Pastaza y Napo, en territorio kichwa, waorani y sápara – generando condiciones de potencial conflictividad en los territorios de estas nacionalidades, siendo afectados sus derechos.

Los más de 40 años de explotación petrolera no han solucionado la pobreza en el país, sino que esta riqueza se ha concentrado en pocas manos dejando un pasivo ambiental que afecta cotidianamente a las poblaciones amazónicas. Frente a esto, los dirigentes de la CONAIE plantearon la necesidad de una auditoria a la actividad petrolera que permita determinar de forma objetiva los beneficios y daños en la región amazónica.

Por último se ratifican que sea el pueblo debidamente informado el que tome una decisión sobre el Yasuní a través de una consulta popular y de la garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades.