Directivos de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) están en el país, invitados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) a un encuentro de la Unión de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).

La AIR –y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)– representa a los consorcios mediáticos que se oponen a los cambios progresistas en América Latina. Estos grupos concentrados se arropan con el discurso de la libertad de expresión para defender sus intereses empresariales, manipular información y mantener la hegemonía neoliberal.

Su principal lucha es contra la democratización de la comunicación y los nuevos marcos regulatorios sobre medios en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Estas normativas se basan en parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de Europa y de África.

Estas legislaciones reconocen  la comunicación como derecho humano, los medios como instrumentos de la democracia y el espectro radioeléctrico como bien público que debe administrarse en función de las necesidades de información y comunicación de todos los sectores sociales.

Esta perspectiva democrática contrasta con la visión mercantilista de la AIR y la SIP. Para estos mercaderes mediáticos la comunicación es un negocio, los medios son instrumentos de lucro y las frecuencias radioeléctricas son bienes privados que se pueden comprar, vender o alquilar. Por eso sus directivos arremeten contra la democratización de la comunicación.

Ayer, en una entrevista televisiva, el presidente y el director ejecutivo de la AIR dijeron que la democratización de la comunicación es un estribillo falso y una estrategia de gobiernos de izquierda contra los medios privados, libres e independientes. En la entrevista estuvo también un representante del Grupo Clarín, el más férreo opositor a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina.

Como respaldo a ASDER (y en una clara intromisión en la política interna salvadoreña), los voceros de la AIR criticaron las reformas a la Ley de Protección al Consumidor que prohíben la publicidad engañosa, el proyecto de ley sobre derecho de respuesta y las propuestas de democratización de la comunicación que impulsan organizaciones sociales.

ARPAS rechaza las afirmaciones espurias de la AIR, y reitera la necesidad de avanzar con marcos jurídicos democráticos en el ámbito mediático y políticas públicas incluyentes en materia de comunicación social.

- Leonel Herrera, director de ARPAS