Durante los últimos meses, la ADRI ha expresado la importancia de generar y respetar procesos democráticos y participativos justos y legales para generar confianza, estabilidad y Estado de Derecho. Es importante, que el Gobierno considere un modelo económico que genere equidad, y beneficio a las mayorías de las poblaciones del área rural y urbana. Sin embargo, constatamos, al igual que la Conferencia Episcopal de Guatemala –CEG- “el irrespeto a la dignidad de la vida humana, el ambiente de sensibilidad y susceptibilidad, de creciente y peligrosa polarización social, de rumores y calumnias que confunden, de conflictos en el ámbito de la minería. Hay un auge de la criminalización y persecución de líderes comunitarios."

 

La Política de Desarrollo Rural Integral - PDRI, aprobada por Acuerdo Gubernativo y la iniciativa de ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral son instrumentos generados a través del diálogo y el consenso intersectorial e inter gubernamental, en donde se expresa desde las organizaciones sociales, organizaciones campesinas, la academia y las organizaciones no gubernamentales, con experiencia y presencia en el campo; de cómo el Estado de Guatemala debe de impulsar el desarrollo rural integral desde sus ejes sociales, laborales, ambientales, agrarios, económicos y culturales, entre otros, como un modelo incluyente, justo y equitativo. Es importante que, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, no establezcan estrategias que prolonguen su discusión, aprobación e implementación.

 

 Sin embargo, actualmente vemos un gobierno que promueve una inversión privada que genera conflictos, rechazo, y criminalización de los líderes indígenas y campesinos, por expresar inconformidades, desde los procesos legales de consulta y de libertad de expresión. Así también, la inversión se basa en un modelo que no busca una sostenibilidad ambiental, social y económica; y promueve manejo y explotación de los recursos no renovables a nivel nacional; y que se quiere institucionalizar con un así llamado “paquete de leyes para la competitividad y el empleo” que legitiman el modelo económico extractivo. Esto ha generado rechazo por los sindicatos, organizaciones sociales, columnistas, analistas nacionales e internacionales.

Ante esto, la ADRI expone:

 

Que entre tanto el gobierno ignore las demandas sociales y priorice las exigencias del capital globalizado, es atentar contra el mandato constitucional de realizar el bien común.

 

Nos sumamos a la petición de la CEG cuando expresa que se debe "incorporar a las políticas económicas impulsadas por el gobierno, la participación y las propuestas más significativas de la población." Entre ellas las PDRI y la aprobación de la iniciativa 4084 que ha pasado por proceso de consensos nacionales dentro de la sociedad civil.

 

Nuestra preocupación por el impulso de la política de Las Dos Puertas, que no es la PDRI aprobada, sino la del actual gobierno, que es adversa a las economías campesinas y a los territorios indígenas y se impulsa con estrategias de represión y muerte.

 

Que asignen un presupuesto digno a la PDRI en donde los programas de fertilizantes, Hambre Cero y Triangulo de la Dignidad, no son representativos, ya que esta cuenta con 11 políticas integrales, una institucionalidad, y el papel rector del estado de Guatemala en el tema de desarrollo rural. Y tiene en el centro a los pobres y en pobreza extrema en el área rural.

 

Expresamos nuestro pesar ante la muerte de dirigentes comunitarios que han sido coherentes con su pensamiento y praxis social y que fueron asesinados en circunstancias todavía no esclarecidas. Exigimos el cese a la represión política en todo sentido: a través de campañas de desinformación y difamación, de encarcelamientos, secuestros y desapariciones que nos recuerdan el pasado oscuro de la guerra interna guatemalteca.

 

Es importante que el Estado promueva una cultura de dialogo intersectorial e intergubernamental para la disminución de los conflictos sociales, y establecer puntos de consenso y estrategias para un bienestar común y colectivo.

 

Alianza para el Desarrollo Rural Integral –ADRI-: Coordinadora Nacional de Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas -CNP-TIERRA, Coordinadora Nacional Indígena, Campesina y Popular -CNAIC-P-, Plataforma Agraria, Asociación de Entidades Micro-regionales Aliadas para el Desarrollo Integral de Huehuetenango y El Quiché – AEMADIHIQ-, Alianza Mujeres Rurales-AMR-, Colectiva de Mujeres RUKU´X ULEU, Pastoral de la Tierra Nacional de la Conferencia Episcopal de Guatemala –PTN/CEG-, Colectivo de Estudios Rurales -CER-IXIM-, Facultad de Agronomía -FAUSAC-, Fundación Guillermo Toriello –FGT-, Movimiento por el Desarrollo Rural -MDR-, ActionAid Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-, Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz – CEIDEPAZ-. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-, Campaña Guatemala Sin Hambre, Fundación CALMECAC.