Débiles compromisos de los gobiernos para superar las desigualdades tecnológicas e informacionales, y la postergación de cualquier decisión respecto a un control más democrático de Internet, marcaron la conclusión de la primera fase de la Cumbre Mundial de la ONU sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que se celebró en Ginebra, del 10 al 12 de diciembre 2003.

El principal resultado oficial fue la adopción de una Declaración y Plan de Acción, los cuales esbozan las políticas para la administración global de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y proponen acciones para “cerrar la brecha digital”, con la intención de contribuir a metas de desarrollo y a la inclusión social. Un hecho preocupante: los debates pusieron en evidencia la actual fragilidad de los derechos humanos en el escenario mundial. Luego de 18 meses de debates agudos, apenas se logró que la Declaración ratificara la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento de la Sociedad de la Información.

Las organizaciones de la sociedad civil, entretanto, adoptaron su propia Declaración, que expresa una visión alternativa basada en principios de justicia social y derechos humanos, con propuestas propias.

Los endebles compromisos contenidos en los documentos oficiales evidencian la escasa voluntad política, en esta materia, de los líderes mundiales, hecho ratificado por la ausencia en la Cumbre de los jefes de Estado o gobierno de la mayoría de naciones más influyentes del mundo (tampoco estuvo presente ningún jefe de Estado de América Latina). La adopción de los documentos finales -que solo una semana antes parecía estar destinada al fracaso- permitió, sin embargo, impedir lo que pudo haber sido un nuevo retroceso para el multilateralismo, bastante maltrecho en los últimos tiempos. Es más, si bien muchos de los actores que participan en el proceso encuentran los resultados bastante insatisfactorios, la mayoría parece coincidir que expresan una solución de compromiso más aceptable que los borradores anteriores.

Empero, para muchos gobiernos del Sur, fue una decepción amarga que sus dos demandas principales hayan sido pospuestas para una fecha ulterior, bajo el pretexto de someterlas a grupos de trabajo para su estudio; estas demandas son: una revisión de los mecanismos de gobierno de Internet y un compromiso de crear un Fondo de Solidaridad Digital.

En el primer caso, se acordó crear un grupo de trabajo (con participación de gobiernos, el sector privado y sociedad civil, tanto de países desarrollados como en desarrollo), que examinará los aspectos técnicos y de políticas públicas de la gobernanza de Internet y presentará un informe a la segunda fase de la Cumbre, que se realizará en Túnez, en noviembre de 2005. Si bien ello significa la postergación de cualquier decisión, no deja de ser un pequeño logro el haber doblegado al gobierno estadounidense, que accedió a discutir el tema. Este ha venido defendiendo, de manera intransigente, el statu quo, que en la práctica significa que él mismo controla la mayoría de aspectos del gobierno de Internet, de la mano de las corporaciones de su país, mediante la organización ICANN -instancia responsable de la asignación de nombres y números en Internet-, y los servidores raíz, la mayoría de los cuales se encuentran ubicados en EE.UU.

Respecto al financiamiento para el desarrollo de las TIC en el Sur, los gobiernos de los países en desarrollo no lograron el apoyo de aquellos del Norte, quienes aceptaron, a regañadientes, crear un Grupo de Trabajo bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, que, durante el próximo año, pasará revista a los actuales mecanismos de financiamiento. No obstante, los gobiernos municipales de Ginebra (Suiza) y Lyon (Francia), junto con el gobierno de Senegal, han acordado lanzar el fondo de solidaridad, sin esperar los resultados del estudio, y entre los tres han comprometido el primer millón de euros al fondo. Lyon fue anfitrión, la semana anterior, de una Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información.

El anuncio de varios “acuerdos de asociación”, para financiar actividades en países en desarrollo, ayudó a disfrazar la falta de compromiso con el fondo de solidaridad, el cual sería, al menos en parte, controlado por el Sur. Éstos incluyen el anuncio, por parte de EE.UU., de un monto de 400 millones de dólares para una facilidad de apoyo destinada a alentar la inversión estadounidense en el sector de telecomunicaciones y TIC, en los países en desarrollo (sobre una base bilateral); o el programa de mil millones de dólares anunciado por Microsoft, en asociación con el PNUD, para fortalecer las destrezas en TIC en las “comunidades con escasos servicios”, sobre un período de cinco años. Una bien podría preguntarse si subvencionar a las empresas del Norte para mejorar sus ventas en el Sur, sirve realmente a los intereses del desarrollo. O si es un rol apropiado para la ONU alentar los intereses de corporaciones transnacionales, de extender sus monopolios en tales áreas.

Visiones contrarias

En buena parte, los documentos finales constituyen un “collage” de posiciones contrarias. La agenda del sector privado se pone en evidencia, en aquellas secciones de la Declaración y Plan de Acción de Ginebra que se relacionan con el desarrollo de la infraestructura y el ambiente regulatorio, que se refieren a un marco pro-competencia que sostenga la inversión y el comercio electrónico y reafirme el régimen actual de propiedad intelectual. De hecho, la participación del sector privado, como actor con derecho propio, y la acreditación a la CMSI de empresas individuales del sector privado (que es contraria a las regulaciones de la propia ONU), han creado un precedente preocupante en esta Cumbre, que refuerza la tendencia en la ONU de sentar a las corporaciones multinacionales en la mesa con los gobiernos, para definir asuntos de gobierno global.

La sociedad civil, formalmente el tercer actor invitado a la mesa, ha tenido, en la práctica, que luchar a cada paso para hacerse oír. Logró, sin embargo, tener incidencia en las secciones de visión y principios de la Declaración, además de introducir diversas propuestas relacionadas con temas sociales.

Los documentos que resultaron son a menudo contradictorios; y los principios expresados en la Declaración, en muchos casos, no se traducen en las políticas propuestas en el Plan de Acción. Así, el primer artículo de la Declaración reafirma “nuestro deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida...”. Sin embargo, desde su primer artículo, el Plan de Acción limita esta visión a “la promoción del uso de productos, redes, servicios y aplicaciones, basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”, a fin de cumplir con las metas del desarrollo. Es más, las metas contenidas en el Plan de Acción, con plazo hasta el año 2015, están, casi todas, relacionadas solamente con la conectividad a las TIC.

Toda vez, la Declaración y el Plan de Acción incluyen secciones sobre varios otros aspectos e incorporan diversas propuestas apoyadas desde la sociedad civil. La sección sobre infraestructura, por ejemplo, expresa un apoyo al acceso universal a las TIC, hace mención a la importancia de fijar estándares e invoca el establecimiento de redes troncales TIC y centrales Internet a nivel regional, que permitirían que el tráfico permanezca en cada región, en lugar de ser ruteado a través de EE.UU. Con respecto al “Acceso a la información y al conocimiento”, además de una mención del desarrollo del dominio público, se alienta a los gobiernos a hacer más accesible la información pública oficial. Se expresa un apoyo a la creación de publicaciones y archivos de acceso abierto para la investigación científica, y hay, al menos, una referencia breve a la necesidad de contar con diferentes opciones de software, incluyendo el software libre y de fuente abierta. En “Creación de capacidades”, se propone extender el alfabetismo y la educación, capacitar a profesionales en TIC, en los países en desarrollo, y promover la capacidad de investigación y desarrollo en TIC en tales países.

La sección sobre “Crear confianza y seguridad en la utilización de las TIC” ha sido una de las más polémicas. Existen temores de que las referencias a la “seguridad de la información” puedan ser invocadas para justificar el monitoreo y la vigilancia a la ciudadanía. Y mientras que el Plan de Acción propone crear leyes para contrarrestar el cibercrimen y el “mal uso” de las TIC, en relación a la protección de la privacidad, se limita a la propuesta de “fomentar la educación y la sensibilización de los usuarios”.

Se encuentran recomendaciones para movilizar soluciones basadas en TIC, en áreas tales como la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura, la ciencia, el gobierno electrónico, entre otras. Es más, una sección específica, dedicada a la diversidad cultural y lingüística y la generación de contenidos locales, menciona, entre otros aspectos, la cooperación con los pueblos indígenas y las medidas para preservar el patrimonio cultural y para estimular la creación. Se hace mención también al apoyo a los medios de comunicación basados en comunidades locales, que es la única referencia a los medios comunitarios en los documentos, a pesar del cabildeo intensivo del sector de las radios comunitarias.

La sección específica sobre medios de comunicación, que fue objeto de uno de los debates más fuertes, alienta a la legislación nacional a garantizar la independencia y pluralidad de los medios; pero también, aboga “por que los medios de comunicación utilicen y traten la información de manera responsable de acuerdo con los principios éticos y profesionales más exigentes”, expresión cuestionada por las organizaciones mediáticas, por considerarla una invitación a los gobiernos a ejercer la censura.

La sección sobre la Agenda de Solidaridad Digital, si bien se limita a alentar a los gobiernos a participar en el fondo, también exhorta a los países desarrollados a cumplir con su compromiso de asignar el 0,7% del PIB para financiar el desarrollo y propicia nuevas iniciativas de alivio de la deuda para los países altamente endeudados.

En suma, la mayoría de actores, en este proceso, podrán encontrar el lenguaje que pueden invocar en apoyo a sus agendas, y para suscitar el apoyo de los gobiernos e instituciones internacionales, si bien los documentos no tienen carácter de obligatoriedad. Pero muchos otros temas están ausentes o tratados de manera inadecuada, y en su conjunto, los documentos carecen de coherencia, al punto que los intentos de conciliar enfoques opuestos terminan en frases contradictorias.

Más allá de los resultados específicos, el simple hecho de haber abierto un espacio en el marco multilateral de la ONU, para iniciar un debate sobre estos temas, es un paso notable, en momentos en los que existe una tendencia creciente hacia la privatización de las políticas y a la imposición, al resto del mundo, de los acuerdos negociados entre gobiernos del Norte.

La Declaración de la Sociedad Civil

Para la sociedad civil, si bien el proceso ha estado lleno de frustraciones, también ha abierto nuevas vías -por tenues que sean- para influir en las decisiones de la ONU. Pero sobre todo, ha sido una oportunidad valiosa para encontrarse, debatir, elaborar una visión alternativa y traducirla en propuestas concretas. Ello fue evidente en la sesión plenaria de sociedad civil donde se adoptó por unanimidad la Declaración titulada “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”1, como también, tres días después, en el carácter festivo del acto de lanzamiento de este documento. El documento se presentó también formalmente a la sesión de clausura de la Cumbre, con el pedido de considerarlo como uno de los productos oficiales del proceso. No cabe duda que constituirá una referencia significativa para la próxima fase de la Cumbre, así como también para ampliar el conocimiento público de la problemática.

La Declaración de Sociedad Civil profundiza la visión centrada en los seres humanos y la traduce en principios y áreas de acción, consecuentes con esta visión. Sitúa los principios en un marco de justicia social y desarrollo sustentable. Y detalla los derechos humanos específicos que tienen particular relevancia para la sociedad de la información, tales como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho de participar en asuntos públicos y los derechos de trabajadores, pueblos indígenas, mujeres, la niñez y las personas con discapacidades.

La Declaración de la SC subraya que:“Debe reforzarse el marco reglamentario y jurídico en todas las sociedades de la información y la comunicación para soportar la compartición universal de la tecnología, la información y el conocimiento y promover el control comunitario respetando los derechos y libertades humanas”. Sostiene que: “No obstante, estos puntos de acceso deben facilitar más que el flujo de información unidireccional (por ejemplo, del experto a la comunidad o al paciente). Deben ser las comunidades quienes participen en la selección y creación de flujos de comunicación que consideren útiles y necesarios para la prevención, tratamiento y promoción de la atención en salud física y mental para todos y todas. Un acceso abierto a la información médica es absolutamente fundamental para que todo el personal médico y paramédico pueda acceder a los datos científicos disponibles”. Además, pide prestar atención a “las consecuencias positivas y negativas que pueden tener las TIC en cuestiones tales como la falta de instrucción en los idiomas regionales, nacionales e internacionales de las grandes mayorías de los pueblos del mundo”.

La Declaración de la SC enfatiza en el involucramiento de las comunidades en desarrollar soluciones que empleen las TIC, para lo cual “se deberá otorgar la capacidad de desarrollar sus propias fuerzas productivas y de controlar los modos de producción dentro de la sociedad de la información. Debe asimismo otorgárseles el derecho de participar plenamente en el desarrollo y mantenimiento de proyectos de TIC mediante procesos democráticos, con inclusión de la toma de decisiones”. A la vez que se reconoce y alienta el potencial de los medios y las comunicaciones para promover a paz, se expresa particular preocupación frente al despliegue de tecnologías y técnicas de las guerras de la información, “con inclusión de la interferencia, bloqueo o destrucción intencionados de los sistemas de comunicación civiles durante las situaciones de conflicto; la utilización de periodistas parciales y los ataques a los periodistas imparciales; la utilización de los medios de comunicación para promover el odio y el genocidio, ya sea por parte de las fuerzas militares, políticas o de seguridad, gubernamentales, privadas o de otro tipo durante situaciones de conflicto...”.

Una prioridad para la sociedad civil es el desarrollo y la no privatización del conocimiento: “El conocimiento humano es la herencia del ser humano y el origen de la creación de todo conocimiento nuevo. La protección de la diversidad cultural y lingüística, la libertad de los medios de comunicación, y la defensa y la divulgación del dominio público del conocimiento mundial son tan fundamentales para las sociedades de la información y la comunicación como la diversidad de nuestro entorno natural”.

Se reivindica especialmente a los medios comunitarios, debido a que “pueden ser cruciales para fomentar la información, y promover la expresión de opiniones y el diálogo. Es absolutamente fundamental la existencia de un marco jurídico y reglamentario que proteja y promueva los medios de comunicación comunitarios y que a su vez garantice el acceso de los grupos más vulnerables a la información y la comunicación.”.

Se hace también una crítica del concepto de “derechos de propiedad intelectual”, que las organizaciones de sociedad civil prefieren llamar “monopolios intelectuales limitados”. Estos se conceden “únicamente para el beneficio de la sociedad, más concretamente para fomentar la creatividad y la innovación. La referencia para determinar cuál de ellos debe examinarse y ajustarse regularmente depende de en qué medida satisfacen este objetivo. En la actualidad, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta no tienen acceso a los conocimientos mundiales de dominio público, situación que está generando un crecimiento desigual y la explotación de las poblaciones y comunidades más pobres”.

Se recomienda de manera especial los programas informáticos libres, debido a su libre uso para cualquier fin, estudio, modificación y redistribución y que “por sus características ofrecen beneficios y oportunidades desde el punto de vista social, educativo, científico, político y económico”, como también sus beneficios especiales para los países en desarrollo. Se alienta a los gobiernos a promover el uso de los programas libres de informática en los colegios, en la educación superior y en la administración pública.

Las recomendaciones en relación a la infraestructura y el acceso enfatizan en el mayor control por las comunidades y los países en desarrollo; mientras que las propuestas relacionadas con políticas enfatizan en la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. La Declaración recuerda que “Los actores de la sociedad civil han sido creadores e innovadores fundamentales de la tecnología, la cultura y el contenido de las sociedades de la información y las comunicaciones y continuarán siéndolo en el futuro”.

Varias de estas innovaciones estuvieron exhibidas en la Cumbre, que incluyó más de 200 eventos conexos, incluyendo paneles y foros, y una exposición paralela de TIC para el Desarrollo, abierta al público. Los/as participantes concordaron que esta parte de la Cumbre fue mucho más dinámica y que es allí donde se pudo profundizar en el debate de los temas. Entre ellas se incluyen el Foro Mundial sobre Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información, organizado por la Campaña CRIS y otras organizaciones, y el Foro de Medios Comunitarios. Algunos de estos eventos tenían ya la mira puesta en la segunda fase de la Cumbre; pero un tema que atravesó muchos intercambios y sobre el que hubo consenso, fue que estas problemáticas son demasiado importantes como para limitarse a la sola esfera de la Cumbre y que se requiere extender el debate a una arena pública mucho más amplia.

* Sally Burch, del equipo de ALAI, participó en la coordinación del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil sobre Contenidos y Temas en el marco de la CMSI.

Artículo publicado en América Latina en Movimiento, No. 380, ALAI, 27 enero 2004.

Nota:

1 La Declaración de la Sociedad Civil se puede ver en: http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=5145