Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
 
Los conflictos socioambientales producto de la vulneración de derechos por la imposición de la minería se multiplican por todo el país. Los dirigentes son criminalizados. Y el problema amenaza agravarse: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha anunciado inversiones por 41 mil millones de dólares en minería para los próximos diez años.
 
De los muchos casos que la delegación de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentó en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado, seleccionamos dos que involucran a la misma empresa minera: Southern Peru Copper Corporation.
 
Fundición de Ilo
 
Southern Perú tiene una fundición en el puerto sureño de Ilo (región Moquegua). La empresa dice que los humos tóxicos que emite esta fundición se eliminan por la orina. Los informes médicos lo desmienten y advierten que estas emisiones producen desnutrición fetal, anemia en la madre, bajo peso en el recién nacido y disminución de la capacidad intelectual. Los altos índice de cobre se traducen en igualmente elevados índices de afectados por el mal de Alzheimer.
 
Para producir 300 mil toneladas métricas de cobre al año, la fundición de la Southern procesa 1.06 millones de toneladas métricas de minerales. Al hacerlo genera 1912 toneladas métricas diarias de gases sulforosos y descarga diariamente 47 mil metros cúbicos de relaves en el mar.
 
Los impactos son múltiples, entre ellos la desertificación de 3500 hectáreas de bofedales de la comunidad Huaytire y otras 24 mil hectáreas de bofedales de propiedad privada. A ello se suman los daños en la salud, con un aumento de las enfermedades bronco-pulmonares y cancerígenas. Hay una severa disminución de la calidad de los suelos, con la consecuente pérdida de rendimiento de los cultivos.
 
La biodiversidad también se está perdiendo y la producción pesquera ha caído. El agua para el consumo humano contiene alarmantes índices de boro y arsénico. Incluso actividades como el turismo, por la pérdida del paisaje, son impactadas. Ilo va camino a convertirse en una ciudad fantasma. Y el Estado no cumple su deber de proteger los derechos de sus ciudadanos.
 
Quishque
 
El yacimiento minero Los Chancas ha causado graves daños a la comunidad de Quishque, distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac. La empresa minera Southern Perú Copper Corporation se instaló allí en 1997 y dos años después comienza la etapa de exploración. Para ello, hace firmar papeles a los comuneros diciéndoles que solo aquellos que lo hagan tendrán oportunidad de trabajo. Lo hace tanto en la comunidad de Quishque como en la de Tiaparo. Estas firmas son usadas para argumentar que el proyecto cuenta con licencia social.
 
La exploración se inicia abriendo trochas carrosables hasta Malcachay, en Quishque, donde instala su campamento. A su paso afecta viviendas, caminos, canales de irrigación. Luego emprende el represamiento del río Antabamba. Finalmente, desaparece el centro poblado de Túpac Amaru, provocando el desplazamiento de sus comunidades.
 
En 1999 Quishque comienza a reclamar la reposición de sus canales de riego, caminos y reposición de sus cercos destruidos. En octubre la situación empeora; es la época de lluvia y se producen huaycos generados por el removimiento de tierras para dar acceso a las plataformas de la mina en el cerro Huipani. 
 
A inicios del 2000 la empresa minera abandona  su campamento en Quishque y comienza a abrir una carretera sin el consentimiento de la comunidad. La comunidad advierte que si hacen la carretera el cerro se derrumbaría. Y así sucede: a su paso, la carretera deja viviendas, caminos,  canales de irrigación y el sitio arqueológico Muyu Muyu destruidos. El colegio, la iglesia y treinta viviendas desaparecen. Un informe de Defensa Civil demuestra que derrumbe es causado por la construcción de la carretera. Pero en el juicio hablan de fallas geológicas y dicen que nunca existieron ni el colegio ni la iglesia que fueron arrasados.
 
La Policía Nacional establece allí un cuartel para proteger a la empresa minera. En enero del 2002 ocurre un enfrentamiento entre los comuneros de Quishque y la policía. Dos años después, luego de una movilización, el presidente de la comunidad, Lucas Serrano Chacón, es procesado por los delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos. Piden para él treinta años de cárcel. Fue detenido en aquella oportunidad, pero CONACAMI y otras organizaciones lo defendieron.
 
Southern Peru quiere invertir tres mil millones de dólares. La comunidad pide una mesa de diálogo con la empresa y el Ministerio de Energía y Minas. Esta se crea en julio del 2009, por Ordenanza Municipal Nº 003-2009-MDT. Pero nunca se instala y se suceden otras protestas, como el paro realizado por todo el distrito de Tapayrihua el 13 de enero del 2010.
 
En síntesis: vulneración de derechos fundamentales, ausencia de consulta y consentimiento, criminalización, los Estados siempre del lado de las empresas en lugar de cumplir su deber de proteger los derechos humanos y colectivos. Este es el panorama general de la minería en los cuatro países de la Región Andina.
 
La única respuesta es fortalecer seguir fortaleciendo nuestras organizaciones y su articulación. Denunciar estos hechos ante las instancias nacionales e internacionales. Y continuar con la tarea de plasmar en propuestas concretas la construcción de un paradigma civilizatorio basado en el diálogo y la armonía con la Madre Tierra: el Buen Vivir.
 
Diciembre 19 del 2012, 
Comunicaciones CAOI
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia