Madrid
27 de octubre de 2012
 
 
Los/as representantes de las organizaciones sindicales de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, CSA y fraternas, de la CGTP-IN de Portugal y de UGT, CCOO y USO de España, reunidos/as en Madrid, España, con ocasión del IIIEncuentro Sindical Iberoamericano, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), teniendo como marco la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la ciudad de Cádiz, los días 16 y 17 de noviembre de 2012, acuerdan la siguiente Declaración:
 
1.        El mundo parece haberse dado cuenta de que las nuevas generaciones están en peligro ante la evidencia de una combinación desesperante de situaciones en el mundo del trabajo, donde existe una epidemia de múltiples formas de trabajo precarizado, y un desempleo abierto creciente.
 
2.        Asimismo, el acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. La precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección en el mercado de trabajo y el debilitamiento de los recursos sociales del Estado de Bienestar están provocando un empobrecimiento creciente de la población trabajadora. A ello se suman los elevados índices de trabajadores de la economía informal, que de por sí conlleva trabajo precario, desregulación y ausencia de protección social. A nivel de la sociedad en su conjunto, se coincide en ubicar un nuevo fenómeno: el “precariado”, como nueva formación social caracterizada por la desintegración y atomización, con un nuevo eje en la incertidumbre e inseguridad. El resultado es un refuerzo del individualismo, lo cual pone en grave riesgo la cohesión social.
 
3.        Como consecuencia de la crisis y a su amparo en Iberoamérica, se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora y pérdida de sus derechos. La precariedad del empleo tiende a convertirse en una característica estructural del mercado de trabajo, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo.
 
4.        La creciente ola de reformas laborales decretadas desde el año 2008, han generado un fuerte recorte de derechos laborales y sociales configurando un nuevo marco de derecho laboral que agrava la situación objetiva de crisis por el funcionamiento de la economía.
 
5.        En la pasada 101 CIT de la OIT se ha señalado que en 2012 hay en el mundo casi 75 millones de jóvenes desempleados, 4 millones más que en 2007, y más de 6 millones han abandonado la búsqueda de un puesto de trabajo. Más de 200 millones de jóvenes están trabajando pero ganan menos de 2 dólares norteamericanos por día y la mayoría de ellos se encuentran en la economía informal.
 
6.        El caso extremo de España y Grecia, con un desempleo juvenil superior al 50% y que en Portugal alcanza el 36%, da una imagen sintética de la dramática situación, al igual que la estadística sobre un 70% de jóvenes en los puestos temporales (casi duplicados en pocos años), en feroz competencia con los adultos.
 
7.        En América Latina donde el crecimiento económico ha sido cíclico, y los estados de bienestar han sido paupérrimos, existe un desempleo juvenil muy extendido, de características estructurales: alcanzando niveles de desempleo del 30% o más en países como Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay, Venezuela, o de entre 20-25% en Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y de 14-19% en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Rep. Dominicana. También la situación “ni-ni” (ni estudia ni trabaja) es más grave en América Latina. Si el promedio en los países de OCDE es del 16%, en América Latina es del 20%. El otro “agujero negro” del trabajo juvenil, también de carácter estructural se ubica en el vasto sector de la pequeña producción, con relaciones laborales no registradas, el cual suele ser el triple de grande que en los países industrializados. Tampoco se puede olvidar la persistencia, y en algunos países el incremento, del trabajo infantil, expresamente prohibido por los Convenios fundamentales de la OIT.
 
8.        Para hacer frente, supuestamente, a la crisis de las deudas soberanas, las instituciones políticas de la Unión Europea han impuesto a los países con problemas para la financiación de sus déficits y deudas – entre ellos España y Portugal – las políticas llamadas de austeridad y reformas estructurales. Estas políticas socialmente injustas han resultado un completo fracaso económico. Partiendo de un diagnóstico equivocado y utilizando unos instrumentos contraproducentes, ni han reducido los niveles de déficit y deuda públicos ni han permitido que los Estados se financien a tasas de interés sostenibles, únicos objetivos a los que se ha subordinado todo lo demás. Por el contrario, han producido caída de la actividad económica – la zona euro está de nuevo en recesión, Portugal y España en una perspectiva profunda y prolongada - ; aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad; disminución de los salarios y las pensiones; deterioro de la negociación colectiva y el diálogo social y de los derechos laborales y sociales; recortes del gasto social que afectan a prestaciones sociales como el seguro de desempleo y la atención a la dependencia y a servicios públicos fundamentales como la educación y la salud; etc.
 
9.        La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha valorado que el Contrato Social sobre el que se edificaron, después de la 2ª Guerra Mundial, los Estados de Bienestar y el Modelo Social Europeo, está roto. Ha propuesto alcanzar un nuevo Contrato Social Europeo. Para rechazar las políticas de austeridad y las reformas estructurales, la CES ha convocado el próximo 14 de noviembre una jornada de acción europea que en varios países europeos – entre ellos España y Portugal – adoptará la forma de una Huelga General. El Encuentro Sindical Iberoamericano muestra su apoyo a la Jornada del 14 de noviembre y su solidaridad con los trabajadores y los sindicatos europeos, en particular los de Grecia, España y Portugal.
 
10.     Las organizaciones sindicales iberoamericanas hemos asumido el compromiso de comenzar una nueva etapa de trabajo frente a esta epidemia que asola nuestras regiones: el trabajo precario. Además de las situaciones de no registro/informalidad, tradicionales en nuestros países, se han agregado también aquellas otras que se derivan de la temporalidad de los contratos, producto principalmente de la tercerización vía contratistas/subcontratistas y agencias de trabajo temporal, que se desarrollan en lugares de trabajo de baja visibilidad y accesibilidad, y las que son directamente formas de discriminación respecto de trabajadores de ciertas características personales.
 
11.     Denunciamos las situaciones intolerables de trabajo asalariado que ha generado esta falta de normatividad o su insuficiencia y ambigüedad, así como el no contar con eficientes sistemas de administración laboral con metas claras de regulación. Ponemos en evidencia que estas formas son generalmente legales, porque los códigos de trabajo las legitiman, y que favorecen el enfoque flexibilizador que predomina en la visión empleadora y de una parte de los gobiernos, pero que no pueden ser consideradas formas de trabajo decente.
 
12.     En muchos países de América Latina son muchas las situaciones normativas acumuladas por la combinación de tres elementos: una tradición de una fuerte regulación restringida del derecho colectivo, una liberalización de las normas del derecho individual, durante el funesto ciclo de neoliberalismo en varios de nuestros países, y una falta de reacción ante las nuevas formas de trabajo, que provoca una situación de incertidumbre y ambigüedad normativa, aprovechada por los empleadores, cuando buscan solo la maximización de ingresos. Las situaciones de precariedad no se limitan a la subregión latinoamericana y caribeña: algunas de sus peores manifestaciones están también enAmérica del Norte y en muchos países europeos. Además, estas situaciones de precariedad tienden a perpetuarse con los nuevos instrumentos legales en forma de Tratados de Libre Comercio, que no contemplan capítulos de protección social tal y como pedimos desde el movimiento sindical.
 
13.     Para hacer frente a estas situaciones, y como garantía de salida democrática de la crisis, los Estados deben situar el desarrollo con inclusión como eje de sus políticas. Esto requiere la consulta, participación e implicación de la sociedad civil, en especial de las organizaciones sindicales y de los empleadores, y al Estado como garante de la sostenibilidad y legitimidad del modelo de desarrollo. La defensa de los derechos humanos, de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva son elementos constitutivos de la democracia y el desarrollo inclusivo. La negociación colectiva conforma el primer elemento de redistribución de la riqueza y requiere por ello del compromiso real de los Estados para su efectiva vigencia. Ponemos de manifiesto que actualmente se están vulnerando gravemente estos derechos en Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia, entre otros países de América Latina, y en Portugal, Grecia y España entre los países europeos, variando la gravedad de los ataques de unos países a otros.
 
14.     En este conjunto de situaciones precarias los/as jóvenes son protagonistas. Se los encuentra en los trabajos improvisados en la vía pública, en el trabajo doméstico, y también en las zonas francas industriales, en los hipermercados y en los puestos de centros de llamada.
 
15.     El movimiento sindical de Iberoamérica defiende la igualdad de trato de los/las jóvenes trabajadores con el conjunto de la población trabajadora y rechaza a quienes enfrentan generacionalmente a los/as jóvenes trabajadores con un mundo laboral de trabajos temporales, como opción de último recurso, y pasantías, en las que existe un mayor riesgo de abusos, dando lugar frecuentemente al círculo vicioso de los “pasantes profesionales”.
 
16.     La segmentación de políticas solo para los jóvenes no sirve. La solución al problema del desempleo juvenil es inseparable de la solución general al problema del desempleo. Reclamamos a los Gobiernos y a las Organizaciones Internacionales, especialmente a la Unión Europea, el impulso de políticas económicas que fomenten el crecimiento y el empleo en el marco de una verdadera política de desarrollo sostenible. Dentro de estas políticas hay que desarrollar planes específicos de promoción del empleo de jóvenes. Estas políticas tienen que complementarse con aquellas que mejoren la educación, la formación profesional y los sistemas de orientación profesional e inserción en el trabajo. Este enfoque es bien distinto de aquel que enfatiza que la solución está en aumentar la empleabilidad de los jóvenes, especialmente desde visiones empresariales focalizadas principalmente en “iniciativas para jóvenes microemprendedores”.
 
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