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Del 12 al 16 de octubre, en São Paulo, Brasil, tendrá lugar la 68 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este cartel, conformado fundamentalmente por los dueños de los grandes medios de difusión corporativos, tiene previsto “examinar” la situación de la libertad de expresión en el continente, con el explícito propósito de sentar en el banco de los acusados a todos los gobiernos que han asumido la responsabilidad de abrir caminos en la perspectiva de avanzar hacia la democratización de la comunicación.
 
De hecho, en São Paulo se busca armar un nuevo episodio de la campaña emprendida por este cartel para señalar que su poder acumulado es intocable; esto es, que toda iniciativa que pretenda propiciar mayor diversidad y pluralidad en el mundo mediático debe ser condenada por “atentar a la libertad de expresión”, obviamente, una prerrogativa suya.
 
Con los vientos de cambio que soplan en nuestra región, sin embargo, lo que se torna cada vez más evidente es que padecemos de un sistema mediático en el que predominan grandes grupos familiares que concentran y monopolizan el sector, orgánicamente articulados al conjunto de poderes fácticos, imbuidos de un alto criterio patrimonialista y con una lógica eminentemente comercial, por señalar algunos rasgos. Y desde esta posición de fuerza han venido pregonando que en materia de comunicación no debe establecerse ninguna regulación, bajo la premisa de que la mejor ley es la que no existe.  En suma: somos intocables y aquel que ose romper esta regla será condenado por atentar a la “libertad de expresión”.