El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH, El Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y Similares (STIBYS), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Federación unitaria de trabajadores de Honduras (FUTH), la Asociación Nacional de campesinos de Honduras (ANACH), Frente Nacional de la Juventud Campesina, Indígenas y Afrodescendiente de Honduras (FRENAJUC) y la Vía Campesina a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional expresa lo siguiente:
 
El dirigente campesino, Coordinador de la Vía Campesina Internacional y miembro de la Coordinación Mundial de esta organización, Pedro Rafael Alegría Moncada fue informado oficialmente de parte del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, que existe un plan para atentar criminalmente contra él. Al ser notificado solicitamos una entrevista de carácter urgente con la Comisión de Reforma Policial que preside el licenciado Víctor Meza para informarle de los hechos y de igual manera con el señor Porfirio Lobo Sosa quien ejerce la titularidad del poder nación, nos confirmó que en efecto esa es la información que él posee y añadió que la amenaza incluye a dos de sus ministros.
 
Nos preocupa la información oficial recibida en contra de la libertad y la vida de seres humanos y especialmente la del compañero Alegría defensor de los derechos campesinos, fundamentalmente el derecho a la tierra. Por tal razón estamos presentando la denuncia ante las instituciones encargadas para la investigación y ante las instancias internacionales.
 
En contra del compañero Alegría existen una serie de antecedentes que refuerzan la tesis de que en efecto hay un plan para atentar contra su vida, para el caso el 25 de julio de 2009, fue capturado en el municipio de Danlí, El Paraíso junto a 45 personas más, mientras se mantenía en la toma pacífica que se instaló en la comunidad de Alauca, carretera a la frontera de las Manos. En esa ocasión permaneció en detención ilegal por seis horas. El inspector Molina jefe de la Policía en el municipio de Danlí, afirmó que se le detenía por violar el toque de queda.
 
El 2 de julio de 2009, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar la Medida Cautelar MC 196-09, para proteger la vida e integridad de varias personas en Honduras, entre ellas Rafael Alegría. La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad de los beneficiarios de dichas medidas. A la fecha el Estado no ha adoptado medidas específicas para salvaguardar los derechos del Coordinador de Vía Campesina Rafael Alegría, por lo que se encuentra totalmente desprotegido, situación que lo ha obligado a cambiar su forma de vida. En pleno siglo XXI, pasar casi a la semiclandestinidad, cuando todo su actuar ha sido público, es una tortura. 
 
El 11 de agosto del 2009 a la medianoche, las oficinas de Vía Campesina- Honduras, ubicadas en la colonia Alameda de Tegucigalpa entre tercera y cuarta avenidas, fueron objeto de un atentado criminal cuando dos sujetos que se transportaban a bordo de un vehículo  doble cabina, color gris, placa PCA 1981 dispararon en 3 ocasiones con armas de grueso calibre a las instalaciones, encontrándose en su interior varias personas que temporalmente estaban alojados en sus oficinas. Este hecho se produjo en el horario de un toque de queda decretado por el gobierno de facto desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. En los días subsiguientes un desconocido portando arma de fuego intentó ingresar a las oficinas en momentos cuando se realizaba una reunión de la dirigencia campesina.
 
El 08 de febrero de 2011, Rafael Alegría fue informado en forma confidencial, que en la ciudad de Miami, Estados Unidos se estaba planificando un secuestro en su contra, así como actos de tortura, planes que se extenderían también hacia Juan Barahona Sub Coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), supuestamente motivados por la participación de Rafael y Juan en las actividades de la Cuarta Urna, término con el que fue conocida la Consulta Popular que promovía el Presidente Zelaya, durante el primer semestre de 2009, previo al Golpe de Estado. 
 
El asesinato del fiscal de derechos humanos Manuel Eduardo Díaz Mazariegos en Choluteca el pasado 24 de septiembre de 2012 y el del abogado defensor de varias comunidades campesinas del Movimiento Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), Antonio Trejo el 22 de septiembre de 2012 reflejan la condición de vulnerabilidad en que operan los defensores de derechos humanos en el país.
 
Dados los antecedentes relacionados al trabajo que realiza Rafael Alegría, aunado a las últimas muertes violentas ejecutadas con total impunidad, no deja dudas de que se trata de cuerpos armados que actúan al margen de la ley, registradas en este mes de septiembre contra defensores de derechos humanos. Los abajo firmantes urgen al actual régimen a profundizar con las investigaciones que permitan neutralizar todo plan que busque terminar con la vida del dirigente del movimiento social, Rafael Alegría.
 
Las organizaciones arriba descritas solicitan agilizar los mecanismos de protección hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, investigar las denuncias de las víctimas de persecución y amenazas e identificar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos.
 
Destacamos que el COFADEH ha puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como de otras organizaciones internacionales la actual situación que experimenta el Coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que inste al régimen que preside Porfirio Lobo Sosa, a fin de que cese la zozobra, las intimidaciones y las amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
 
Exhortamos al pueblo hondureño a la solidaridad plena hacia todos nuestros compañeros y compañeras que hoy experimentan un clima desfavorable para actuar con seguridad y libertad y a no dejarse intimidar como lo hemos venido demostrando durante todo este proceso de resistencia social.
 
 
Tegucigalpa M.D.C., lunes 8 de octubre de 2012