San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.
 
A las organizaciones fraternas
A los medios de comunicación
Al pueblo en general.
 
Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las 7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial, nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.
Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevo a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago.
De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordeno la detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.
Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También se informa que al C. Omar Sandoval Leon, al momento de su detención se le recogió una pistola pietro beretta, calibre 9 mm. Con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informo del motivo de su detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.
Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades municipales y agrarias, de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentara bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de este modelo organizativo de los pueblos.
Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.
Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades y le otorga vehículos y equipamiento al ejército federal, aun cuando la SEDENA cuenta con presupuesto suficiente además de los recursos que le son asignados del ilegal Plan Mérida.
Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier otra agresión que se genere con motivo de esta lucha, ya que tenemos la información de que se están estableciendo retenes de la policía ministerial y estatal dentro del territorio comunitario. Manifestamos nuestra disposición a dialogar para generar acuerdos ante la asamblea general de nuestros pueblos.
Llamamos a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995. Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta campaña de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria