Bolivia vuelve a ocupar el centro de la atención en la región. La llegada de la IX Gran Marcha Indígena a La Paz sin que haya asomo de voluntad de diálogo por parte del Gobierno y los procesos penales abiertos contra líderes y autoridades indígenas muestran un panorama desalentador que es necesario revertir desde el respeto de los derechos humanos y colectivos.
 
El movimiento indígena continental saludó el triunfo de la VIII Gran Marcha Indígena del año pasado, cuando el punto central de su Plataforma fue atendido mediante la expedición de una Ley que declaró la intangibilidad del TIPNIS. Poco después, sin embargo, se promulgó la llamada ley de consulta del TIPNIS, calificada de inconstitucional por las organizaciones indígenas bolivianas (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ y Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB), entre otras razones porque la consulta es convocada cuando las obras de la carretera ya están ejecutándose y no de manera previa, como señalan la Constitución Política boliviana y los tratados internacionales.
 
Este retroceso del Gobierno llama a preocupación, tanto como la criminalización de los dirigentes indígenas y la estigmatización de sus organizaciones, acusándolas de estar aliadas con la derecha en sus maniobras para desestabilizar el país. El movimiento indígena boliviano, de la Región Andina y de todo el continente ha dado muestras suficientes de rechazo a los golpes de Estado, como ocurrió cuando Honduras lo sufrió y recientemente con la destitución del Presidente del Paraguay Fernando Lugo.
 
En el caso concreto de Bolivia, cuando el gobierno presidido por Evo Morales era cercado por la oligarquía boliviana y su autonomismo separatista, el movimiento indígena se hizo presente para respaldar el proceso de cambios.
 
Pero la CAOI lo dijo el año pasado, cuando la VIII Gran Marcha Indígena fue reprimida, y lo reitera ahora: respaldamos el proceso de cambios sin comprometer la autonomía de nuestra organización. Es más: lo respaldamos si es necesario oponiéndonos a quienes en lugar de dirigirlo lo desvirtúan. Y reiteramos que la mejor defensa de un proceso de cambios es profundizarlo con la participación de todos los sectores sociales.
 
Llamamos al gobierno boliviano a reflexionar y retomar el proceso de cambios de un país que dio el ejemplo al ser el primero que dio rango de ley a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y cuya nueva Constitución fue señalada por ejemplar gracias al reconocimiento de la Plurinacionalidad y el Buen Vivir.
 
Llamamos al gobierno boliviano a no copiar las actitudes de los gobiernos neoliberales y poner alto a la estigmatización y criminalización de las organizaciones indígenas y sus dirigentes, a respetar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por los tratados internacionales, la Constitución y las leyes nacionales, y a hacer realidad, construyéndolos con el movimiento indígena y con el conjunto de la sociedad boliviana, el Estado Plurinacional y el Buen Vivir.
 
Llamamos al gobierno boliviano a retirar las denuncias penales contra los líderes y autoridades indígenas y a derogar la ley de consulta del TIPNIS, respetando la intangibilidad de este territorio.
 
 
Julio 2 del 2012,
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia