El marco jurídico para la reparación integral, atención, protección y restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas y, en general, para todas las víctimas del conflicto armado colombiano, constituye un gran paso para la reconciliación nacional y la paz reclamada por décadas. Su promulgación en nuestro Estado social de derecho merece ser celebrado. Sin embargo, este gran esfuerzo no ha logrado detener las prácticas discriminatorias contra los pueblos indígenas, las cuales se profundizan por la inexistencia de voluntad política, social y económica del Estado colombiano. A seis meses del Decreto Ley 4633 de 2011 y a un año de la Ley 1448 de 2011 no se han fundado los esfuerzos para detener el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas a causa del conflicto armado. El sinsabor que genera este primer balance sólo puede comprenderse si en un breve ejercicio de memoria, recordamos que los pueblos indígenas no fueron invitados al debate del entonces proyecto de ley 107/10 de la Cámara de Representantes.
 
No desconocemos la odisea emprendida por los pueblos indígenas y el Gobierno nacional para consultar, concertar y expedir el Decreto Ley 4633 de 2011. Pero es necesario reiterar, que sin la iniciativa del artículo 205 por parte de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Ley 1448 de 2011 no hubiera tenido vida jurídica, por el contrario, habría entrado en la lista de normas que por sus vicios de inconstitucionalidad y vulneración al derecho fundamental a la consulta previa son declaradas inexequibles.
 
Es una responsabilidad histórica recordarle al Congreso de la República que a pesar nuestro Estado multiétnico, de las decisiones judiciales de gran trascendencia como el Auto 004 de 2009 y las recomendaciones de organismos internacionales, el proyecto de ley 107/10 de la Cámara de Representantes guardaba silencio frente a la reparación de las víctimas indígenas.
 
Sólo a través de un acto de solidaridad de nuestros pueblos indígenas y de la iniciativa de nuestras organizaciones, las víctimas colombianas - muchas de las cuales son indígenas- lograron recuperar de la muerte una iniciativa legislativa que los grandes juristas colombianos reclamaban retirar del debate legislativo por inconsulta.
 
Hoy, a pesar de los tropiezos, podemos afirmar que el Decreto Ley 4633 de 2011 es un gran instrumento jurídico, una sólida base para el goce efectivo de los pueblos indígenas colombianos y su reparación –entendida ésta como la transformación de las lógicas de discriminación imperantes en nuestra nación y el restablecimiento del equilibrio y la armonía-. No obstante, nos preocupa que a seis meses de entrada en vigencia la norma, las palabras que con tanto esfuerzo fueron plasmadas en el papel, no tengan impacto en la realidad de los pueblos indígenas, ni siquiera en un sentido simbólico.
 
A continuación, presentamos una pequeña radiografía en donde identificamos los obstáculos que consideramos más inquietantes para la eficacia del Decreto Ley 4633 de 2011. Estos obstáculos representan las conclusiones logradas desde la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y su comisión delegada, luego de dialogar con el Gobierno nacional sobre las estrategias que deben ser implementadas.
 
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