El pasado 12 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, con el supuesto afán de beneficiar a la radiodifusión indígena de la cual emitimos la siguiente declaración.
 
La reforma en cuestión no abona de manera contundente el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, según estipulan ordenamientos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Está por debajo de normas nacionales y recomendaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso de la normatividad reglamentaria en materia de radio y televisión del Instituto Federal Electoral (IFE).
 
La enmienda es muy limitada a los planteamientos de los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena. Pero también hay ciertos avances, como el reconocimiento legal de radios y televisión indígena.
 
Hay una discriminación abierta cuando se pide que la constancia de pueblo o comunidad indígena sea expedida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque las autoridades debidamente reconocidas de cada comunidad y pueblo existen y no reconocer su validez o no aceptar su autoridad de expedir estas constancias según los niveles correspondientes es por una parte, desconocerlos como autoridades legítimas y por otra, discriminarlos para establecer que sea un órgano del gobierno federal, totalmente ajeno a cosmovisión y estructura de dichos pueblos y comunidades, el que les dé debido reconocimiento.
 
Se sostiene la postura original de los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena, que sea la Asamblea de dicho pueblo o comunidad, el aval suficiente y necesario para solicitar el permiso y no una autoridad ajena a su realidad.
 
Desde cuando necesitamos tutelaje para dictaminar si somos indígenas?
 
En la ley en cuestión, no se abre el espectro para los pueblos indígenas y sí se legaliza la situación de oligopolio en que se encuentran Televisa y Radio Azteca actualmente.
 
La reforma señalada no logra resolver la necesaria reglamentación del precepto constitucional que obliga al estado a crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar medios de comunicación.
 
Los pueblos indígenas demandamos una ley reglamentaria del artículo 2º Constitucional en materia de comunicación indígena.
 
Emanado de los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena, se ha resuelto exigir al Ejecutivo Federal la reserva del 30 por ciento del espectro radioeléctrico
 
Además destinar el 5 % del presupuesto de Comunicación Social de la presidencia de la República para fortalecer los medios de comunicación indígena.
 
Los comunicadores indígenas hemos entregado a la Cámara de Diputados y Senadores, a través las comisiones encargadas de radio y TV y de pueblos indígenas, propuestas que señalan los elementos que una legislación en materia de medios indígenas debe contener, así como el Plan Nacional de Comunicación Indígena que el Estado debiera apoyar.
 
Sin embargo, ninguna de estas demandas ha sido atendida. Nos damos cuenta de la falta de autonomía del Congreso de la Unión para legislar a favor de los pueblos indígenas por sus compromisos con las grandes cadenas informativas.
 
En junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia fue categórica en cuando a la violación de los derechos de los pueblos indígenas en materia de comunicación por no realizar una enmienda que garantice lo estipulado en el artículo 2º Constitucional.
 
Por lo anterior:
 
1.     Denunciamos el incumplimiento del Poder Legislativo al mandato constitucional que le conmina a legislar para crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar medios de comunicación.
2.      Miramos con preocupación y profunda indignación el intento de utilizar las demandas de los pueblos indígenas para encubrir un fraude a la ley y beneficiar a los poderes fácticos que dominan los medios de comunicación en México.
 
Exigimos al Senado de la República:
 
1.     Avanzar en la formulación de una ley reglamentaria que recoja las demandas de los pueblos indígenas en materia de comunicación indígena y de la comunicación comunitaria
2.     Rechazar la legitimación que se hace en esta reforma, al dominio monopólico que existe en los medios de comunicación.
Exhortamos a los Organismos Internacionales y a la Sociedad Civil:
 
1.     A dar seguimiento y apoyar las acciones de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la comunicación e información
2.     A demandar a los legisladores el cumplimiento de los acuerdos internacionales y la constitución en materia de derechos a la comunicación y libertad de expresión de los pueblos indígenas. 
 
Pedimos a la Cámara de Diputados rehacer una nueva reforma donde se reconozcan ampliamente los derechos de los pueblos indígenas a la comunicación e información
 
Congreso Nacional de Comunicación Indígena
(CNCI)