Derechos de la Madre Tierra

Declaración de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América latina – RAPAL -Sobre la defensa de la Soberanía alimentaria en el marco de la Reunión Regional de la FAO. Buenos Aires, Marzo de 2012
 
Soberanía implica ejercer nuestra autonomía para decidir en una situación o hecho determinado, en el caso de la Soberanía Alimentaria implica el derecho de los pueblos, las naciones y las comunidades a decidir qué y cómo producir; a preparar, almacenar y, distribuir nuestros alimentos. Es el derecho a acceder a alimentos adecuados, sanos, seguros, nutritivos y culturalmente apropiados y a producir los alimentos en forma sustentable y ecológica. Es el derecho a acceder a los bienes naturales, como la tierra, el agua, las semillas y la biodiversidad, para su uso en forma apropiada. En la actualidad no solo como concepto, sino como práctica social y cultural la soberanía, nuestro derecho a decidir, se halla en una crisis de involución.
 
Determinados procesos globales, como son la concentración de la propiedad de la tierra, la intensificación en las necesidades de capital y el monopolio de la cadena agroalimentaria en manos de un grupo reducido de transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, y factores internos, propios de nuestros países, hacen a que las cuatro dimensiones relativas a la soberanía alimentaria; la producción, el acceso, la continuidad y la calidad de los alimentos se hallen en permanente dificultades.
 
Existe un fuerte incremento de los precios internacionales de los commodities agrícolas, desde el año 2002 a la fecha se produjeron aumentos en los precios del maíz trigo y soja cercanos al 300%. Este incremento se corresponde con que los productos agrícolas se han transformado en un producto de la especulación de los mercados financieros, determinando que el precio se relacione más con el fin de lucro, el precio del oro, el del petróleo que con las reales existencias de alimentos dadas las actuales posibilidades de producción. Dado que las semillas y los alimentos se han transformado en simples mercancías, las alzas de precios derivadas de la especulación determinan a su vez la imposibilidad de acceso a amplias franjas de la población, aún la residente en aquellos países productores de alimentos.
 
La calidad de los alimentos que se producen, distribuyen y consumen en nuestros países también merece nuestra atención dado que los modos de producción implican la utilización de semillas transgénicas y una creciente utilización de plaguicidas, que pueden permanecer en los alimentos aún después de la misma cosecha. Los alimentos que se consumen en nuestros países contienen residuos de plaguicidas altamente peligrosos, que pueden generar enfermedades crónicas como cáncer y alteraciones del sistema endocrino. Además, en muchos países de la región se importan o producen alimentos transgénicos que se venden sin etiquetado, de manera que los consumidores no pueden ejercer su derecho a optar por alimentos producidos sin semillas alteradas geneticamente.
 
El avance de los monocultivos –altamente demandantes de plaguicidas y de agua - como la soja, la palma aceitera, las plantaciones forestales ligados a la agroindustria de exportación, por sobre las siembras de especies destinadas a la alimentación de las comunidades, determina una menor disponibilidad de alimentos y en muchos casos ha generado contaminación y escasez de agua o pérdida completa del agua necesaria para el desarrollo de los cultivos y la subsistencia de productores familiares. La agricultura campesina está siendo forzada a utilizar semillas híbridas de alto costo, impuestas por el mercado y las entidades de gobierno. Los apicultores ven amenazada la producción y exportación de miel por el avance de los cultivos modificados geneticamente en la región los cuales han determinado la contaminación de una parte de su producción con polen transgénico. En la mayoría de los países del cono sur la soja transgénica, dada su rentabilidad y escaso requerimiento de mano de obra, reemplaza a los cultivos de trigo, frutas, a la papa y a las hortalizas con el consecuente impacto social, ambiental, cultural y político. A su vez el avance el cultivo de especies destinadas a su utilización como biocombustibles agrava el problema.
 
Los megaproyectos agropecuarios, forestales y mineros basados en el simple concepto de rentabilidad, producen una ocupación del territorio, expulsando a las comunidades campesinas e indígenas que desde siempre cultivaron, recolectaron, cazaron y pescaron en ese espacio de producción y vida. El avance de la frontera agropecuaria, de la megaminería y la industria forestal por sobre los lugares de asentamiento, producción y recolección, caza y pesca de comunidades de pueblos originarios y campesinas y ecosistemas naturales no hace más que condenarlas a una alimentación deficiente en calidad y cantidad. La pérdida de medios de vida, del agua y las semillas repercute con mayor fuerza en las mujeres campesinas e indígenas, por el papel que juegan en la agricultura y la producción y recolección de alimentos.
 
Tampoco podemos olvidar que el cambio climático impacta en la producción de alimentos. Un cambio climático del cual la agricultura industrial a partir del uso de plaguicidas, fertilizantes y la cría y engorde de animales estabulados también es responsable. La alternancia de procesos de lluvias y sequias ha hecho mas imprecisa la producción agropecuaria y con ello el precio y acceso a los alimentos.
 
Debemos enfocar la problemática de la soberanía alimentaria dentro de una estrategia de desarrollo, requiriendo discusiones y decisiones a nivel político que aseguren que todos los programas de producción de alimentos tengan como primera y más importante prioridad, satisfacer las necesidades alimentarias de sus comunidades, y sólo después de ello se atienda a las necesidades del comercio.
 
Debemos pensar, analizar e implementar una Política de tierras que encare no solo la distribución adecuada de las mismas sino los regímenes de tenencia y uso que permita una adecuada planificación y modo de utilización sustentables con control ciudadano.
 
Una política impositiva basada en la equidad y progresividad de los impuestos que realmente permita una redistribución de los ingresos.
 
Es inexorable la discusión de una política tecnológica diferente a la que ofrecen los gobiernos aliados a las transnacionales productoras de plaguicidas y semillas transgénicas y dentro de ella una política de apoyo a la investigación y valorización de las semillas campesinas, resistiendo las presiones y regulaciones que empujan a las comunidades campesinas e indígenas entrar en la dinámica de la propiedad intelectual y las patentes, y promoviendo la gestión local de casas o guardianes de las semillas, así como restableciendo la práctica de su intercambio a nivel local y regional. Es necesario apoyar y extender las crecientes experiencias de huertos urbanos, derivados de la existencia de ciudadanos y ciudadanas que desean una alimentación sana, así como del hecho de que en la ciudad viven cada vez más pobladores que proceden del campo y han sido expulsados de sus comunidades por los procesos ya descritos.
 
Por último se requieren políticas específicas que alienten la producción de alimentos sanos, sin transgénicos ni plaguicidas para todos los habitantes de nuestros países, aquí se deberán pensar entre otros, elementos relativos al etiquetado, el monitoreo de residuos de plaguicidas en los alimentos, las exenciones impositivas, subsidios diferenciales, impuestos diferenciales, créditos, sin olvidar la investigación y difusión tecnológica adaptadas a las diferentes culturas. El apoyo de los Estados a la producción agroecológica debiera expresarse asegurando un mercado ligado al abastecimiento de las escuelas, establecimientos fiscales y hospitales públicos con productos producidos con métodos agroecológicos.
 
La agricultura siempre fue una actividad compleja dada la necesidad de obtener, procesar, transmitir información de origen ambiental, ecológico, económico y cultural. En la actualidad es mayor la cantidad de información a procesar y problemas a resolver por lo cual se requiere no solo mayor acompañamiento del estado sino organización por parte de los productores.
 
Se debe valorizar a la agroecología como el único modo de producción y relacionamiento entre los seres humanos y con los bienes naturales que garantiza la sustentabilidad y estabilidad de los agroecosistemas y el acceso a una adecuada alimentación. Para alcanzar estos fines se requiere la adopción de medidas políticas y sus instrumentos asociados que lleven a una mayor comprensión de los procesos y a la adopción de prácticas. Así mismo una mirada crítica a las modalidades actuales de consumo que en definitiva son las que presionan a todo el sistema productivo rural, las organizaciones de consumidores deben conocer todas las implicancias de salud, sociales y ambientales que genera la actual situación.
 
 Hay que avanzar hacia métodos de certificación social de la producción agroecológica y apoyar la lucha de las comunidades respecto al uso y control ciudadano de sus territorios amenazados por megaproyectos agrarios, mineros e industriales. La lucha por alcanzar la soberanía alimentaria está ligada a los procesos que llevan adelante los movimientos sociales en nuestros países para cambiar el modelo de desarrollo impuesto, que no sólo tiene elevadísimos costos sociales sino ya ha mostrado su incompetencia a nivel global.
 
 
Red de Acción en plaguicidas y alternativas de cambio de América Latina RAPAL