“Estamos convencidos que cuando hay voluntad y espíritu de solidaridad, se pueden construir muchas cosas y hoy estamos construyendo una escuela”, dijo Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, al inaugurar el inicio de la reconstrucción de una escuela en la comunidad de Rigores, jurisdicción de Trujillo Colón.
El sábado cuatro de febrero, la esperanza y solidaridad del pueblo hondureño se hizo sentir en Rigores. Bajo la coordinación de la Vía Campesina, más de una veintena jóvenes provenientes de diferentes regiones y organizaciones campesinas del país, se incorporaron a los trabajos de reconstrucción de la escuela del asentamiento campesino Vida Nueva, edificio que junto a 120 viviendas, fuera destruido a mediados de 2011 por militares y policías, que ejecutaron un desalojo de tierras.
Vida Nueva es un grupo campesino conformado por 150 familias pertenecientes la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), que durante doce años ha mantenido posesión de la tierra. Producto de su esfuerzo y del apoyo de organizaciones no gubernamentales, los labriegos habían logrado edificar 120 viviendas, una escuela, un jardín de niños y un centro comunal. Su trabajo se vino abajo el 24 de junio del año pasado, cuando militares y policías cumpliendo órdenes de desalojo, utilizaron tractores para destruir la comunidad.
Además de dejar a la intemperie a las familias, el hecho violento obligó a cerca de un centenar de niños a recibir clases bajo los árboles y sentados en las piedras. Esta situación puso en alerta a organización campesina, que con el apoyo de periodistas independientes denunció la barbarie.
Con el propósito de favorecer a los niños de la comunidad, a través del programa En la Plaza, la Vía Campesina realizó una campaña para la recolección de útiles escolares y recursos económicos para la edificación de las aulas escolares.
Un informe dado a conocer por el coordinador de la Vía Campesina, señala que durante la referida campaña se recolectaron 135 mil 56 lempiras con 74 centavos, que servirán para la compra de materiales y otros gastos. De igual manera hizo entrega de un lote de cuadernos, lápices y material didáctico que fue recolectado para uso de los niños y maestros del centro educativo.
“Hoy es un gran día porque se está colocando la primera piedra que da inicio a la construcción de la escuela, la Vía Campesina no construye escuelas, la construcción de la escuela debería ser un trabajo del gobierno, pero este gobierno no ha hecho caso a esta comunidad”, expresó la coordinadora del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), Leoncia Solórzano, tras agradecer a la ciudadanía y a los periodistas independientes que fueron solidarios con la comunidad.
Doce años insuficientes para legitimar la tierra
El desalojo violento de que fuera víctima el grupo campesino Vida Nueva, evidencia una vez más que al gobierno de la república no le interesa favorecer a los más vulnerables, sino a quienes pueden comprar la conciencia de los operadores de justicia.
A inicios de 2011 por presiones de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 18-2008, que daba facultaba al Instituto Nacional Agrario (INA), para expropiar las tierras que habían sido recuperadas por los campesinos.
La figura legal tenía como propósito hacer efectivo el derecho a la tierra de miles de familias campesinas en todo el país.
Este decreto en su artículo 4 ordenaba al INA revisar los expedientes y las actividades de campo para verificar los requisitos de expropiación. Aunque el grupo Vida Nueva, era beneficiario de la legislación, por desidia de las autoridades no logró legitimar la propiedad, situación que provocó el desalojo que destruyó el patrimonio que habían alcanzado.
Además de la edificación de viviendas y el resto de la infraestructura, los campesinos también establecieron proyectos avícolas, de ganadería y de producción de granos básicos. Sin embargo, la derogación del referido decreto, los afectó enormemente, según Rodolfo Cruz, presidente de la comunidad campesina.
“Nosotros estábamos siendo beneficiados con ese decreto pero al derogarlo nos afectaron porque allí agarró fuerza el terrateniente para destruir las viviendas. Tenemos 12 años de estar en la tierra, hay seis granjas de gallinas, una tienda de consumo y estamos luchando para un proyecto de cerdos, en una empresa también tenemos un proyecto de ganadería”, expresó Cruz.