Nosotros(as) integrantes del Movimiento Social Hondureño, las Organizaciones Campesinas del Aguán, el Frente Nacional de Resistencia Popular en Colón y Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos que concurrimos a la inauguración de este observatorio de Derechos Humanos ante la Comunidad Nacional e Internacional declaramos:
 
Que amparados en la carta fundamental de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales de los pueblos, especialmente las poblaciones originarias y amenazadas por el interminio en la Constitución de la República en e los Artículos 59, 60 y 61 que literalmente establece: la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad; Artículos 64: que también establece que el derecho a la vida es inviolable; Artículo 66 que prohíbe la pena de muerte y todos los que se refieren a las declaraciones, derechos y garantías individuales amparadas en el principio de autodeterminación de los pueblos y del ejercicio de la soberanía popular y ante la situación de permanente violación de los Derechos Humanos de las poblaciones del departamento de Colón y del Litoral Atlántico hondureño, especialmente el clima de terror, asesinato persecución en contra de los grupos campesinos de la región y del peligro permanente que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, por parte de operadores de justicia, empresarios y terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales, a través de un ejército de guardias de seguridad y asesinos que ejercen labores de sicariato. Que estos terratenientes, amparados por la decisión política del Instituto Nacional Agrario encabezados por el Ministro César Ham, por el Presidente de la República Porfirio Lobo Soca y su Ministro de Seguridad y Defensa, están operativizando la tercera militarización para el Bajo Aguán, denominada “Xatruch II”, utilizando un armamento convencional para la guerra en tierra como helicóptero y aviones con armas destructivas instaladas listas para ser operadas.
 
El escenario que prevalece desde el 9 de diciembre del 2009, fecha en que se profundizó el conflicto agrario en el Aguán ha tenido continuamente las siguientes características:
 
a.     Criminalización de la lucha por nuestros derechos y especialmente la lucha por la tierra impulsada por las organizaciones campesinas, estrategia política que se aplica desde el Golpe de Estado en Honduras el 28 de junio 2009 y que en los próximos meses se profundizará cuando la Corte Suprema de Justicia del país, atendiendo un recurso de amparo de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Honduras derogó definitivamente el Decreto 18-2008, decreto que favorecía procesos de mediación entre el Estado y los terratenientes para solventar conflictos agrarios. Con esta decisión se proveen desalojos para miles de familias campesinas que tienen muchos años de estar en posesión de sus tierras pero sin haber logrado obtener un título de propiedad, desalojo de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales para construir las “ciudades modelos” con ciudadanos y capital extranjero, en una clara violación de la soberanía nacional, constituyendo un Estado en otro Estado. Para criminalizar la lucha han impulsado campañas de difamación en contra del Movimiento Campesino del Aguán y de los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular en esta zona. Desde la Secretaría de Seguridad se inventaron la existencia de un fuerte armamento entre los campesinos a los cuales se les tilda de guerrilleros, de delincuentes y de ladrones por medio de comunicación de la oligarquía hondureña y a nivel internacional, manteniendo hasta la fecha un cerco mediático informativo para que el mundo no se entere del exterminio de la población campesina en el Aguán.
 
b.    Asesinato de campesinos de las diferentes organizaciones, alcanzando la cifra record de cualquier gobierno de 46 trabajadores del campo que han muerto en el marco del conflicto agrario sin que los responsables de impartir justicia hagan algo por lo que prevalece en éstos como en otros casos la impunidad.
 
c.     Allanamiento masivo con la imposición de toque de queda o estado de sitio para los asentamientos de La Guadalupe Carney en diciembre del 2010, por lo menos tres allanamientos masivos al movimiento campesino de Rigores y el movimiento Recuperación Nacional de Rigores desde el mes de junio hasta noviembre del 2011, en esta comunidad con los allanamientos han impuesto un clima de terror, donde han quemado y destruido todas las casas, destruyeron cultivos, quemaron escuelas e iglesias, han capturado y han secuestrado campesinos adultos, jóvenes y niños y han aplicado métodos violentos de tortura física y de tortura psicológica.
 
En los últimos meses, policías, militares del ejército de Honduras, guardias de seguridad y sicarios, que por lo general se cubren el rostro con pasamontañas han ensayado allanamientos masivos en dos ocasiones para el asentamiento del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), establecido con la venia del Estado y del actual Gobierno en el asentamiento La Marañones, en dos acciones los asentamientos del MUCA de la margen Derecha del río Aguán, La Confianza, La Aurora y La Lempira; en declaraciones del Coronel Espinal, quien fungiera como Comandante de la Operación “Xatruch II” manifestó que todos los asentamientos serían intervenidos para provocar un desarme general.
 
d.    Ataques armados en contra de los asentamientos campesinos provocando el asesinato y quedando muchos heridos. Guardias y policías, miembros del ejército se ubican estratégicamente en las cercanías de las palmeras recuperadas por los campesinos e inician ataques con bala viva sobre hombres y mujeres, como es el caso del campesino Ceferino Zelaya, asesinado en tierras del asentamiento La Aurora y Catarino Efraín López y José Luis Lemus, del Movimiento Campesino MARCA. Poblaciones de campesinos y campesinas de varios asentamientos, tienen casa por cárcel ante el temor y la amenaza permanente de ser asesinados.
 
e.     Secuestro de campesinos, algunos de ellos permanecen desaparecidos como es el caso de Francisco Pascual López, donde la población campesina de Rigores, confirma que guardias de seguridad lo tirotearon e introdujeron su cuerpo ensangrentado a las palmeras de Miguel Facussé, el joven Olvin Gallegos de 18 años de edad y Secundino Gómez, fueron secuestrados el domingo 29 de mayo, 2011, aún permanecen desaparecidos.
 
Segundo Mendoza, del Movimiento Recuperación Nacional Rigores, secuestrado el 14 de octubre, apareció asesinado en la morgue judicial de la ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida, a su cuerpo le faltaba una mano.
 
El mismo 14 de octubre 2011, fue secuestrado el campesino Carlos Alberto Hernández Ramos a tempranas horas de la noche, pertenece al Movimiento Nacional Recuperación Rigores, por una patrulla de la Policía nacional Preventiva, que lo condujo desde la entrada a la comunidad de Rigores hasta la posta policial de Sonaguera, fue golpeado y torturado durante 24 horas, saliendo bajo amenaza de que si hablaba del asunto lo volverían a buscar.
 
f.     Amenazas a muerte, seguimiento en vehículo sin placa con gente armada en su interior a por lo menos 30 dirigentes campesinos y dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular como a defensores y defensoras de Derechos Humanos.
 
g.    Operativos militares en las cercanías de los Asentamientos, los militares portan un listado de personas buscadas, hay más de 300 órdenes de captura en los Juzgados del departamento de Colón.
 
En estos operativos retienen a la población hasta por dos horas, les cobran dinero y hasta que lo consiguen dejan ir las personas, buscan armas y extranjeros.
 
h.     El Gobierno incumple los acuerdos y convenios hasta hoy firmados, por lo que no se avizora una solución inmediata al conflicto agrario y los más de 2 mil hombres armados que protegen a los terratenientes están para quedarse de manera permanente hasta que se “pacifique la región”
 
Ante este panorama que pone en precario y en extremo riesgo los derechos humanos de la población del Aguán y especialmente la población campesina, hemos decidido:
 
1.     Defender el derecho a la vida como derecho fundamental, defender los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en permanente hostigamiento, represión e inseguridad.
 
2.     Estar presentes en desalojos, allanamientos e intervenciones militares en el marco del reclamo de los derechos de los pueblos y del conflicto agrario.
 
3.     Brindar protección a poblaciones y personas que tienen amenazas, sufren persecución y son objeto permanente de represión.
 
4.     Acompañamiento en defensoría legal, asistencia médica y procesos jurídicos relacionados con el conflicto agrario.
 
5.     Denunciar nacional e internacionalmente la violación a los Derechos Humanos en la región, creando instancias y mecanismos de respuesta inmediata.
 
6.     Demandar en las instancias jurídicas nacionales e internacionales, a quienes violenten los derechos humanos en esta región de Honduras.
 
7.     Convocamos a las organizaciones de Derechos Humanos, a los movimientos sociales nacionales de América Latina y el mundo a personalidades destacas en la defensa de los derechos humanos y en el impulso de la paz con desarrollo social y humano al encuentro internacional de defensores y defensoras de derechos humanos, evento a realizarse en esta región del Aguán del 17 al 21 de febrero del año 2012.