Mujeres en la Minga

 “LAS MUJERES RURALES DEFENDEMOS LA VIDA Y CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO PARA LA PAZ EN LOS TERRITORIOS”
 
Nosotras: Mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, rurales y víctimas de los crímenes de: Despojo, desarraigo, desterritorialización y de desplazamiento forzado derivados del conflicto social, económico, político, cultural y armado interno, que afecta al país, hemos llegado a este encuentro, desde nuestras veredas, municipios, departamentos y desde nuestros territorios, con el propósito común de aunar esfuerzos en la búsqueda y construcción de soluciones a nivel individual, colectivo, de comunidad y país.
 
Nuestra situación de vulnerabilidad por razones de sexo, edad, género, etnia, clases sociales, sector rural, generadas por amenazas, discriminación, exclusión; afectadas por múltiples violencias de género a nivel público y privado, a la que se suma el abandono estatal, la indiferencia y el olvido del Gobierno Nacional, siendo así perjudicadas por la aplicación de políticas públicas, de leyes excluyentes que nos afectan directamente, tales como: La mayoría del articulado de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el proyecto de Ley Nacional Agraria y de Desarrollo Rural, Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Sostenibilidad Fiscal, así como las nuevas leyes y decretos, proferidas y relacionadas con el sector rural, las cuales no han sido consultadas previamente, ni construidas con nosotras y tampoco con las organizaciones de víctimas., violando la participación efectiva y positiva.
 
A las comunidades rurales y, particularmente a las mujeres, nos han usurpado nuestras tierras y territorios por diversas modalidades, como: El desplazamiento, el desarraigo, despojo  y la desterritorialización durante años, por parte de los terratenientes, el narcotráfico,los grupos ilegales, las políticas gubernamentales desde los megaproyectos, las multinacionales y las transnacionales imponiendo un Modelo de Desarrollo Económico que privilegia la aplicación de medidas en pro de la confianza inversionista y en detrimento de la economía campesina y familiar. El conflicto social y armado, que tiene como escenario principal de guerra el mundo rural, ha impactado de manera particular a las mujeres rurales por su alta vulnerabilidad y desprotección por parte del Estado Colombiano. Además, el acaparamiento de tierras y el uso del suelo y el subsuelo para grandes megaproyectos por parte de empresas nacionales y extranjeras, atentan gravemente contra la soberanía, la autonomía y la seguridad alimentaria, pilares fundamentales de nuestra economía familiar para la vida. A todo ello se suma el hecho que el actual gobierno a través de la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), prioriza la aplicación de políticas públicas que benefician de manera exclusiva a las llamadas “locomotoras” de la agroindustria y a la gran minería, mediante la cual grandes extensiones de tierras aptas para la producción de alimentos han sido entregadas a las grandes empresas para la explotación de recursos naturales y minero energéticos y para la producción de agro combustibles y ecoturismo, ocasionando un grave impacto al medio ambiente, salud y a la seguridad alimentaria del país.
 
No obstante esta difícil situación, nosotras mujeres rurales de Colombia y en situación de desplazamiento forzado luego de deliberar y debatir en la ciudad de Bogotá, D.C, durante los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2011, reafirmamos nuestro caminar y compromiso de trabajo en minga para avanzar  y desatar las  tareas, propuestas y acciones conjuntas, que posibiliten generar en Colombia, las transformaciones sociales que requiere el campo, el país y de manera particular nosotras las mujeres rurales constructoras de vida, paz y país.
 
Apoyadas en las anteriores reflexiones y consideraciones,
 
MANIFESTAMOS, EXIGIMOS Y PROPONEMOS:
 
·         Reclamamos al Estado y al Gobierno Nacional, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en los tratados internacionales ratificados (CEDAW, Belém do Pará, Resolución 1325 de 2000 y 1889 de 2009) garantizando una atención integral, el reconocimiento de nuestros derechos, dando prioridad en resolver las situaciones de vulnerabilidad, exclusión y amenazas.
 
·         Que las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano 2011 “Colombia Rural, Un camino para la Esperanza”, emitido por el PNUD en Septiembre 28 de 2011, se tengan en cuenta como una herramienta fundamental de trabajo, para la garantía, exigibilidad y cumplimiento de los derechos del sector y de las comunidades rurales.
 
·          Proponemos que el Congreso de la Republica y el Gobierno Nacional tengan en cuenta y consideren para su aprobación las propuestas que en materia de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, han elaborado las Organizaciones Campesinas y, que se encuentran consignadas en el Proyecto de LEY ALTERNATIVA AGRARIA, que será presentada a consideración del Congreso Nacional  el mismo día que el Gobierno radique su proyecto de Ley Nacional Agraria y de Desarrollo Rural. Consideramos que el Proyecto de Ley Alternativa Agraria de las Organizaciones Campesinas, es una importante propuesta que a no dudarlo contribuye positivamente al desarrollo para la paz en nuestros territorios y que de ser aprobada beneficiará  a  los 14 millones de campesinos/as, indígenas, afrodecendientes, pescadores, mineros, trabajadores agrícolas, artesanos/as, quienes serian sus beneficiarios directos y al  el país en general.
 
·         El Gobierno Nacional, por su alta vulnerabilidad debe atender con urgencia y prioridad a las mujeres rurales, a sus hijos e hijas, y pagar la deuda social que tiene el Estado con nosotras, reconociendo nuestros derechos y apoyando el empoderamiento de nuestras organizaciones. Debe para tal fin, incluir presupuestos suficientes y disponer planes y programas, decretos y leyes que garanticen los derechos de las mujeres rurales teniendo en cuenta las propuestas, apuestas políticas y reivindicaciones propias de las organizaciones de las mujeres que habitan el campo colombiano.
 
Sobre Prevención y participación
 
·         El Gobierno Nacional debe reconocer la importancia de la participación de las mujeres en la vida social y política del país y, el relevante papel que pueden desempeñar en la resolución política del conflicto armado interno colombiano. En consecuencia deberá garantizar la participación real y efectiva de las mujeres rurales y víctimas del conflicto en la reglamentación de la ley de víctimas, restitución de tierras y demás políticas públicas referidas al mundo rural.
 
·          Asimismo, el gobierno debe garantizar el fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres y de sus organizaciones sociales.
 
·         La participación requiere que el Estado y el Gobierno Colombiano garanticen las condiciones reales y materiales de participación, sin discriminación ni estigmatización alguna y que se valore su papel con enfoque diferencial de género.
 
Sobre las leyes y políticas públicas para el sector rural:
 
·         Demandamos con carácter de URGENCIA, del Gobierno Nacional, la exigencia de atender con prioridad, de manera inmediata y con enfoque diferencial de género, los requerimientos de las mujeres rurales en aspectos: de justicia eficaz, mayor cobertura en justicia, capacitación y formación a los funcionarios públicos para la atención diferencial a las mujeres rurales, defensoras de derechos humanos, el acompañamiento, seguimiento y seguridad para ellas, desde lo local; investigación y castigo a los victimarios, beneficios de equidad para las víctimas, unificación de las denuncias de las mujeres lideresas en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía para su atención directa e inmediata y compromiso y garantías de NO REPITICION.
 
·         Por su alta vulnerabilidad demandamos del Gobierno Nacional, el acceso a educación gratuita para las madres rurales cabeza de familia.
 
·         Exigimos el acceso real en el uso, dominio y propiedad de la tierra, legalización saneamiento y ampliación de los territorios y zonas de reserva campesina, para las comunidades étnicas y campesinas con prioridad para las mujeres jefes de familia o en condición de separación, generando mecanismos asequibles que posibilite el desarrollo integral de sus vidas.
 
·         Proponemos la participación representativa de todas las organizaciones de mujeres rurales existentes en el país, para ejercer, control social, revisión y seguimiento, en la reglamentación, desarrollo y aplicación de leyes como: La 731 de 2002 (mujer rural), ley 1257 de 2008 (No violencia contra las mujeres) y otras conexas que afectan su integridad, familia, comunidad y territorio. Es necesario y urgente que el Gobierno Nacional tome las medidas pertinentes para dar cumplimiento de manera específica a lo dispuesto por La Corte Constitucional en el AUTO 092 de 2008 y  AUTO 237 en relación “con los 13 Programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres y el establecimiento de presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas relacionadas con la atención y protección inmediata a las mujeres en condición de desplazamiento y desarraigo”
 
·         Frente a los diferente tipos de violencia pública y privada contra nosotras las mujeres rurales y mujeres en situación de desplazamiento y desarraigo, tales como incesto, violaciones, embarazos riesgosos, reclutamientos, violencia sexual, política y otras más, requerimos del Estado Colombiano, atención sicosocial, salud y seguridad social, para optimizar nuestro desarrollo humano integral y, que además haya investigación, judicialización y  castigo ejemplar para los victimarios.
 
LLAMADO A LA UNIDAD DE ACCIÓN