Nueva constitución que negó la participación del Constituyente Primario
 
El presidente Barack Obama gestionó la aprobación del TLC con Colombia y el Congreso de los Estado Unidos lo aprobó a pesar de la oposición y lucha perseverante de parlamentarios comprometidos con la garantía previa de los derechos humanos.
 
No resta mucho que decir cuando, coincidencia o acto deliberado, el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, se firma un 12 de octubre, fecha simbólica de la primera invasión al territorio hoy conocido como América. Dicho tratado, en palabras, incluso del mismo gobierno y sus amigos, resulta siendo un instrumento que facilita la apertura a los productos norteamericanos y al capital multinacional en detrimento de la mayoría de los habitantes del país, en especial de los pobladores del campo, el empleo nacional, los pequeños y medianos productores, la naturaleza, el agro colombiano y el valor agregado, siendo, a todas luces, un nuevo marco jurídico que limita la Constitución nacional y aísla a Colombia del concierto de naciones con autodeterminación.
 
Como pueblos indígenas, en unidad con otros sectores pobres del país, en su momento habíamos manifestado nuestro rechazo al TLC elaborado por el Gobierno Uribe y aprobado por el Congreso Colombiano, con el visto bueno de la Corte Constitucional, razón por la cual, en noviembre del 2008, al saludar la elección del Señor Barak Obama, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a nombre de la Minga de Resistencia social y comunitaria, le escribió al nuevo presidente de los Estado Unidos, que uno de los meritos de su triunfo había sido “…poner en duda la política exterior de guerra del gobierno republicano”, debido a que había “ dejado saldos lamentables en países como el nuestro”, pues las instituciones contaban con recursos y asesores militares que habían “afectado la convivencia ciudadana y limitado la garantía de los derechos humanos”. En dicha comunicación se le recordaba que a lo narrado ya él le había prestado principal atención, permitiendo, en su momento “cuestionar la política del presidente Uribe frente al asesinato de sindicalistas”. Explicándole que el mundo sabía que igual suerte sufrían “indígenas y afrocolombianos, todo ello apoyado con recursos del Plan Colombia y con la promoción de leyes que limitan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, sugiriendo en consecuencia que dicha comunicación sirviera “…para iniciar un proceso de acercamiento” que permitieran mostrar de primera voz la realidad de nuestras gentes y territorios con “versiones diferentes a las expresadas por los voceros del gobierno nacional, en especial de comunidades y organizaciones como las nuestras” que nos oponíamos al proyecto de TLC, igual que a otros proyectos que en ese momento estaban “poniendo en riesgo no solo los derechos humanos sino la estabilidad de la madre tierra y de toda la naturaleza”.
 
Fue claro que el Gobierno colombiano a nombre del Estado y falsificando la representación de sectores sociales, especialmente indígenas, alterando informes de derechos humanos y hablando de procesos de desmovilización que nunca se concretaron, continúo la gestión para que el proyecto fuera aprobado por el Congreso de los Estado Unidos, lo cual sucedió y hoy espera la firma del presidente Barack Obama, noticia lamentable para los sectores democráticos del país y del mundo.
 
Lo cierto es que Colombia hoy tiene un tratado que sustituye la legalidad colombiana, un tratado, que a pesar de los procesos de consulta realizados por indígenas, campesinos, sindicalistas y productores agrarios, siguió su curso sin atender los reclamos sociales, en donde el gobierno mostró nula intención por garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de los trabajadores, especialmente los de asociación y negociación colectiva, tal como se lo requerían, entre muchos, el relator para pueblos indígenas de la ONU, la OIT, La Confederación Norteamericana de trabajadores AFL-CIO, y organismos como WOLA y HUMAN RIGHTS WATCH, e incluso la misma Corte Constitucional colombiana.
 
Fue público, en cuanto a reivindicaciones de los pueblos indígenas, que el gobierno no solo desconoció nuestros requerimiento y sugerencias sino que usó un lenguaje demagógico, recurrió a indígenas desobedientes que no hacían parte de los procesos orgánicos locales ni del país, igual que hizo con personas de otros sectores sociales, para que defendieran el TLC en el llamado Cuarto de al Lado y apeló a la creación de organismos paralelos de dudosa representación étnica como la opic, para que hablaran a su favor, con los cuales fomentó el racismo y desestimo nuestras iniciativas, bajo la promesa que el TLC no afectaría los territorios indígenas. Situación que continuaremos defendiendo desde nuestros procesos de autonomía y resistencia.
 
Por ahora, lamentando la nueva realidad de dependencia jurídica del orden internacional en la que permanecerá Colombia por décadas, donde la Constitución Política será un adorno más de lo que ha sido en materia de derechos humanos y garantías fundamentales, la Consejería Mayor CRIC, nos comprometemos a promover la creación de un OBSERVATORIO del TLC, que permita hacer un seguimiento pormenorizado de los efectos que producirá este nuevo escenario, instancia a la cual invitamos a todos los sectores sociales organizados, empresariales y académicos que no solo advirtieron sobre las consecuencias nefastas de este Tratado sino que apoyaron, promovieron y participaron del proceso de consulta que convocamos en el año 2004 y que definió un NO rotundo a la iniciativa Presidencial. Igualmente llamamos a los congresistas y líderes políticos colombianos que criticaron el proceso de aprobación legislativa del TLC, demostraron las amenazas que conllevaba su firma para el país y propusieron cambios en el texto original, igual que a los congresistas de Estado Unidos que de forma aferrada defendieron hasta el último momento la vigencia de los derechos humanos y reclamaron de forma permanente que su país exigiera como requisito, al gobierno colombiano, plena garantía de los derechos laborales de los trabajadores de este país.
 
Nuestra intención en la actualidad, es permanecer vigilantes para que los derechos de los pueblos indígenas a la participación y a la consulta, en términos de consentimiento previo libre e informado no vayan a ser desconocidos como ya sucedió cuando se formuló y aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estado Unidos.
 
CONSEJERÍA MAYOR
 
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
 
Popayán, octubre 14 de 2011
 
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