Las principales organizaciones indígenas de Perú hicieron un pedido para que se conforme una comisión de Alto Nivel que se encargue de la discusión y aprobación del Reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que en esta comisión  deben estar representados, además de las instituciones estatales, las principales organizaciones nacionales indígenas, la sociedad civil y también el empresariado.
 
Según manifestó el presidente de AIDESEP, la conformación de una comisión multisectorial en la que estén representados los diferentes actores sociales sería una muestra de la aplicación de la verdadera democracia.
 
De otro lado, planteó la necesidad de suspender la entrega de concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos mientras que no se apruebe el Reglamento de la Ley de Consulta.

Por su parte Melchor Lima, dirigente de la Confederación  Campesina del Perú, CCP, demandó la conformación de un espacio en el que los pueblos indígenas discutan y tomen decisiones respecto a las políticas públicas, medidas y problemas que los afectan.

También exigió la creación de un tribunal de Justicia Climática que se encargue de sancionar todos aquellos crímenes cometidos contra el medio ambiente, principalmente, por parte de las empresas dedicadas a actividades extractivas.

A su turno, Felipe Cortez, representante de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERU, señaló que es necesario que se conforme una comisión de la verdad que evalúe  los impactos que han tenido las actividades como la minería, hidrocarburos y otras en el medio ambiente y la salud de la población.

Explicó que esa comisión debe visibilizar esa problemática, pero también plantear sanciones a los responsables por los daños causados a la naturaleza y la ciudadanía.

Estas declaraciones fueron hechas durante la conferencia de prensa que brindaron las organizaciones indígenas, este medio día en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para dar a conocer sus puntos de vista respecto al proceso de implementación de la Ley de Consulta y la aprobación de su respectivo reglamento.

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