Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán (Honduras) donde continúan los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los derechos humanos.
 
Después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán realizada entre el 25 de febrero y 4 de marzo de 2011[1], se continúan cometiendo en total impunidad amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera a este conflicto agrario.
 
 
 

Resumen de acontecimientos registrados del 18 de marzo al 15 de junio de 2011:

 
Asesinatos[2]: Según las informaciones recibidas y verificadas por organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9 campesinos organizados[3] desde abril de 2011:
 
20 de abril de 2011: Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón
5 de mayo de 2011: Henry Roney Díaz, de la cooperativa El Despertar
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar 
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Acosta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
 
Heridos: Durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinas/os gravemente heridas/os durante acciones de desalojo contra el movimiento campesino:
 
5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda. 
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos violentamente entraron al INA. 
 
 

        Secuestros y Desaparecidos:

 
14 de abril de 2011: Desaparición de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desaparición de José Paulino Lemus Cruz de la Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo. 
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad, secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
 
Amenazas de muerte: Desde eel 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
 
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos. 
 
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una manera significativa[4]. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011 no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán MARCA, el INA entregó un total de 471 hás a campesinas y campesinos afiliados a este gremio.
 
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a “la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”. Por lo tanto, “el Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguán, expropiar esas tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo”[5].
 
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de Investigación.[6] Instamos a las autoridades nacionales a que:
 
a)      Cumplan con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
b)      Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, detengan especialmente los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
c)       Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país.
d)      Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.
 
Consideramos que la comunidad internacional juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Es lamentable que la OEA haya reincorporado a Honduras sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado.
 
Es urgente, que la comunidad internacional refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:
 
a)      Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán.
b)      Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
c)       Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de d