Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 

La Autoridad Nacional de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia sostuvo una reunión con el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en la cual expuso la dramática situación de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en Colombia. La reunión se sostuvo en el marco del X período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, en la ciudad de New York.
 
Durante la reunión, la delegación de la ONIC expuso al Relator las razones por las cuales el riesgo de extinción que amenaza la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia, no solo continúa, sino que se ha profundizado. Algunas de las estadísticas que sirvieron de apoyo para hacer esta denuncia tienen que ver con la muerte violenta de más de 130 indígenas durante el 2010, el desplazamiento forzado de más de 1400 indígenas y los 9 casos de violencia sexual contra las mujeres indígenas, entre otras.
 
Informó además que un nuevo pueblo fue declarado en riesgo de extinción: los Hitnú. Otro factor que se señaló como causante de la continuidad y profundización del riesgo de extinción es que aún no se implementa ninguno de los 34 planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Adicionalmente, se señaló que el gobierno no garantiza el derecho al consentimiento previo, libre e informado, ante lo cual la Corte Constitucional ha tenido que intervenir reiteradamente a través de sentencias judiciales como la reciente T-129 de 2011.
 
Por otra parte, se informó al Relator que el Gobierno Nacional no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que el mismo Relator Anaya le había formulado en su informe 2010 sobre la visita hecha a Colombia en 2009. Algunas de tales recomendaciones tenían que ver con la implementación de un proceso de desminado integral de los territorios indígenas, una invitación al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para que vigilara la eventual configuración de un crimen de genocidio, la formulación de una política integral indígena y la agilización de los trámites de los más de 500 expedientes para responder a las demandas territoriales de los indígenas, entre otras. En ese sentido, se solicitó al Relator que urgiera al Estado colombiano a cumplir todas las recomendaciones previamente formuladas.
 
Por su parte, el Relator Especial expresó su preocupación por la situación descrita, asumiendo el compromiso de dirigirse por escrito al Gobierno colombiano para que se pronunciara sobre la información suministrada por la ONIC.
 
Con este tipo de acciones, la Autoridad Nacional de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia sigue dando cumplimiento a las orientaciones de incidencia y visibilización internacional de las problemáticas de los pueblos indígenas, de conformidad con el Mandato del VII Congreso de los Pueblos Indígenas, donde se puede leer: “Fortalecer la participación indígena en instancias internacionales en donde se definen los instrumentos para la exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas”.
 
 

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