En el departamento del Cauca continúan presentándose, de forma reiterada, amenazas contra la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones sociales.
 
Durante el mes de Febrero y las dos primeras semanas de Marzo de este año, en los municipios de Timbío, Miranda, Caloto, Jambaló y Corinto y en la ciudad de Popayán, circularon panfletos amenazantes a líderes y procesos sociales. En las comunas 2, 5, 6, 7 y 8 de la capital caucana las intimidaciones iban firmadas por las “Águilas Negras” y los “Rastrojos” quienes se adjudicaron la autoría de otras situaciones de la llamada “limpieza social” ya desarrolladas en Popayán. Así mismo, el 24 de Febrero de este año, en la cabecera municipal de Piendamó circularon panfletos a nombre del “Bloque de Autodefensas Carlos Vásquez Castaño” donde se hacía referencia al fortalecimiento de la estructura paramilitar en el departamento y se amenazó a 72 personas fundamentalmente del sector campesino y líderes políticos del municipio de Cajibío. En la Universidad del Cauca, por una parte los panfletos amenazaban a líderes estudiantiles y por otra a líderes políticos y sindicales.
 
Por otra parte, se conoció que el día viernes 25 de marzo, sujetos no identificados irrumpieron en el lugar de residencia del reconocido defensor de derechos humanos y líder sindical MIGUEL ALBERTO FERNÁNDEZ, representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, seccional Cauca, los cuales registraron totalmente su casa, robando una pistola que estaba amparada legalmente, así como dos cámaras fotográficas que mantenían imágenes familiares y de jornadas de trabajo de la organización CIMA. Llama la atención que a pesar de existir otros elementos de valor y de dinero en efectivo en la casa, éstos no fueron hurtados. Integrantes de la Policía Nacional (CTI, Policía Judicial, DAS) que posteriormente se hicieron presentes en el lugar de los hechos, informaron que éste no es un “robo común”, catalogándose como robo de información y de intimidación a las organizaciones sociales y a sus líderes.
 
Igualmente, el día de hoy, 28 de marzo; en la ciudad de Popayán, un panfleto a nombre de las “Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Central afirma que “no todos estamos muertos ni todos estamos presos ni extraditados” y declara objetivo militar a las organizaciones sociales CRIC, Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), CIMA y la Asociación de Institutores del Cauca, ASOINCA. La amenaza se dirige también a las emisoras indígenas, a reconocidos periodistas locales y regionales, señalándolos de estar al servicio de la guerrilla y de acolitar acciones de barbarie, denominándolos “lacras para la sociedad caucana”.
 
Los anteriores hechos confirman lo registrado en el informe de la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien expresa “…su preocupación por los niveles de violencia en contra de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, sindicalistas y profesores”. Llamando la atención sobre el “…riesgo que viven los y las líderes que están al frente de los procesos…”
 
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca recuerda que como base fundamental para la construcción de un Plan Nacional de Derechos Humanos y para corregir ligerezas cometidas por el vicepresidente Santos, en la administración anterior, el Gobierno Nacional asumió ante la comunidad internacional la responsabilidad del desarrollo de una Mesa nacional de Garantías, que a pesar del interés de las organizaciones sociales y el empeño puesto por las plataformas nacionales de derechos humanos, no avanzó como fue su objetivo inicial. En la actualidad, en el departamento, organizaciones sociales, de derechos humanos y líderes sociales y sindicales vienen reclamando la urgencia de reactivar la Mesa Nacional de Garantías y el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, referidos a la protección de la vida e integridad de líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. De igual forma se busca garantizar el ejercicio del derecho a la información y a la libre expresión como lo ordena la Carta Política.
 
También, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca identifica la existencia de una grave situación de vulnerabilidad y falta de seguridad y garantías para los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores, líderes y organizaciones sociales del departamento, a pesar de ser este un territorio altamente militarizado y controlado por organismos del Estado, situación por la cual reclama del Gobierno Departamental y Nacional cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y sus organizaciones, en especial frente a lo pactado por el Gobierno colombiano ante la Comunidad Internacional, lo cual debe avanzar con el desarrollo de la Mesa Territorial de Garantías y la Mesa de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos, como punto de partida para la formulación y aprobación de un Plan Nacional de Acción para los Derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
 
Finalmente, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca exhorta al Gobierno Nacional a desmontar realmente los grupos paramilitares, avanzar en procesos de diálogo que conlleven a la solución política del conflicto armado y a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida y la integridad de todas las personas del territorio nacional, en especial de aquellas que trabajan por la defensa de los derechos humanos de sectores y procesos sociales, indígenas, afros y campesinos.
 
Firman:
 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
 
Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA
 
Corporación des Destechados – CODESCO
 
Movimiento Campesino de Cajibio – MCC
 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC-UR
 
Ruta Pacifica de la Mujeres – Cauca
 
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