ALAI-AMLATINA, 09/09/03, Buenos Aires. Mientras en
Cancún los movimientos sociales expresan su protesta
contra los tratados de libre comercio que continúan
pretendiendo ahogar aún más el desarrollo de los países
del sur, en Argentina miles de manifestantes se volcaron
a las calles para protestar contra el Fondo Monetario
Internacional en el día en que vence el plazo para
negociar un nuevo acuerdo que permita que en el país se
pueda continuar impulsando un plan de crecimiento
sostenido, sin ahogos financieros.

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, las organizaciones
de desocupados nucleados en el Movimiento Barrios de Pie
y los piqueteros que conforman la Corriente Clasista y
Combativa organizaron marchas de protesta que llegaron a
concentrarse frente a las sedes de las empresas
privatizadas y de los principales bancos extranjeros
para denunciar las constantes exigencias sobre el
gobierno y el pueblo argentinos, que apenas comienzan a
despegar de la peor crisis económica de su historia.
Estas exigencias, que comenzaron a cobrar fuerza en los
últimos días de negociación, podrían provocar la falta
de un acuerdo en el día de la fecha y, con ello, la
consiguiente declaración de default con los organismos
internacionales de crédito. Este hecho, sin duda,
repercutiría negativamente sobre la imagen del país y
traería serias consecuencias en materia de inversiones y
posibles sanciones.

Desde el comienzo de esta etapa de negociaciones, el
gobierno argentino ha manifestado que no pagará la cuota
que vence en el día de hoy, de 2.900 millones de
dólares, con reservas del Banco Central. Pareciera ser
que el FMI quiere forzar una decisión de este tipo al no
llegarse a ningún acuerdo en esta fecha. Desde el
gobierno argentino se ha señalado que el entendimiento
con el Fondo "no será a cualquier precio" y que "no
deberá obstaculizar la recuperación de la economía
argentina".

La discusión sobre el superávit fiscal sigue siendo uno
de los temas claves de debate entre los representantes
del FMI y del gobierno argentino. Para éste, acordar
una pauta mayor al 3 por ciento anual, tal como lo
propone el organismo de crédito internacional, es
"social y políticamente inaceptable". El FMI está
solicitando un superávit del 4 por ciento anual, que si
bien mejoraría la posibilidad de cumplir con los pagos
de la deuda impediría la disponibilidad de recursos para
atender los problemas sociales internos, agravados por
un índice de pobreza que alcanza al 48% de la población
y un índice de indigencia del 20% sobre la población
pobre.

El debate sobre la delicada negociación se ha extendido
a todos los ámbitos, entre ellos al primer Foro por el
Derecho Social Mundial que se celebró entre el lunes 8 y
el martes 9 en Buenos Aires, convocado por el Colegio
Público de Abogados, la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), entidad de derechos humanos de larga
trayectoria en el país. Entre los temas discutidos en
este foro está la necesidad de redefinir a los
organismos internacionales, la deuda como condicionante
de las políticas sociales, la criminalización de la
resistencia social y el papel que debe desempeñar el
sindicalismo ante la exclusión social.