Este Lunes 28 de Febrero del 2011, en horas de la tarde noche fueron puestos en libertad las y los campesinos y 6 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), incluyendo el actual secretario de dicha organización Agustín Ramos, estos compañeros habían sido detenidos el pasado domingo 27 de febrero a las 4:00 de la tarde en el municipio de Santa Cruz de Yojoa y remitidos a la estación policial número 1 de San Pedro Sula en el  Departamento de Cortes.
El total de personas que fueron detenidas son 63 acusados por el supuesto delito de usurpación, dentro de los detenidos  habían tres jóvenes menores de edad  y 11 mujeres, pero los jóvenes debieron ser trasladados después de seis horas de su detención a la fiscalía del menor, sin embargo permanecieron junto a los adultos alrededor de 26 horas detenidos en condiciones infrahumanas y en clara violación al código de la niñez.
Los directivos de la CNTC, detenidos son: Agustín Ramos secretario General de la CNTC, Pablo Vásquez secretario de educación y los dirigentes regionales María Elena Mejía, Manuel Paz, Luis Barahona y Rey Sabillón.
El total  de detenidos fueron puestos en libertad, sin embargo se desconoce el paradero de uno ya que de tres que fueron subidos a un vehículo al momento de la detención solo aparecen dos de ellos por los momentos se están haciendo las investigaciones para dar con el paradero del campesino.
Luego de gestiones de abogados las y los detenidos en audiencia ayer en horas de  la tarde noche duro unas cuatro horas, finalmente les dictaron  medidas cautelares y se señalo la audiencia inicial para el 21 de Marzo.
El dirigente de La Vía Campesina  centroamericana Rafael Alegría se traslado hacia el norte del país (San Pedro Sula) para hacer las gestiones  correspondientes y lograr la pronta liberación de las y los campesinos detenidos. Fue así como se logro la libertad de las y los  compañeros.
La dirigencia campesina esta convencida que se trata  de persecución política contra el movimiento campesino hondureño ya que fueron detenidos sin presentarles orden de desalojo y la policía no permitió el dialogo.
Las tierras en disputa que está ocupando el grupo campesino 9 de Enero son propiedad del Estado y están ociosas desde hace mucho tiempo, por tanto la ley de Reforma Agraria Vigente establece que deberán ser recuperadas por las y los campesinos para la producción.