“Salimos de la finca, a las 02 de la mañana, cantidad de gente ¡huy no!… Nos mandaron decir que no querían que amaneciéramos en la vereda, eran personas encapuchadas y con armas. Quiénes eran, no sabíamos y quien averiguara le daban piso”, relató doña Alicia, una humilde campesina de Samana, Caldas, que todo lo tuvo y lo perdió por el conflicto.Como ella, 300 personas desplazadas salieron a protestar pacíficamente, el pasado 17 de enero, frente a la sede de Acción Social en Bogotá (el Estado actuó con eficacia y acordonó la zona con tanquetas y unos 100 efectivos del ESMAD), que ha incumplido la atención humanitaria y, desacató varias tutelas que le obligan a atenderlas.
La Concejala Ati Quigua, quien ha prestado asesoría jurídica a estas familias, y su equipo periodístico reconstruyen la historia de horror y abandono que han vivido estas familias despojadas de sus tierras y sus hogares.
 
Basta mirar los rostros agotados por el sufrimiento de dos, tres y hasta cinco años de ser despojadas de sus hogares, a ello se suma el abandono del Estado y la indiferencia de un país que cabalga con más de medio siglo de violencia a cuestas. “Queremos que los buró de Acción de Social, entidad del Estado encargada de atender y proteger desplazados, que ganan entre 28 y 35 millones de pesos, nos atiendan con dignidad, queremos vivienda digna y recursos para ejecutar proyectos productivos, pero  ante todo que cumpla su obligación constitucional de entregarnos la ayuda humanitaria que gran mayoría de familias no recibimos hace más de dos años”, señalan desplazados de varias regiones.
 
Son familias representadas en la ONG: Colombia Soy, a quienes la Concejala Ati les ha prestado asesoría en la defensa y exigibilidad de sus derechos, y en su mayoría son madres cabeza de familia. La Organización interpuso unas 260 tutelas contra Acción Social, con el fin de que al mismo número de madres cabeza de familia desplazadas se les dé la atención que requieren y se les restablezcan sus derechos vulnerados, consecuencia del conflicto armado. Mayoría de estas tutelas referidas, fueron falladas a favor de estas madres y ordenan a Acción Social entregar las ayudas requeridas. Pese a ello la citada Entidad, desacató las órdenes impartidas por los Jueces de Tutela, lo que obligó a unas 300 madres cabeza de familia a pronunciarse con el fin de visibilizar la violación de sus derechos fundamentales y exigirle a Acción Social el cumplimiento  de su obligación constitucional.
 
Las siguientes historias ilustran el drama que vivieron y viven estas familias, que como señala Pedro Granados, director de Colombia Soy, viven más de la gracia divina y de la caridad de sus amigos y ciudadanos pródigos que de la atención que les tiene que dar el Estado.
“En Santa Helena y Granda no encuentra usted más de tres familias”
El 05 de octubre de 2005 el Juez 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, ordenó a Acción Social, en plazo máximo de cinco días, dar respuesta al derecho de petición que el señor Luis Ángel Saldaña solicitó respecto a la ayuda humanitaria de emergencia que tiene derecho como desplazado. Hoy esta familia de cinco personas no ha recibido ni la ayuda ni la respuesta de la entidad. Salieron de su tierra, la vereda Santa Helena, municipio de Yacopi, en 2007 porque los señores de la guerra, los paramilitares, no permiten que nadie este fuera del conflicto, “dicen que si no estás inmerso en la guerra, eres un inútil y hay que darle”, señala este campesino padre de una niña de 14 años y dos niños más pequeños, por quienes tiene que vérselas para tener un plato de sopa y pagar su educación.
 
De su tierra recuerda los exuberantes cultivos de café, caña y cacao, la finca donde cualquier día se podía disponer de cualquier animal para comer y vivir bien. Pero la zona siempre ha sido “caliente” por presencia de paramilitares, y éstos se “enfrascaron”, en hacer que el campesino actuara de uno u otro bando en la guerra que libran controlar este prospero territorio, el cual, si bien menos conflictivo todavía operan bandas emergentes. A él incluso le dispararon y tuvo que salir con su familia, la finca está olvidada y su hogar se mantiene pese a las adversas circunstancias. Como esta familia, muchos campesinos salieron desplazados por el conflicto, hasta el punto que “no encuentra usted más de tres familias en Santa Helena”, señala con nostalgia Saldaña.
 
Sólo una vez recibió ayuda de Acción Social, y hoy se suma a otras 300 familias que reclaman este derecho; como es mayor de 35 años y sólo sabe cultivar la tierra no ha conseguido trabajo. Vive con su familia en Altos de Casuca, Ciudad Bolívar, zona “caliente”, donde además de asentarse muchos desplazados, arriban diferentes actores armados. Pese a todo, vendiendo helados, otros productos o trabajando en construcción ha evitado que su familia mendigue, pero a veces brega para poder reunir lo de la comida y el arriendo, tampoco ha recibido subsidio de vivienda.
 
“Nosotros no tenemos la culpa de ser desplazados”
 
Soy Alicia Quiceno, de Samana, Caldas. Llegue hace cinco años con mi núcleo familiar: mi esposo, tres hijos varones y dos nietos. Salimos cierta noche de 2005 a las dos de la mañana, de la vereda el Placer Pichinche, llegamos al pueblo como a las cinco de la tarde. Son cinco años de sufrimiento por acá, sin techo propio. Pedimos al gobierno que por favor nos dé una casita, lo que más nos aflige es un arriendo, llega el mes y con qué pagamos servicios y arriendo…
Que el gobierno nos dé techo, donde uno no se moje, ¡que rico!; ¿me doy a entender? no pedimos elegancia… uno comprende, somos muchos, pero que nos dé donde refugiarnos y un proyecto productivo… pero no hemos recibido ni lo uno ni lo otro. Hace dos años no recibo nada, ni una libra de lentejas, paso el 24 de diciembre y no tuve cómo darles un buñuelo a mis hijos. Vivimos con poco o mucho que recojo en la plaza de Abastos, y lo que los señores de los negocios nos dan, cuando ya nos distinguen nos regalan cositas, hay nos vamos sustentando, pues sin un trabajo estable no hay como vivir bien…
 
Eso es lo que nos tiene por acá reclamando, haciendo presión, pedimos caridad, pero también es una obligación del gobierno con nosotros. No tenemos la culpa, nosotros abandonamos una finca, yo ordeñaba mis vacas de leche, teníamos panela, teníamos los revueltos (yuca, plátano, papa, batata, animalitos) teníamos lo suficiente, allá no se sufría; si no había carne, bueno mataba uno un ave y se la comía en un sancocho, pero tener que desalojarse y dejar todo…
 
Hoy por hoy no tenemos nada ¿qué paso?… esa finca se perdió porque nosotros no hemos vuelto por allá al final y pues todo minado… con esas minas que regaron por allá no se mete nadie… Si para salir nos mandaron a decir a las 12 de la noche que desalojáramos, que si amanecíamos en la vereda no respondían… Qué quienes eran, gente encapuchada, armada, no se conocían… Todos salimos, mucha gente, una cantidad muy inmensa, quedaron desocupadas veredas como el Placer, la Manuela, Guacamayal, Yarumal, Yarumalito, La Sombra, Montebello; un éxodo. Todos los sectores quedaron despoblados, no se si hayan vuelto… Qué estaba pasando por ahí esos días… había mucho conflicto, mucha gente armada, no se quienes, pero de noche y de día se veía gente aunque no conocía a nadie y hay del que averigüe, le van dando piso. Así nos toco salir ¡que se va a hacer!… no tuvimos más que hacer sino abandonar todo, todo es todo…
 
Doña Alicia es una de tantas madres cabeza de familia desplazadas que tiene que sostener su hogar, pues su esposo e hijo mayor tienen casa por cárcel, “por problemas que no faltan”. Vive en el barrio Paraíso y añora su tierra, su rostro agotado por los años y las circunstancias recupera el candor al  hablar de los días y años que vivió feliz y despreocupada en su territorio caldense, en su hogar donde todo lo tuvo y lo perdió una noche, una noche de guerra… Así no pierde la esperanza, ni su acento, ni la dignidad que no tienen las entidades del Estado para atender las víctimas. Mantiene pese a todo su hogar, un hogar, una familia, una vivienda y unos derechos que el país les ha negado.
“Los desplazados vivimos, yo diría, de la gracia divina”
 
Además de exigir la garantía y el restablecimiento pleno de sus derechos, los desplazados denuncian atropellos de las autoridades y abuso institucional; señalan que Diego Molano, director de Acción Social, es un déspota que no le importa el sufrimiento de los demás. Muchos de ellos estuvieron, en 2009, en el Parque Tercer Milenio sin que les haya cumplido ni el Distrito, ni el Gobierno nacional. Por ello perdieron la confianza en cualquier entidad del Estado, se fueron lanza en ristre contra Clara López, entonces secretaria de la Administración, tampoco confían en ACNUR pues consideran que está a favor de Acción Social y piden acompañamiento de otras agencias de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, de la Personería y de la Concejala Ati Quigua.
 
Las madres cabeza de Familia piden al Estado darse cuenta de los desplazados y hacer seguimiento a sus casos, como lo hace con los desmovilizados: ex guerrilleros o ex paramilitares, quienes fueron sus victimarios. Le exigen al gobierno implementar el Auto 092 de 2008 que ampara los derechos de las mujeres desplazadas y orden al gobierno su atención y protección. El gobierno debe mirar a este grupo de mujeres que no quieren más atropellos de la fuerza pública cuando protestan, pues incluso delante de sus hijos son agredidas y maltratadas por el ESMAD, la Policía o el Ejército, tal como sucedió el viernes pasado, frente a Acción Social: el ESMAD les agredió y maltrató.
 
La denuncia la hizo la Organización Colombia Soy, cuyo director: Pedro Granados, explicó las razones de la protesta pacífica:
La motivación para esta movilización es la violación de derechos humanos por parte del Estado y de Acción Social de incumplir la garantía para la población desplazada; hay desplazados de todos los estratos pues este no tiene condición social ni estrato económico, nos está afectando a todos y el país sigue indiferente a esta problemática y, el Estado nos abandona, por eso exigimos al Estado que nos dé la ayuda humanitaria de emergencia, a la cual tenemos derecho para el sostenimiento económico de nuestras familias y, que hace dos años no recibimos…
 
Otro aspecto es que rechazamos el decreto de asignación del código que emitió el director de Acción Social, Diego Molano; va casi en 300.000, empezaron a pagar el año pasado y apenas van 4.000, ¿cuándo recibiremos los que tenemos una asignación de código de más de 100.000 o 200 mil?
 
Otro punto es la violación respecto a una vivienda digna, el Estado y la Ministra dicen que hay cerca de 90.000 subsidios sin reclamar y que las personas no hacen la debida asignación de este subsidio, es otra la realidad: en nuestra organización tenemos población desplazada que tiene la carta cheque hace más de dos años y han tocado varias veces las puertas de propietarios de vivienda para negociar con ellos, pero les ha sido imposible, ya que esta carta cheque las personas propietarias no aceptan debido a su difícil cobro; una persona entrega su vivienda, recibe un documento y podrá recibir su dinero, si cuenta con buena suerte, 12 meses después
 
Otro punto la reparación administrativa. El Estado pretende reparar los daños físicos, psicológicos, morales, mentales, las incapacidades físicas y hasta las enfermedades mentales que sufren las personas con un subsidio a través de Fonvivienda. La pregunta es, sí como colombianos tenemos derecho a un subsidio de vivienda o derecho a que el Estado nos repare el daño que nos ocasionó el desplazamiento. Las Altas Cortes deben pronunciarse al respecto, decirle al Estado que nos repare de forma definitiva, pues se ha enfrascado en colocar paños de agua tibia año tras año, y en 15 años que llevamos sufriendo este problema no hay la primera persona reparada íntegramente ni integralmente. Pido a las autoridades, al Estado, a la justicia y las Cortes que miren muy de cerca esta problemática para evitar agresiones y atropellos, incluso masacres contra familias en cada protesta donde debemos exigir; la policía nos agrede, el viernes fueron golpeadas varias víctimas por el ESMAD
 
Otro punto es que el Estado gire recursos para implementar proyectos productivos, pero rentables y sostenibles para que las familias puedan superar la vulnerabilidad socioeconómica; pues el millón y medio que ofrece el gobierno para generar un negocio productivo (y de ahí la gente debe sacar para lo de vivienda, salud, educación y transporte), es una cifra absurda, que no le da a la familia la sustentabilidad económica. El gobierno debería poco apoco reparar integralmente, a los desplazados, según la prioridad, eso es lo más prudente que puede hacer… Además es una medida urgente que debe tomar porque hay muchas personas que no tienen empleo y viven de la caridad de la iglesia, de la organización que les donen un mercado, de la cridad de un amigo que les tienden la mano para que consigan cómo alimentarse, o del informalismo laboral se rebuscan diariamente trabajando en la rusa o por días, pero en sí son familias que tienen una situación familiar y económica muy crítica.
 
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