La aprobación tramposa de una llamada "Ley de Seguridad
Ciudadana", que penaliza las protestas sociales, con el fin de
impedir movilizaciones ocasionadas por la desatención estatal a
nuestras legítimas demandas y las de otros sectores sociales, ha
sido la primera muestra de lo que se vendrá con un gobierno
autoritario y prepotente. Un gobierno que ya ha dicho que se
asentará en las fuerzas armadas, que seguirá acudiendo a la
violencia y la represión por su incapacidad de resolver los
problemas sociales. Esto llevará a más violaciones a los derechos
humanos, enfrentamientos y muertes no sólo en el campo sino
también en las ciudades.

Y todo con el afán de imponer las medidas que está dispuesto a
tomar contra viento y marea. Medidas tales como los actuales
impuestazos, los futuros gasolinazos, la imposición de la entrega
de nuestro gas ya sea por puerto chileno o peruano, y la
aprobación de una reforma constitucional de carácter excluyente.

Pero eso no es todo. Denunciamos a la opinión pública nacional
que el poder ejecutivo, mientras prepara un conjunto de medidas
antipopulares, ha aprobado en los últimos meses varios decretos y
está elaborando otros que afectan nuestros derechos, para
favorecer a sectores (madereros, ganaderos, petroleros) que están
vinculados al poder político. Esas disposiciones son las
siguientes:

1) El Decreto Supremo 27024 que favorece a los madereros
disminuyéndoles el pago de las patentes forestales y
otorgándoles la posibilidad de reprogramar con plazos
prácticamente indefinidos sus abultadas moras con el Estado,
con lo cual consolidan de forma gratuita grandes extensiones
de bosques.

2) El Decreto Supremo 27068 que instruye la titulación de tierras
agrícolas y rurales para las Fuerzas Armadas, sin la previa y
obligatoria ejecución del saneamiento agrario.

3) La decisión tomada por el INRA, al margen de toda disposición
legal, que les otorga a los ganaderos la posibilidad de
demostrar fraudulentamente un supuesto cumplimiento de la
Función Económico Social (FES), con la sola presentación en el
saneamiento agrario de "certificados de vacunas" de ganado
muchas veces inexistente.

4) Además, la actual coalición de gobierno pretende hacer aprobar
en el parlamento un "Proyecto de Ley del sistema nacional de
áreas protegidas", que sólo busca otorgar garantías a las
empresas transnacionales petroleras, a los mineros y
madereros, para que sigan entrando a los parques nacionales
destruyendo la naturaleza. Este es el caso por ejemplo de la
contaminación de ríos ocasionado por empresas mineras en el
occidente del país, o la misma contaminación por empresas
petroleras en el oriente.

5) Un proyecto de decreto supremo de "reglamento de operaciones
hidrocarburíferas en tierras comunitarias de origen" que no ha
sido consultado con los verdaderos representantes de los
pueblos indígenas de las tierras bajas, ni con las comunidades
originarias de la región andina.

6) Un proyecto de decreto supremo para consolidar las tierras a
los barraqueros (patrones) del norte amazónico del país,
pasando por encima de los resultados del saneamiento efectuado
en esa región.

7) Un proyecto de decreto supremo que sólo busca estancar la
atención de las demandas de tierras comunitarias de origen que
estamos presentando por ayllus, markas y suyus, así como
pueblos y comunidades originarias en la región andina del
país.

Estas son algunas muestras de la prepotencia y soberbia con la
que está actuando el gobierno. Encima y para acallarnos no se
cansa de intentar dividirnos y enfrentarnos. No lo logrará.
Manifestamos a la opinión pública nacional que defenderemos
nuestra unidad porque esta unidad se basa en la recuperación de
nuestra identidad como indígenas y originarios, en la lucha
conjunta por la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Construimos nuestra unidad para:

- Reforzar nuestro firme demanda de exigir la convocatoria de
una Asamblea Constituyente como única salida a la actual
crisis nacional. Ya el año pasado planteamos esta legítima
propuesta en la gran marcha indígena que recorrió todo el país
hasta llegar a La Paz, pero que no fue atendida por los
partidos políticos tradicionales.

- La defensa de nuestros recursos naturales, planteando al país
no permitir que las transnacionales efectúen un nuevo saqueo
histórico con nuestro gas.

- La exigencia conjunta de una inmediata y verdadera
redistribución de la tierra, que revierta las tierras ociosas
que están acaparadas por unos cuantos terratenientes.

- La inmediata dotación de todas las tierras fiscales
identificadas, entregándolas a nuestros hermanos sin tierra o
con tierra insuficiente.

- La rápida titulación de las Tierras Comunitarias de Origen,
demandadas tanto en las tierras altas como en las tierras
bajas de Bolivia, no permitiendo que desde el gobierno se
postergue esta reivindicación histórica y exigiendo el
cumplimiento de la ley. En lo inmediato exigimos el desalojo
de los "terceros ilegales" que el gobierno insiste en
reconocer y proteger dentro de las TCO, como es el caso de
Monteverde de nuestros hermanos chiquitanos en Santa Cruz.

- La inmediata titulación de tierras campesinas e indígenas en
el norte amazónico.

- La inmediata reestructuración del INRA y la Judicatura
Agraria, expulsando de esas instituciones a los representantes
de los terratenientes, los ganaderos, los barraqueros y los
traficantes de tierras.

- El respeto a nuestros hermanos campesinos de Rurrenabaque
afiliados a la CSCB y la inmediata devolución de sus oficinas,
saqueadas por autoridades de gobierno.

- La incorporación de nuestros hermanos trabajadores salariados
del campo a la legislación laboral.

- La exigencia de la anulación inmediata de los decretos
supremos 27024 y 27068 y el archivo del "Proyecto de ley del
sistema nacional de áreas protegidas" y las otras
disposiciones proyectadas. Exigimos cumplimiento estricto del
Convenio 169 de la OIT (Ley 1257) que nos reconoce el derecho
a la consulta de cualquier disposición legislativa o
administrativa, antes de que sea aprobada.

- La defensa de nuestra rica biodiversidad no sólo dentro de las
áreas protegidas sino en todo el país. Biodiversidad hoy
amenazada por las empresas petroleras, mineras y madereras.
Somos los más interesados en la defensa de la naturaleza
porque es nuestra Pachamama y nuestra Casa Grande.

- Emplazamos al gobierno a que resuelva todos estos aspectos,
pues de lo contrario estaremos obligados a iniciar
movilizaciones.

Santa Cruz, 30 de agosto de 2003

Manuel Dosapey
Presidente CPESC

Vicente Flores
Apu Mallku CONAMAQ

Román Loayza
Secretario Ejecutivo CSUTCB

Sergio Loayza
Secretario Ejecutivo

Leonilda Zurita
Secretaria Ejecutiva

Moisés Tórrez
Presidente MST

Marisol Solano
Responsable de Organización CPESC