El Perú no es ajeno al boom minero que vive Latinoamérica. Las comunidades en donde se desarrollan grandes emprendimientos, denuncian invasión de tierras, atentados contra la salud pública y daño ambiental.
Según la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI, la mitad de los conflictos que vive el Perú, tienen su origen en cuestiones socio-ambientales. El país, como toda la región, vive un auge de la minería motivado por los altos precios de los metales en los mercados internacionales. Eso ha provocado la puesta en marcha de grandes emprendimientos, algunos de ellos en zonas ambientalmente vulnerables. Se calcula que cerca del 16 por ciento del territorio nacional, está ocupado por concesiones mineras. Esto ha generado un rechazo amplio de las comunidades indígenas-campesinas residentes que están convencidas que este tipo de minería no les traerá desarrollo y bienestar como alegan el gobierno y las multinacionales, sino problemas de salud, contaminación y destrucción del entorno.
Proyecto Tía María
El enfrentamiento entre las comunidades y el gobierno ha ido en aumento. El último y más reciente tiene que ver con el rechazo de los pobladores al proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo, un emprendimiento de cobre que será explotado por la empresa Southern Copper Corporation y que prevé una inversión de 934 millones de dólares. Las comunidades rechazan frontalmente el proyecto por considerarlo contaminante y nefasto para el equilibrio ecológico de la región. La situación ha generado enfrentamientos violentos, toma de carreteras, arrestos y hasta heridos.
Para Magdiel Carrión, presidente de la Coordinadora Nacional de las comunidades afectadas por la minería CONACAMI, lo que se vive en el Perú es una criminalización de la protesta: “El gobierno ha sacado un montón de decretos para poder justificar y decir que los pueblos indígenas, al alzarse por la defensa de sus derechos, extorsionan, atentan contra la propiedad privada y se asocian ilícitamente para delinquir. Nosotros hemos identificado más de 1000 casos contra compañeros en los que se atenta contra la libertad de expresión y contra la autonomía de los pueblos originarios”.
El dilema de la riqueza natural
El caso del Perú se repite en muchos rincones de América Latina. Esta es una de las pocas regiones en el mundo, en cuyo subsuelo se alberga enormes riquezas naturales. Recursos que en casi todos los casos, enfrentan diferentes maneras de ver el desarrollo. En el caso por ejemplo del emprendimiento minero Tía María, la empresa en su página de Internet dice lo siguiente: “Todos estamos de acuerdo con la inversión. Madres de familia, agricultores, personas de la tercera edad y estudiantes coinciden: la mejor manera de alcanzar el progreso y mejorar nuestra calidad de vida es a través de la inversión”.
Sin embargo para muchas comunidades ancestrales de la sierra, la costa y la Amazonía peruana, ésta no se puede hacer a cualquier costo. “Existe la necesidad de proteger las cabeceras de cuenca, los glaciares y los páramos, como una medida para afrontar el cambio climático en nuestro país” dijo Magdiel Carrión y reiteró que “es necesario establecer zonas libres de minería, que es una de las actividades extractivas que se pretende realizar en los ecosistemas frágiles”.
CONACAMI
Y con el objetivo de hacer visible este mensaje en muchos lugares del planeta, el presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI, viajó a Europa para asistir a la Conferencia Internacional, ¿Minería en el paraíso? Zonas libres de minería. En el evento también estuvieron presentes, representantes de la embajada peruana en Bélgica para dar a conocer un comunicado en el que el gobierno afirma que la industria minera en el Perú opera bajo un amplio marco jurídico que ampara los recursos mineros y que tiene en cuenta la protección del medio ambiente y los intereses de los pobladores.
Tal y como se plantean las cosas y dado el boom minero que atraviesa el continente de sur a norte, cabe esperar para los próximos años, la agudización de los conflictos entre quienes apuestan por estimular la inversión extranjera para generar un mayor crecimiento económico y los que consideran que deben ser las poblaciones locales quienes decidan qué hacer con su territorio y a qué tipo de desarrollo le apuestan.