A las organizaciones sociales nacionales e internacionales
A la sociedad ecuatoriana
A los pueblos del mundo
 
La realidad que se muestra no siempre es la verdad. A lo largo de la historia el poder constantemente ha pretendido imponer su verdad: para los opresores, Tupak Amaru no fue un luchador social, menos un libertador; para ellos fue un sedicioso cruel que buscaba el poder para si­ mismo.
 
Hoy esta lógica se repite. La forma en que el gobierno nacional presenta a la sociedad ecuatoriana e internacional los hechos ocurridos en el municipio de Paquisha, provincia Zamora Chinchipe, ubicada al sur de la amazonia, es una prueba del cinismo y el absurdo de la lógica del poder del Estado.
 
Amparándose en la Constitución que determina que los recursos naturales como la miner­a son de propiedad exclusiva del Estado, el Gobierno nacional exige a las autoridades judiciales el desalojo inmediato de pequeños mineros irregulares, argumentando que estas personas actúan al margen de la ley y bajo protección de grandes empresas mineras. Por lo que sus acciones son en defensa de los intereses nacionales y en salvaguardia de los derechos de la naturaleza, ya que estos mineros contaminan gravemente la naturaleza.
 
Puesto así­ las cosas, nadie en su sano juicio se opondrá a la medida, es mas, toda acción resultar­a poca para hacer cumplir la ley y proteger la patria y el medio ambiente. Todo aquel que critique ser­á un izquierdista infantil que le hace juego a la derecha.
Argumento perfecto y justificación impecable! Pero lo que no se dice o se quiere ocultar es que el desalojo de esos pequeños mineros irregulares no es para que el Estado tome posesión de las minas, sino para permitir la entrada de las transnacional mineras, quienes tienen legalmente las concesiones; estas empresas extranjeras tienen en esa provincia concesiones por miles de hectáreas, es decir territorio ecuatoriano privatizado, de donde se desaloja y expulsa a cientos de familias campesinas, desconociendo o anulando sus títulos de propiedad y quienes se resisten son violentamente expulsados o peor retenidos en cárceles privadas que funcionan en los campamentos mineros. Y, todo a vista y paciencia de las autoridades nacionales. Lo que tampoco se dice es que el desalojo no es solo contra mineros irregulares sino también contra pequeños finqueros, y la medida es cumplida con una desproporcionada muestra de poder y fuerza: más de dos mil efectivos entre policías y militares. Tal despliegue de fuerza pública no se veía desde la guerra de Paquisha.
 
Y como una paradoja burlesca, dos de los funcionarios gubernamentales que mas defienden la medida: la Secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales y el Ministro del Interior, con sus pronunciamientos no hacen mas que demostrar dos realidades que hemos venido denunciando; que el actual gobierno recogía individuos de izquierda de palabras pero conservadores en sus acciones y de tecnócratas con poco conocimiento de la realidad ecuatoriana; la una escudándose en su pasado militante y el otro en su ti­tulo de Derechos Humanos de La Sorbona, intentan justificar la acción gubernamental argumentando actuar bajo ley y contra sujetos violentos, manipulados por agentes extranjeros y contaminadores de la naturaleza, que en el conflicto de Paquisha la fuerza publica es la vi­ctima porque cumplen su deber desarmados, que los violentos son los mineros.  
 
Pero los hechos demuestran lo contrario: del lado de los manifestantes existen seis heridos de bala e impactos de bombas lacrimógenas, del lado de las fuerzas publicas, un policía golpeado por piedras; solo falta que digan que los perdigones fueron disparados por los mismo manifestantes, tal cual ya hicieron en otras ocasiones. Con esto demuestran que sus títulos y pasado político solo sirven para la publicidad mediática. 
 
Como organización de los Pueblos Kichwas y campesinos denunciamos estos hechos de violencia estatal contra ecuatorianos, pequeños mineros y campesinos agricultores. Ratificamos nuestra oposición a la explotación minera a gran escala subordinada al capital internacional. Ratificamos todas nuestras cri­ticas a la ley minera y nuestras propuestas que son:
 
 1.       Que un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales, especialmente en la minería a gran escala, terminara anulando cualquier posibilidad de un modelo económico endógeno, convirtiendo al Sumak Kawsay en una mera ficción constitucional, hecho para la propaganda internacional; igual sucede con la propuesta Yasuni­ ITT: es la realidad que se muestra pero que esta lejos de ser la verdad.
 
2.       Que una política extractivista como la sostenida en la Ley Minera causara graves conflictos sociales como desplazamientos de las comunidades, pequeños agricultores, de las economías comunitarias, etc. El actual caso de la provincia de Zamora Chinchipe solo es una parte de la violencia levantada por la ascendente actividad de las transnacionales mineras.
 
3.     Que las pésimas condiciones de la explotación minera pequeña y/o artesanal, afecta a las personas que se dedican a estas actividades y ocasiona fuertes datos a la naturaleza. Por eso nuestra posición es la urgente organización y regularlos de esta actividad, que en los casos done sea necesario cerrar toda actividad minera se debe apoyar procesos de transición productiva. Todo esto en un marco de democracia y paz. Esta fue y sigue siendo nuestra posición.
 
4.      Denunciamos la actitud demagógica del gobierno, pues cuando se tramitaba la Ley Minera prometía a este sector garantías de funcionamiento, todo con tal de obtener su apoyo; pero una vez en vigencia la Ley, se les declara ilegal y sin más se los desaloja aplicando toda la fuerza y violencia del Estado.
 
Esta es la verdad. Cuando se actúa sin mas objetivos que los sociales y colectivos de los pueblos, guiados por principios y coherencia histórica, tarde o temprano, y aunque se intente desvirtuar desde el poder, los hechos concretos se encargan en demostrar que es autentico y justo. Ese es el caso de nuestra posición y propuesta frente al modelo extractivista del gobierno. Por eso, y con el peso de la realidad y de los argumentos, ratificamos nuestra oposición a la minería a gran escala y a cielo abierto. Denunciamos la violación de los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas por el desalojo efectuado en Zamora Chinchipe y advertimos del peligro de aumento de violencia si el gobierno insiste en la represión y la judicializacion de los dirigentes.    
 
Por el Consejo de Gobierno de la ECUARUNARI
 
Delfín Tenesaca   
PRESIDENTE