TLC PERÚ - EE.UU.

Advierten que gobierno debe ser prudente para que Doe Run no se aproveche de TLC con EEUU

Juan Aste, experto en temas mineros, señaló que para lograr que se cumpla el anuncio del presidente García (el cierre de Doe Run Perú), el gobierno se jugaría su última carta al convertirse en el principal acreedor dentro de la junta de acreedores que convocaría Indecopi, a través de la Sunat, debido a que la metalúrgica  tiene una abultada deuda tributaria.

“La deuda que hasta el momento tiene Doe Run con la Sunat asciende a US$ 170 millones, por lo que la Sunat sería un importante acreedor. Aquí el gobierno podría decidir si liquida o continúan las operaciones de la empresa. Tiene que actuar con cuidado porque cualquier decisión arbitraria sería utilizada por la empresa en el marco del TLC con Estados Unidos”, afirmó.     La República Perú

Niegan que Perú esté obligado a aprobar la nueva Ley Forestal para cumplir con TLC

Especialistas de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirmaron que el Anexo Forestal del TLC no contiene ningún compromiso por el cual Perú se obligue a aprobar una política forestal o una nueva Ley Forestal. Así, replican lo que afirman funcionarios del gobierno, como la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, quien afirma que si el Congreso no aprueba –en el más corto plazo- la nueva Ley Forestal, el Perú recibiría una sanción del gobierno estadounidense.

Advierten que dicho argumento –de aprobar una ley para cumplir con lo exigido en el TLC con EEUU- ya se usó para aprobar del D Leg 1090 sin transparencia, participación y consulta, y fue una de las causas del “Baguazo”.

DAR indica que 25 organizaciones involucradas en el sector forestal coinciden que es indispensable que el Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, antes de ser aprobado sea debatido por el Congreso y sometido en consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.

Recalcan que una nueva ley forestal aprobada sin el proceso de consulta previa puede ser declarada inconstitucional, pues el Tribunal Constitucional ya ha señalado en varias sentencias que el Convenio 169 de la OIT es una norma que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que ostenta rango constitucional. Por ello, no se puede aprobar de manera unilateral. La Primera Perú 

 

ACUERDO CENTROAMÉRICA-EEUU (DR-CAFTA)

 
Minera canadiense gana demanda contra El Salvador apelando a CAFTA

La empresa minera de capital canadiense Pacific Rim se agenció una primera victoria en la demanda de arbitraje que ha presentado contra el Estado salvadoreño, por negarle los permisos de explotación en la mina El Dorado, en Cabañas.

El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, es la instancia que le da seguimiento al arbitraje. Dicho tribunal resolvió el pasado lunes 2 de agosto rechazar las objeciones presentadas por El Salvador.

La minera pide que el Gobierno le pague al menos $77 millones que, según ellos, invirtieron antes de que se les negaran los permisos de explotación. También exigen que el Estado asuma los costos del arbitraje. El Gobierno, por su parte, ha alegado argumentos medioambientales para no dar los permisos, a pesar de que Pacific Rim insiste en que su proyecto es ambientalmente seguro.

Pacific Rim ha demandado a El Salvador amparada bajo las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), a través de una de sus filiales inscrita en territorio estadounidense.  La Prensa Gráfica El Salvador

TLCAN (MÉXICO - EE.UU. - CANADÁ)

 
Transportistas de EEUU investigarán a México por violación de derechos laborales

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) usará los mecanismos fel Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en EEUU para conocer la situación real que vive Mexicana de Aviación y proteger los derechos laborales de sus trabajadores.

México es uno de los países más señalados en términos de violaciones a la libertad sindical. Pero según la ITF, esta situación es maquillada, pues nadie sabe hasta qué punto se violan los derechos sindicales y es obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social saber cuántos son los sindicatos falsos registrados, porque no es una situación permitida en los países donde vuela la aerolínea. La Jornada México