"The powerful words of the First Amendment seem to fade with the
sounds of war, or near war." 1
Howard Zinn

Un comentario inicial

Hace cerca de año y medio, cuando todavía quedaban suspendidas en
el aire partículas de lo que fueron las estructuras de las Torres
Gemelas y el Pentágono, el Ateneo Puertorriqueño llevó a cabo un
panel televisado sobre las consecuencias y repercusiones de los
sucesos del 11 de septiembre. En el proceso de prepararnos para
nuestra intervención, redactamos un ensayo que no ha sido
publicado. Dada la pertinencia de algunos de sus señalamientos,
iniciamos nuestra intervención en esta mañana citando algunos de
sus párrafos finales.2 Indicábamos entonces:

"... Estados Unidos está planteando el inicio de una 'guerra
total' contra un tipo de actividad, el terrorismo,
independientemente de las fronteras geográficas, la soberanía de
los Estados, sus gobiernos y los niveles de responsabilidad de
éstos en los atentados perpetrados el pasado 11 de septiembre.
Este curso de acción, que es un curso de acción múltiple, también
es capaz de desatar reacciones múltiples por parte de aquellos que
se sientan agredidos en esta campaña.

La Declaración de Guerra del Presidente Bush anunciando que
estamos ante la primera guerra del Siglo XXI anticipa posiblemente
nuevos cambios en el tipo de guerra que hasta ahora conocemos.

...esta es una guerra en la cual no existen fronteras; que más que
una guerra a la antigua, será una 'respuesta imaginativa'; que no
será como la guerra de Viet-Nam o la Guerra del Golfo; que la
misma estará dirigida en contra de los grupos terroristas que
perpetraron los atentados de Nueva York y el Pentágono, aquellos
que los hayan ayudado y aquellos que les den resguardo; que será
una guerra larga que podría llevar a acciones contra diversos
países a la vez; que no dependerá de un golpe rápido, que no
terminará con un contra ataque contra un solo individuo; que se
trata de un conflicto de largo plazo, a ser peleado en diferentes
frentes de batalla: el frente militar, el frente de la
inteligencia, el frente de las acciones de cumplimiento de la ley
y el frente diplomático.

...

Estas acciones militares por parte de Estados Unidos pueden
consistir de movilizaciones de grupos de combate similares a
aquellos que integran actualmente las Fuerzas Expedicionarias
Anfibias creadas bajo la Administración Reagan y que acompañan los
desplazamientos de los Grupos de Combate que encabezan los
diferentes portaviones; acciones de guerra por parte de Fuerzas
Especiales con capacidad operativa autónoma en tierra, aire y mar;
operaciones de bloqueo de espacios aéreos, marítimos y terrestres;
operaciones de inteligencia dirigidas a objetivos abiertamente
'enemigos' en lugar de objetivos encubiertos como los que hasta
ahora se llevan a cabo; intervenciones militares de pequeña y
mediana escala en algunas regiones, hasta operaciones de guerra
aeroterrestre como las desarrolladas en Iraq en 1991;
restricciones de derechos ciudadanos en los Estados Unidos para
justificar medidas contra minoría nacionales; modificaciones en
las leyes de inmigración y naturalización; intensificación en las
actividades de inteligencia interna en los Estados Unidos;
creación de nuevos organismos especializados en la vigilancia y la
interdicción policiaca; fortalecimiento de la ideología
militarista en Estados Unidos; y la participación combinada de
fuerzas militares o policiacas de Estados Unidos y sus aliados en
diferentes países del mundo en operaciones de guerra anti
terrorista." (Énfasis suplido)

Como pueden observar, los elementos generales que caracterizan la
guerra que actualmente se lleva a cabo contra el pueblo de Iraq,
al igual que las repercusiones que los atentados del 11 de
septiembre han ocasionado en cuanto a la vigencia de los derechos
civiles y ciudadanos en Estados Unidos y Puerto Rico, ya se
encontraban presentes en nuestra reflexión.

La nueva arquitectura de seguridad interna en Estados Unidos

Un día después de ocurridos los atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono, a instancias de Estados Unidos, el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó una Resolución3
exhortando a la comunidad internacional a colaborar para someter a
la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de
dichos atentados, así como a prevenir y reprimir los actos de
terrorismo y a tomar aquellas medidas necesarias para responder y
combatir el terrorismo en todas sus formas.

Dos días después, en su primera Orden Ejecutiva4 en respuesta a
dichos atentados, el Presidente Bush declaraba un "estado de
emergencia" en Estados Unidos y activaba personal de la Guardia
Nacional y la Guardia Costanera. En el contenido de dicha Orden
figura definido "terrorismo" como " actividades que conlleven
actos de violencia o actos peligrosos para la vida humana, la
propiedad o la infraestructura, o aquellos que aparenten intimidar
o ejercer coerción sobre la población civil, o influencien la
política de un gobierno por medio de la intimidación o la
coerción; o que afecten la gobernabilidad por medio de medios de
destrucción masiva, asesinatos, secuestros o toma de rehenes".

El 8 de octubre de 2001 el Presidente Bush emitió otra Orden
Ejecutiva ordenando la creación de la Oficina para la Seguridad de
Estados Unidos (Homeland Security Office) y el Concilio de
Seguridad Nacional (Homeland Security Council). Así se creó un
nuevo puesto adscrito a la Oficina del Presidente, es decir, se
creó una nueva posición con rango de Gabinete cuya encomienda
sería desarrollar y coordinar una estrategia nacional de seguridad
que permita prevenir, detectar, proteger, responder y permitir a
Estados Unidos recuperarse de los actos de terrorismo.

Entre las facultades delegadas al funcionario a cargo de la nueva
oficina, se le confirió la de recopilar de los gobiernos estatales
y locales, así como de fuentes privadas, aquella información
pertinente sobre posibles amenazas de terrorismo; recopilar datos
de inteligencia; desarrollar aquellos recursos tecnológicos
necesarios para enfrentar dichas actividades; monitorear y
desarrollar protocolos y equipos para manejar amenazas de
terrorismo; la diseminación e intercambio de información; y la
coordinación de esfuerzos nacionales en el proceso de mitigación
de las consecuencias que los actos de terrorismo pudieran
ocasionar a dicho país.5

Desde la víspera de la firma de dicha Orden Ejecutiva, el
Presidente de Estados Unidos había ordenado a sus Fuerzas Armadas
el inicio de operaciones militares contra el Gobierno de
Afganistán, a quien identificaba como el gobierno que había
provisto albergue y protección a la organización Al Qaeda,
responsable según el Gobierno de Estados Unidos de los atentados.
Mediante ataques aéreos lanzados contra los pocos y débiles
sistemas de defensa aérea e infraestructura de comunicaciones de
Afganistán, se desató el primer conflicto armado de Estados Unidos
del Siglo 21.

Las operaciones militares terrestres no fueron hechas públicas
sino a partir del 15 de octubre de 2001. Daba inicio así la fase
militar de la nueva guerra global contra el terrorismo, anunciada
apenas un mes antes por el Presidente Bush6 en su discurso al
Congreso el 21 de septiembre cuando lanzó al gobierno de
Afganistán un ultimátum estableciendo las condiciones para evitar
el desarrollo de las operaciones militares en gran escala.

Iniciada la campaña militar, el día 26 de octubre de 2001 el
Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley titulada "Uniendo y
Fortaleciendo a América Proveyendo Herramientas Apropiadas
Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo" (Uniting and
Stregthening America by Providing Appropiate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism- USA- PATRIOT ACT). Dicha Ley, en
conjunto con su contraparte, la "Foreign Intelligence Surveillance
Act"configuraron entonces el molde necesario para que el Gobierno
de Estados Unidos definiera las bases sobre las cuales se darían
las facultades de vigilancia dirigidas a la prevención de acciones
terroristas contra Estados Unidos.7

De acuerdo con el Presidente, la guerra que se estaría librando
sería algo más que un golpe aislado o una respuesta a los
atentados sufridos. Indicaba que el pueblo estadounidense debería
prepararse para una guerra donde se utilizarían todos los recursos
de diplomacia, herramientas de inteligencia, instrumentos de
interdicción influencia financiera y aquellas armas de guerra
necesarias. También advirtió que se proponía adoptar todas
aquellas medidas que entendiera necesarias para defender a los
estadounidenses del terrorismo, integrando e incorporando en
dichos esfuerzos de seguridad nacional a todas las agencias
federales, estatales y locales.8

Los nuevos riesgos en la búsqueda de datos y conocimientos

Sin pretender entrar en esta ponencia en otros pormenores no menos
importantes a la luz de los cambios operados en Estados Unidos
como resultado de los sucesos del 11 de septiembre, debemos sin
embargo señalar algunos aspectos pertinentes a la discusión que
nos convoca esta actividad que surgen como resultado de la
aprobación de la " Ley Patriot".

La Sección 802 de la Ley establece una definición de "terrorismo
doméstico" que corresponde en su redacción con el contenido de lo
que hasta este momento se consideraba "terrorismo internacional" y
que forman parte de la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente
Bush el 14 de septiembre de 2001. Al así hacerlo, se incorpora en
la definición aquellas actividades que representen peligro para la
vida humana en violación de leyes de Estados Unidos o estatales;
que pretendan intimidar o ejercer coerción a la población civil;
que influencien políticas gubernamentales por medio de la
intimidación o coerción; o que afecten la conducción de los
asuntos del gobierno por medio de la destrucción, el asesinato o
secuestros.

A partir de dicha definición y desde el punto de vista de lo que
constituye el llamado derecho doméstico estadounidense, es que
veremos la ampliación de las facultades de las agencias federales
a cargo de la seguridad, como son el FBI, la DEA, o lo que
constituye la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en
los procesos de recopilación y búsqueda de información sobre los
ciudadanos y residentes de Estados Unidos.

Bajo la premisa de que existe abundante información accesible a
aquellos que bien pudieran ser posibles o potenciales terroristas,
que pudiera ser utilizada en el desarrollo de acciones que pongan
en riesgo la seguridad interna de Estados Unidos, se ha facilitado
al gobierno federal gestionar el acceso a información sobre los
ciudadanos estadounidenses por el mero hecho de asociarlos con una
investigación relacionada con la prevención de actividades
presentes, pasadas o futuras vinculada con el "terrorismo" en su
versión "internacional"o "doméstico".

Para facilitar la búsqueda de información, se produjo un
relajamiento en los requisitos para la obtención de órdenes
judiciales dirigidas a la investigación de ciudadanos y residentes
de Estados Unidos que pudieran ser catalogados como
"sospechosos"de alguna participación en acciones "terroristas" o
su vinculación con personas o actividades que se cataloguen como
"terroristas". De esta manera todo ciudadano o residente en
Estados Unidos queda expuesto al poder de vigilancia del "Hermano
Mayor Orweliano", establecido en esta ocasión bajo el nombre de
Homeland Security Agency.

La "Ley Patriot" autoriza a los agentes federales a obtener
información mediante los récords que generan los llamados
"servidores" de comunicaciones electrónicas por computadoras sobre
los servicios prestados a sus usuarios, sus direcciones, los
medios y formas de pago. También la información en poder de las
entidades que expiden las tarjetas de crédito y cuentas bancarias
a sus nombres relacionado con sus clientes. En el caso de los
servicios que ofrecen los centros educacionales, registros
escolares, servicios de bibliotecas, iglesias y otros tipo de
centros de servicios, estos tampoco estarían exentos de los
poderes para acceder a información que le autoriza la Ley a las
agencias federales a cargo de la seguridad del país.

Esta Ley crea o redefine algunos delitos, como por ejemplo, el
caso de la definición de "transgresor de computadoras", donde se
define el mismo como aquella persona que logra acceso, sin
autorización, a una computadora definida como "protegida". La
determinación en cuanto a cuál computadora está o no está
"protegida" coloca al usuario que accede a información contenida
en éstas, en riesgo de violar las disposiciones de la Ley, incluso
cuando dicho acceso se produzca de manera no intencional o sin
algún propósito deliberado de cometer un delito.

La Ley facilita también la extensión de las facultades
investigativas de los agentes federales permitiendo el acceso a
los sistemas de información almacenados en bancos de datos o
archivos de usuarios disponibles en centros de estudios y
bibliotecas.

Nos dice Adam Tanner en un artículo publicado recientemente9 que
en una biblioteca de Santa Cruz, California tuvo que colocar un
letrero con el siguiente mensaje a los usuarios:

" Warning: Although the Santa Cruz Library makes every effort to
protect your privacy, under the federal USA Patriot Act (Public
Law 107-56), records of the books and other materials you borrow
from this library may be obtained by federal agents."

La base para legitimar el acceso a este tipo de información, bajo
la "Ley Patriot" la establece la Sección 215. Mediante esta, se
incorporan en su texto las disposiciones previamente existentes en
la Sección 501 de la Ley titulada "Foreign Intelligence
Surveillance Act", donde se autoriza al FBI, como parte de sus
investigaciones relacionadas con la recopilación de inteligencia y
terrorismo internacional, a tener acceso a los llamados "récords
de negocio"..

A base del contenido de la Sección 215 del "Patriot Act", el
Director del FBI o la persona que este designe a un nivel no menor
que el de Agente Especial a Cargo, está facultada y tiene derecho
para requerir a entidades, sean estas públicas o privadas, la
producción de objetos tangibles, incluyendo libros, récords,
papeles, documentos y otros artículos, como parte de una
investigación para proteger a Estados Unidos de actividades
terroristas o actividades clandestinas de inteligencia. La única
limitación que impone la Ley es que dicha recopilación de
información se permite, siempre que la misma no descanse
"únicamente" en actividades protegidas por la Primera Enmienda de
la Constitución de Estados Unidos.

La Sección 215, sin embargo, delega en el Procurador General de
Estados Unidos la elaboración de las "Guías" que servirán para la
implantación de la Orden Ejecutiva 12333, o cualquier otra que se
emita posteriormente para sustituirla.

Bajo la Sección 215 se requiere que una solicitud de esta
naturaleza se haga ante un juez federal o magistrado federal,
especificando el tipo de récord que se solicita. Dispone además,
que la Orden se emitirá en un proceso "ex parte", sin que sea
necesario que se especifique en ella el objeto de la investigación
o la disposición legal al amparo de la cual la misma se emite. La
Ley prohíbe que se ponga en conocimiento a la persona contra quien
se obtuvo la Orden, de que la misma se ha emitido. Esta exigencia
de confidencialidad se extiende también al funcionario que recibe
la Orden y que bajo los términos de la misma vendría obligado a
proveerla. La Ley también establece que una persona que de buena
fe produzca y provea tal información a un agente federal, no
estará sujeto a acción legal alguna como resultado de la
información que ha entregado o provisto.

Las "Guías" adoptadas para la implantación de la Sección 215
permiten a los Agentes Especiales a Cargo, obtener dichas órdenes
sin tener que gestionarlas a través de sus oficinas centrales del
FBI. El enfoque que utiliza el FBI para justificar este nuevo
proceder es que se trata de una modificación en los enfoques que
hasta ahora dicha Agencia seguía en el desempeño de funciones.
Este nuevo enfoque en los métodos investigativos le llevaría a
enfatizar más en el aspecto preventivo de la acción terrorista,
que en el procesamiento de los terroristas una vez éstos hayan
consumado el acto que ha sido definido como tal.

La Ley de Seguridad Interna de Estados Unidos

En enero de 2003 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional de
Estados Unidos de 2002 (Homeland Security Act). De acuerdo al
Título I, la misión principal del Departamento que mediante la
misma se crea será la de prevenir los ataques terroristas contra
Estados Unidos; reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos a los
actos de terrorismo; minimizar los daños y asistir en los procesos
de recuperación como resultado de los actos de terrorismo que
ocurran en Estados Unidos.

Con el propósito de llevar a cabo dicha encomienda, se indica que
las responsabilidades que tendría dicho Departamento incluyen la
recopilación y el análisis de aquella información necesaria para
la protección de infraestructura; medidas para contrarrestar
amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y otras
relacionadas; seguridad en sus fronteras y medios de transporte,
preparación para enfrentar emergencias y producir respuestas ante
ellas; y la coordinación con las agencias locales, estatales
federales y del sector privado, así como otras entidades, de
entrenamientos y equipos necesarios en tales situaciones.

El Título II de la Ley contempla lo concerniente a la recopilación
de la información y el análisis. Allí se crea la posición de
Subsecretario de Análisis de Información e Infraestructura, al
cual se le asigna la responsabilidad de recibir y analizar
información de inteligencia y otro tipo de información que permita
entender el marco de lo que es la amenaza terrorista a Estados
Unidos y detectar e identificar posibles amenazas; identificar los
puntos vulnerables y críticos en la infraestructura de Estados
Unidos; integrar toda aquella información relevante, análisis de
inteligencia y vulnerabilidad de la misma, estableciendo
prioridades en la protección de la misma, tanto a nivel local,
estatal, federal, empresa privada y otras entidades; el
establecimiento de un plan maestro de seguridad para los recursos
claves e infraestructura de Estados Unidos; tomar aquellas medidas
necesarias, en coordinación con las agencias locales, estatales,
federales, empresa privada y otras entidades, en la defensa de
dichos recursos; la administración de un Sistema de Advertencias
de Seguridad Nacional responsable de enfrentar amenazas
nacionales, que a su vez provea información a los niveles locales,
estatales, federales, empresa privada y otras entidades para su
protección y adopción de contra medidas; y revisar, analizar y
hacer recomendaciones que mejoren las políticas y procedimientos
para compartir la seguridad, interdicción, inteligencia e
información relacionada con la seguridad nacional.

Es bajo el manto de estas facultades que se autoriza al Secretario
de dicho Departamento el acceso a informes, hallazgos, información
analítica relacionada con las amenazas de terrorismo hacia Estados
Unidos o las áreas bajo su responsabilidad concernientes a
infraestructura y puntos vulnerables, independientemente de si tal
información ha sido o no previamente analizada, que haya sido