Actores armados y minería causan desplazamiento forzado.
 
A 19 días de la posesión del nuevo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, se siguen desplazando forzadamente los pueblos indígenas en el Chocó, debido a la  falta de seguridad y protección de la vida por parte del gobierno. La comunidad indígena Embera Katio de Ovejas deja su tierra por presión y amenaza de los actores armados ilegales. Este resguardo indígena está concesionado por el gobierno a una empresa minera. Con este son tres resguardos indígenas en el Chocó en poder de actores armados ilegales y de empresas mineras. La CAOI demanda a las organizaciones indígenas y del movimiento social, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional en pleno a pronunciarse e iniciar acciones para defender la pervivencia de los pueblos indígenas colombianos en peligro de extinción. Reproducimos aquí el Comunicado emitido por las autoridades indígenas del Chocó.
 
 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
La Asociación de Cabildos indígenas Embera, Wounaan, Katío, chamí y Tule del departamento del Chocó, denuncia las agresiones reiteradas y constantes de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que han compelido a que los miembros de la comunidad indígena Embera katío, de Ovejas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato en el Departamento del Chocó.
 
Esta comunidad venia desplazándose de manera sistemática, sin que exista un mayor interés por parte de los entes Estatales de actuar frente a las situaciones de vulneración para prevenir futuros desplazamientos que finalmente desde el cinco de julio del año en curso, se hizo realidad, y hoy por hoy, el territorio del resguardo de esta comunidad indígena se encuentra abandonado.
 
Las acciones por parte de los grupos armados, tales como el reclutamiento forzado de sus niños y adolescentes, destrucción y robo de sus cultivos, desaparecimiento de un miembro de la comunidad, los señalamientos y amenazas por parte del ejército nacional y presencia constante en las comunidades de los mismos, han atemorizado y agredido de manera tal, que las cuatro familias, con sus treinta y un miembros, tienen un temor recalcitrante de retornar.
 
El consejo de autoridades indígenas llama la atención de la opinión pública y sienta su voz de protesta y rechazo frente al abandono cómplice de los entes estatales, toda vez que no se les brindó la protección necesaria para prevenir el abandono y el desarraigo del que hoy son víctimas y al desconocimiento de las normas y directrices nacionales e internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario para proteger a la población civil en contextos de conflicto armado.
 
CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS
JULIO DE 2010