Declaración de Quilichao
 
7.000 personas nos hemos reunido hoy 15 de junio de 2010 en la plaza central de Santander de Quilichao. Las autoridades y representantes, junto a comuneras y comuneros de las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, de mujeres --habitantes del Suroccidente colombiano, venidos de otras regiones del país--, hemos venido hasta este lugar para reiterar de la manera más clara que podemos el tamaño de la tragedia que nos han impuesto.
 
Hemos venido a comunicar a todo el país y a la comunidad internacional lo que estamos viviendo en la región. Hemos informado al país y a la comunidad internacional de los grandes hechos que dan forma a esta agresión que vivimos:
 

El suroccidente colombiano se ha convertido en un inmenso teatro de guerra. El Estado ha enviado más de 7.000 hombres armados más (soldados, policías, agentes secretos, espías) a la región indígena del norte del Cauca y otros miles al Pacífico; las FARC mantienen un número creciente de combatientes y milicianos, y al parecer se refugian en la región muchos de sus comandantes; los paramilitares siguen operando y han intensificado sus acciones de asesinato, agresión y amenaza contra el movimiento social a la vista de la fuerza pública; los grupos de asesinos a sueldo de empresarios y militares pululan; las universidades están ocupadas por policías y sicarios.

El resultado no podía ser otro: el suroccidente colombiano es también la zona del país donde más graves y masivas violaciones de los derechos humanos se cometen: miles de asesinatos; violaciones de mujeres, hostigamientos diarios de actores armados contra las comunidades; nuestros campos están minados; territorios confinados, todas las organizaciones sociales de la región --¡todas!-- nos encontramos amenazadas; nuestros voceros y líderes están judicializados a partir de montajes; hay una campaña de vinculación masiva y forzada de niños y niñas a las acciones militares del ejército y la guerrilla; las zonas Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI son un grosero mecanismo de subordinación de la autoridades civiles a las militares. La llamada “seguridad democrática” es la más grande y sistemática agresión a las comunidades del suroccidente.

El suroccidente colombiano ha sido subastado, hectárea por hectárea, a las transnacionales minero-energéticas. No hay casi ningún municipio y resguardo que no haga parte de los mapas de las grandes corporaciones mineras; la Anglo Gold Achanti, con un extenso repertorio de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, administra el subsuelo del país junto con otras 4 grandes empresas petroleras. El Estado y los paramilitares expulsan a los pequeños mineros artesanales. El Ministerio del Interior manda a decir que “ya no hay indios ni negros en esas selvas”, y “certifica” que los afrodescendientes y los indígenas ya no vivimos donde vivimos desde hace siglos, para permitir esta nueva conquista de El Dorado.

Todo el modelo de desarrollo económico del país se basa en la gran minería y en la explotación petrolera. Toda la violencia política oficial se asocia íntimamente con el avance de las transnacionales.

Es evidente que existe un plan del Estado, sus fuerzas armadas legales e ilegales, y las transnacionales, sistemáticamente diseñado para debilitar la resistencia del movimiento popular del suroccidente colombiano. Una larga historia de procesos políticos y culturales hizo de esta zona del país una de las más fuertes en organización social popular, donde las fuerzas políticas alternativas se han consolidado y donde la resistencia al neoliberalismo, a la guerra, a las políticas del Estado ha sido más duradera. Las grandes movilizaciones populares de los últimos años han tenido origen en esta parte del país: la Minga social y comunitaria, acciones de liberación de la madre tierra, las huelgas de los Corteros de caña, la Consulta Popular contra el TLC con los Estados Unidos.

Era necesario para el capital transnacional atacar sin descanso estos procesos para actuar en un escenario social debilitado. Y para impedir que se convirtieran en alternativas políticas que arrastren al conjunto de la sociedad colombiana. Los hechos de violencia estatal y paraestatal configuran la sistematicidad de su actuación.

La actuación de la guerrilla de las FARC en el territorio igualmente vulnera los proceso organizativos, políticos y territoriales autónomos de los pueblos indígenas, afrodescendiente y campesino. Desconocen el proceso, señalan y persiguen a las autoridades territoriales indígenas y afrodescendientes, crean organizaciones paralelas para fragmentar y deslegitimar las organizaciones propias. De este modo, las organizaciones sociales que son afectadas por la acción de un Estado al servicio de los intereses transnacionales, soporta también una guerrilla que desconoce en su proyecto político la diversidad cultural y étnica. La guerrilla, en su propósito de ser la única vanguardia del cambio social, impone como única la vía armada, restringe las propuestas de la sociedad civil y del movimiento social en Colombia, ataca las formas de organización autónomas y no armadas que hemos construido.
La impunidad es la regla del sistema de justicia colombiano. Todos estos crímenes se vienen cometiendo desde hace décadas y frente a ellos la acción judicial es totalmente inoperante. No se trata de un resultado casual. La Fiscalía mantiene como criterio para las investigaciones la desagregación de los casos, incluso cuando se trata de asesinatos colectivos, de forma que la verdad se pierde en la rincones procesales.
Hemos escuchado delegados de otras partes del país. Por ellos, y porque así lo confirman los medios de comunicación, los analistas independientes y las organizaciones hermanas, sabemos que estos patrones de guerra estatal contra los sectores populares es una constante.

Frente a estos gravísimos problemas, la Audiencia Étnica y Social presenta los siguientes reclamos, compromisos y determinaciones:
Frente a la crisis humanitaria

La lucha contra la impunidad es un imperativo ético y político. Exigimos al Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, investigar todos los casos como hechos que responden a un único patrón sistemático de exterminio social, político y étnico. Exigimos que se corrija de forma inmediata el procedimiento de adelantar las investigaciones de forma aislada, que obstaculiza la búsqueda de la verdad y omite conscientemente la identificación de los autores intelectuales de los crímenes. Demandamos a este organismo que conforme una unidad especial de pueblos indígenas y afrodescendientes, para que adelante la investigación del “Caso Suroccidente”.

Llamamos a la Corte Penal Internacional CPI para que incluya en su misión el caso indígena y afro del norte del Cauca. Nos comprometemos a enviar la información que demuestra el carácter sistemático de los crímenes y la omisión deliberada del Estado en su judicialización.
Demandamos del Estado y a la comunidad internacional el reconocimiento a los procesos de investigación judicial realizados por las jurisdicciónes especiales de los pueblos indígenas y afrodescendiente.
Exigimos la desmilitarización de la vida civil. Las comunidades, las universidades, los barrios, no soportamos más el imperio de los militares sobre alcaldes, concejos municipales, presupuestos públicos, organizaciones sociales. Exigimos el desmonte de las zonas operativas del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI.
Exigimos desmontar la judicialización de los corteros de caña y sus organizaciones, y demandamos la no criminalización de nuestra protesta social.
El Estado está obligado a garantizar los derechos a la vida y la integridad de los pueblos indígenas, afrodescendiente y campesino, de las organizaciones sociales y de las personas. Exigimos que dicha protección individual y colectiva de los procesos sociales y de los defensores de derechos humanos, se defina mediante procesos de consulta y consentimiento previo. Exigimos un reconocimiento a los mecanismos de protección propios de los sectores sociales y pueblos.

Frente a la defensa territorial

No aceptamos la presencia de las transnacionales mineras en territorios indígenas y afrodescendiente. Desconocemos todas las licencias y títulos de concesión minera que se han otorgado sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento. Los pueblos indígenas y afrodescendiente, así como las comunidades campesinas, tenemos derecho a expulsar legítimamente a todas las empresas transnacionales de nuestros territorios. Les exigimos que los desalojen. Las guardias indígena y Cimarrona y palenquera cumplirán esa decisión, de acuerdo con sus respectivos gobiernos.
El modelo agroindustrial de las grandes plantaciones de caña o palma aceitera sigue el mismo patrón de las empresas extractivas. Destrucción de la naturaleza, destrucción de las organizaciones, violaciones generalizadas de derechos humanos. Por lo mismo, nuestra postura es oponernos a su avance, promover el desmonte de su infraestructura, exigir que salgan de nuestras comunidades, sacarlos de nuestros territorios autónomos.
Ninguna actividad minero-energética, de plantaciones o cultivos, puede realizarse sin nuestro consentimiento libre, previo e informado, o sin atender las prioridades de nuestros Planes de Vida. Esto incluye las acciones frente a los cultivos de coca, inversiones empresariales, mercadeo de productos, grandes proyectos de infraestructura.
Exigimos la desmilitarización de los territorios indígenas, afrodescendiente y campesino por parte de todos los actores armados. Los batallones de alta montaña deben cesar la ocupación militar de las comunidades. Los pueblos indígenas y afrodescendiente reivindicamos el derecho de nuestras guardias indígena y guardia cimarrona para garantizar la armonía de las comunidades y con la naturaleza, y para desmontar en consecuencia la infraestructura de guerra que nos imponen.
Seguiremos luchando contra los Tratados de Libre Comercio, porque son tratados de adhesión política, legal y territorial a las grandes potencias, y significan la renuncia de la soberanía. Exigimos la derogación inmediata por parte del gobierno nacional de toda la legislación del despojo: Código Minero, Ley de Aguas, Ley de Reforestación Comercial, Ley 100 de Salud y demás normas lesivas, así como el conjunto de leyes y normas sobre el trabajo que atenta contra la dignidad y bienestar de todos los colombianos.
Los territorios del Valle y del Cauca donde se encuentran los monocultivos de caña deben ser devueltos a las comunidades afrocolombianas e indígenas. No hay ninguna excusa para mantener esta situación.
Nos comprometemos en el desarrollo de iniciativas económicas conjuntas entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, en íntima vinculación con las organizaciones urbanas, bajo el criterio del intercambio y comercio justo, que nos permita detener la expansión de los monopolios extractivos en nuestro país y la región.

Frente al conflicto armado interno y la construcción de paz

Las organizaciones sociales populares y étnicas presentes en esta Audiencia, hemos decidido y nos comprometemos: 1) a exigir la paz, 2) a construir la paz y 3) a buscar la paz.

Realizaremos todas las acciones legales para exigir a los funcionarios públicos que cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la paz. Y llamamos a todos los colombianas y colombianos a que hagan exigible este derecho fundamental.
Exigimos al Estado respetar nuestro derecho a realizar Diálogos Humanitarios y Diálogos Regionales de Paz en nuestros territorios autónomos indígenas y afros, y en las zonas de paz que se vayan constituyendo en universidades, campos y barrios. Llamamos a los gremios empresariales, la academia, los gobierno locales y departamentales, las iglesias, a que constituyamos estos escenarios regionales de paz y por la paz.
Llamamos a un diálogo franco y abierto con todos los actores políticos del conflicto armado interno, con participación protagónica de amplios sectores de la sociedad, para pensar la paz. Estamos seguros que hallaremos muchas mentes dispuestas a un diálogo razonado y responsable sobre el futuro del país. Nos comprometemos a convocarnos en los próximos meses y a sumarnos a las convocatorias que diversos procesos sociales vienen impulsando para romper el asedio de la guerra.

Quienes hacemos parte de la Minga Social y Comunitaria, y nos encontramos en esta Audiencia, incluiremos el tema de la paz en nuestra agenda y en las prioridades del Congreso de los Pueblos que realizaremos en octubre de 2010.
 
Frente a la construcción de autonomía territorial

Continuaremos en la defensa y fortalecimiento de los territorios autónomos para los pueblos indígenas y afrodecendientes, lo cual incluye sanearlos , consolidarlos y ampliarlos, fortalecer las formas propias de gobierno, justicia y los Planes de Vida autónomos. Los que hacemos parte de la Minga Social y Comunitaria continuaremos la construcción de territorios interétnicos y la propuesta de país más justo e incluyente.
Estamos construyendo estos Planes de Vida. Exigimos que se respeten. Lo cual implica reconocimiento real y respeto a los derechos territoriales, a los gobiernos propios reconocidos constitucionalmente, y a las formas de organización que desarrollan las comunidades campesinas y urbanas.
Ya es tiempo de que la Ley de Ordenamiento Territorial sea adoptada, de forma concertada y consultada con los diferentes sectores y comunidades. Proponemos un debate público sobre qué ha pasado en el país con el ordenamiento territorial, y sobre cómo debe ordenarse el territorio nacional para garantizar los derechos de pueblos indígenas, afrodescendiente y las comunidades locales.
Se exige elaborar en forma coordinada y concertada la reglamentación de la ley de consulta previa libre e informada con las comunidades y mientras no se desarrolle se deben suspender las concesiones, licencias, proyectos y normatividades que afecten la integridad cultural de los pueblos.

Frente a las obligaciones del Estado.

Le insistimos al Estado colombiano: Cumpla con los acuerdos que han firmado sucesivos gobiernos con el movimiento popular. Cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos que ha suscrito a nivel internacional.
En particular, cumpla la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado. Cumpla ya los Autos 004, 005 y 092 del 2008. Hágalo con las comunidades y autoridades tradicionales, reconocimiento de la existencia de las autoridades étnicas territoriales.
Finalmente un llamado desde lo profundo del territorio del suroccidente colombiano: Detengan de manera inmediata la orden de desalojo de los mineros de Suárez. Paren ya esta guerra contra los pobres.

Gracias a los habitantes de Santander de Quilichao por permitirnos pronunciar estas palabras en su plaza principal. Esta Audiencia, esta lucha de los trabajadores, indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, estudiantes, es por ustedes. Es por el derecho a la paz. Es por el derecho a la justicia. Es por el derecho a vivir.