No todos los hondureños coincidían en que los grupos de poder económico y político han sido y son los dueños de los grandes medios de comunicación y en tal condición manipuladores de la verdad a su conveniencia; pero ahora, luego del golpe de Estado y la gestión gubernamental de los gobiernos de facto, tal realidad es evidente aún para aquéllos y aquéllas que se autocalifican de “apolíticos”.
 
Mentir, mentir y mentir puede convertirse en verdad en la percepción del pueblo pero, generalmente, no por mucho tiempo, en especial cuando los hechos están a la vista de todo el mundo. Negar la violencia impuesta por la policía y el ejército durante casi un año de casi total indefensión ciudadana contra hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y adultos mayores, tiró al piso la credibilidad de esos medios y de sus “periodistas”.
 
Las mediciones de preferencia realizadas por las agencias de publicidad muestran a los tradicionales y otrora más influyentes medios de comunicación en franca caída en la demanda de su producto y, consecuentemente, muy por debajo de la acogida que del pueblo reciben los medios de comunicación que decidieron cumplir con la ética que su profesión exige al informar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, el saqueo de los bienes del Estado e introducir una interpretación distinta, tantas veces tergiversada, de la naturaleza y lucha de organizaciones comunales y gremiales dedicada la transformación de Honduras.
 
Esos grupos de poder, en su insaciable placer de gobernar sin control alguno, necesitan de la manipulación del pueblo y, en consecuencia, todo medio alternativo de comunicación debe ser silenciado sin importar valoraciones morales: compra de conciencias, intimidación y, cuando no dan resultado, la agresión directa contra los periodistas, la práctica de decomisos o destrucción de equipos propiedad de esos medios.
 
Las organizaciones nacionales e internacionales que han evaluado violaciones a los derechos humanos a partir del golpe de Estado destacaron que los responsables del golpe de Estado militar han intentado, en varias ocasiones, acallar manu militari a los medios alternativos, entre los que se encuentra Cholusat Sur-Canal 36-, Radio La Catracha, Radio Progreso, Radio Uno y Radio Globo. Tales violaciones a la libertar de informar y ser informado se complementaron con la destrucción y robo de equipo y otros bienes materiales propiedad de esas empresas o de sus empleados.
 
De nuevo se destruyó equipo esencial de transmisión de Radio La Catracha que la ha dejado fuera de servicio y con todo lujo de violencia con la participación de miembros del  ejército y la policía se cerró Radio Zacate Grande.
 
Ante tales hechos de brutalidad recordamos a quienes ahora se responsabilizan del control de las instituciones del Estado la importancia de la libertad de información, como un derecho fundamental que no admite dudas. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU señala que la libertad será privada de todo efecto útil si las personas no tienen acceso a la información y que el acceso a la información es básico para la vida democrática.
 
La información en poder de las autoridades públicas no se adquiere en beneficio de los funcionarios o los políticos, sino para el público en general. Todos deben poder acceder a ella. Más importante aún, la libertad de informar es un componente clave de un gobierno transparente y responsable. Ocupa un lugar clave para que los ciudadanos puedan ver lo que está pasando dentro del gobierno, y para denunciar la corrupción y mala administración.
 
Un gobierno abierto es también esencial si los votantes van a ser capaces de evaluar el desempeño de los funcionarios electos y los individuos puedan ejercer su democrático derecho de manera efectiva, por ejemplo a través de protestas.
 
La Plataforma de Derechos Humanos condena y denuncia los atropellos que se cometen contra los medios de comunicación que informan sin subordinación a los dictados de quienes ostentan el poder económico y político y en consecuencia de casi todo el aparato ideológico que ahora empaña más que nunca empaña la versión y análisis objetivos de la realidad nacional e internacional, así como contra la violación del respeto a la integridad física de quienes trabajan en ellos.
 
Condenamos, además, la persecución ejecutada por militares y policías contra los pobladores de Zacate Grande desde hace varios años en respuesta a su justo reclamo de vivir en las tierras de sus ancestros y el derecho que les asiste de beneficiarse como todo hondureño del usufructo del mar.
 
Tegucigalpa MDC 5 de junio de 2010
 
Plataforma de Derechos Humanos de Honduras